Una de las tareas a las que se ha dedicado el movimiento feminista en América Latina durante los últimos diez años ha sido en incidir en las políticas estatales para reivindicar los derechos de las mujeres en temas como salud sexual y reproductiva, así como en evitar la violencia hacia la mujer.

Se trata sin duda de un trabajo de las expertas en lobbies de distinta índole o incluso a través de ingerencias directas en las propuestas legislativas. Por cierto, se trata de un esfuerzo desplegado en casi todos los países y que ha permeado en muchos casos las políticas públicas, siempre monitoreadas por los diferentes organismos internacionales o fuentes de financiamiento. Un trabajo difícil, a veces descomunal, pero asimismo, un trabajo que obliga a las feministas a centrar sus objetivos en cambios legislativos, en modelos de atención desde los diferentes espacios estatales o en cambios de políticas institucionales que a veces se quedan en letra muerta.

Los cambios en las políticas de los Estados no necesariamente calan en las formaciones sociales imaginarias. Los cambios de políticas públicas pueden ser beneficiosos para las mujeres y sus reivindicaciones básicas pero en la mayoría de los casos estos cambios no son acompañados por otros que son imprescindibles para la práctica de la igualdad: los cambios en los patrones culturales, en las formas de entender la vida de las mujeres, en las imágenes de las mujeres y sus competencias y posibilidades.