Las mujeres emigrantes indocumentadas, o las que no tienen los papeles en regla, no tienen derecho a nada. La mayoría de ellas no hacen denuncias por miedo a ser expulsadas o a que empeore su situación administrativa. Por esa misma razón, no se atreven a acceder a los servicios públicos destinados a las mujeres que sufren maltrato. Es una carrera de obstáculos que no tiene fin la que padecen estas mujeres y dependerá de las personas que encuentren en cada administración o servicio público al que recurran, que sus problemas se resuelvan o se les suministren los recursos necesarios para hacer posible su integración.7


CASOS

El dramático caso de la rusa Irina P., asesinada por su pareja junto a su criatura de 8 meses, el 28 de abril, en Málaga (España), da testimonio de esta evidencia. Había mantenido 13 contactos con los servicios municipales de la capital, pero se negaba a denunciar para no perjudicar su situación administrativa, ya que no tenía regularizada la residencia (El País, 5 de mayo de 2004).

Al menos 20 de cada 100 mujeres indocumentadas, que provienen de Centroamérica, caen en redes de explotación sexual y tráfico de personas; las autoridades migratorias en la frontera sur de México “maltratan y acosan sexualmente” a las inmigrantes centroamericanas.8

El Derecho a la Identidad le es negado anualmente a no menos de 40 millones de niños –algo así como la tercera parte de todos los nacimientos en el mundo-. Si a nivel mundial esto representa cerca de la tercera parte de todos los nacimientos, debe anotarse que, solo en la región de América Latina y el Caribe, tal situación afecta directamente a más de un millón de niños/as (UNICEF).

Existe consenso respecto a que los 18 años sea la edad mínima para el reclutamiento forzoso en el servicio militar, pero no para el reclutamiento de voluntarios o la participación en hostilidades. Esto es particularmente importante en países pobres, donde no existen partidas de nacimiento, por lo que resulta difícil acreditar la edad de un niño. Los/las niños/as soldados suelen ser sometidos/as a torturas, violaciones, obligación de presenciar o cometer atrocidades, como ejecuciones (incluyendo, a veces, las de sus propios padres), amputaciones o prácticas de canibalismo.9