Nos asiste certeza que reflexionar sobre el tema del aborto es un asunto difícil, pero prioritario, más aún cuando vivimos en sociedades y estados profundamente moralistas frente a un asunto que como éste, implica miradas integrales, contextuales, éticas y sobretodo, fundadas en el humanismo.

En el mundo y en especial en América latina, se viene haciendo eco de la vigencia de regÍmenes políticos fundados en la democracia, tenemos constituciones donde se reconoce la existencia de estados sociales y democráticos de derecho, ha renacido la esperanza de acabar con las dictaduras, de construir sociedades incluyentes y participativas, más aún, hay conciencia en los ciudadanos de que existen derechos.

Independientemente de la distancia entre el discurso formal y la praxis histórica de nuestros pueblos, es un hecho que la realidad económica, política y social que soporta América Latina y en general los países pobres en el mundo, está basada en la agudización de la injusticia, la discriminación, las violencias y sobretodo, se sustenta en relaciones de poder que excluyen, fragmentan y eliminan desde diversas formas a una enorme parte de la sociedad.

Este panorama y las diferentes coyunturas que constituyen la cotidianidad en nuestros países, nos tiene que llevar a ser concientes que el tema de los derechos humanos y en especial los de las mujeres, están inmersos en todos y cada uno de los conflictos que viven nuestras sociedades, por lo tanto, hay que colocar este tema en la agenda pública y política, en un nivel importante de discusión y decisiones que visibilicen problemáticas, que como la del aborto inseguro e ilegal viene causando miles y millones de muertes y enfermedades a nuestras mujeres.

Es el momento de entender que el fundamento de la construcción de un Estado Social y Democrático de Derecho, es el de garantizar a toda la ciudadanía condiciones de vida digna, independientemente de creencias religiosas y morales particulares o visiones políticas, de hacer realidad un proyecto de Estado Laico, tolerante e incluyente de las diferencias, un Estado que gobierne para un país, una nación, una comunidad política, no para un grupo particular, ni para una moral parcial; por el contrario, que genere las condiciones para que todas las morales puedan convivir.

La médula del Estado Laico es una ética pública, que tolere la diversidad religiosa, sexual, política, étnica, generacional, etc.; ya que el papel del Estado y de los gobernantes que lo representan, es el de someterse a las normas de derecho, no a las normas divinas, ni a complacencias afectivas o emocionales, o a valoraciones morales parciales.

Es importante aclarar cual es el carácter del Estado, con énfasis en el Estado laico, para asumir responsablemente y desde una ética pública la problemática del aborto, pues este tema es materia de reflexión de la órbita política, el cual resiste análisis de tipo ético, desde posiciones morales parciales, de ahí que no existan consensos, ni acuerdos y mucho menos visiones absolutas, por lo tanto como Católica por el Derecho a Decidir, quiero poner este asunto en el ámbito de lo político, desde una perspectiva de la salud pública, los derechos humanos fundamentales (Vida, salud, libertad, autonomía y dignidad) y la justicia social.

Es inconcebible seguir mirando el tema de la despenalización del aborto desde visiones medievales y desde argumentos de fe, que lo único que hacen es mantener relaciones injustas y vulnerar la dignidad de las mujeres que por múltiples razones se ven enfrentadas a un embarazo no deseado; lo cual en muchos de los casos, lastimosamente desemboca en la muerte de millones de mujeres que como último recurso recurren a abortos en condiciones inseguras.

Es imprescindible que los derechos, en especial los reproductivos, sean asumidos desde la laicidad del Estado, que se despenalice el aborto respondiendo a la realidad que viven las mujeres, especialmente las más pobres; es necesario que la sociedad se sensibilice frente a una problemática que demanda soluciones humanistas, ya que se ha demostrado que con la penalización y criminalización del aborto, no se resuelve el problema; en cambio con la despenalización y legalización, acompañada de procesos de educación en salud sexual y reproductiva, con amplios niveles de información y difusión sobre planificación familiar, en condiciones dignas y de calidad en la atención y acceso a los servicios de salud, es posible evitar que tantas mujeres estén muriendo en el mundo a causa de abortos inseguros.

Defender la salud y la vida de las mujeres, es una opción humana, ética y moral, es un compromiso como católicas, pues la maternidad es un acto fundamentalmente amoroso, por ello, nuestra apuesta es que los hijos e hijas que traigamos al mundo sean producto del deseo, del amor, del cariño que merecen todos los seres humanos que habitamos la faz de la tierra; porque soñar y construir sociedades justas, incluyentes y democráticas tiene que pasar por otorgarle un lugar y unas condiciones dignas a los seres que la habitamos.

Esta postura que hoy les comparto desde una moral parcial, porque soy Católica, diverge de muchos de los planteamientos que orienta la jerarquía de la iglesia católica con respecto a los derechos sexuales y reproductivos, especialmente de las mujeres, porque no aceptamos, ni comprendemos, y mucho menos legitimamos que por razones religiosas o morales, bajo el argumento del pecado y de la culpa se siga condenando a millones de mujeres a morir o a sacrificar su propia vida; no compartimos, ni aceptamos las imposiciones de una jerarquía eclesial que pretende intervenir en las decisiones del Estado desde dogmas de fe, más aún en sociedades compuestas por diversas creencias religiosas, no puede primar una visión particular; no compartimos, ni aceptamos que la jerarquía de la Iglesia católica, siga decidiendo sobre nuestros cuerpos, nuestras libertades y nuestras vidas.

Desde esta postura como mujeres católicas, valoramos y defendemos profundamente nuestra opción ética, moral y política, buscamos que se establezca un “pacto laico”, donde se determinen unas reglas de tolerancia de las diferentes opciones religiosas y donde el Estado garantice los derechos de una comunidad política general, libre de intereses particulares que se pretenden como generales, un Estado laico que respete y garantice la ejecución de políticas públicas en pro de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, donde se comprenda que la salud y la vida de éstas son cuestiones de democracia, ligadas íntimamente a la libertad, la autonomía, la dignidad y al derecho que tenemos a decidir sobre nuestro cuerpo. Estos derechos deben ser garantizados por el Estado, estas decisiones deben ser respetadas por la sociedad y nuevamente un motivo para celebrar la vida, la democracia y la libertad.

Por supuesto, no defiendo el aborto como un derecho, menos como un método de planificación. Lo deseable es que no haya abortos, que ninguna mujer tenga que pasar por esta situación, y para ello hay que prevenir, pero mientras exista una realidad injusta, excluyente y provocadora del aborto, éste no puede ser una ofensa más para las mujeres; por ello, hay que despenalizarlo y presentarlo como lo que es, un asunto de salud pública que requiere el diseño de políticas públicas para su atención.

No somos ni siquiera un proyecto de tentativa contra la vida, por el contrario, la defendemos y la damos a cuerpo lleno, con ternura, pasión y deseo desbordado.

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