Tener una discusión informada sobre la despenalización del aborto es difícil en un país como el Perú, en el que todo intento se simplifica a estar o no de acuerdo con esta conducta. Para un diálogo fructífero debemos deslindar terrenos: cuando hablamos de despenalizar el aborto no preguntamos si es correcto o no que una mujer decida hacerlo; la pregunta es si estamos de acuerdo con que el Estado la trate como delincuente y la sancione penalmente. Podemos contestar de manera distinta a cada pregunta.
La Iglesia católica y el sector que la respalda, pregona la penalización del aborto basándose en la protección del derecho a la vida del concebido. Esta posición es respetable, como cualquier otra, sin embargo, no es infalible y menos constituye “la verdad”; por el contrario, tiende a ocultar todas las aristas de este fenómeno.

En primer lugar, olvida señalar que penalizar el aborto tiene graves consecuencias en la vida y la salud de las mujeres: según la Organización Mundial de la Salud una de cada ocho muertes maternas en el mundo se debe a complicaciones de abortos inseguros, en el Perú se calcula que esa cifra sube a 1 de cada 3 aproximadamente. Estos hechos se dan en un contexto de graves problemas de salud pública y justicia social, pues las mujeres con dinero se practican abortos en buenas condiciones, mientras que las demás – la mayoría – engrosan las cifras de mortalidad y morbilidad materna, ya que suelen someterse a procedimientos peligrosos, se ponen en manos de personas no capacitadas o se manipulan internamente para provocarse una hemorragia; las pobres y las del mundo rural son las más expuestas a esta situación. Así, la mentada defensa de la vida de la iglesia y de los grupos conservadores en realidad avala la muerte.

En segundo lugar esta posición omite señalar que la penalización del aborto es el único caso en que un Estado, autodenominado democrático, obliga a una persona, en contra de su voluntad, a proveer su cuerpo para el sustento de otro. En nuestro país no se obliga a nadie a donar un riñón, su sangre o el hígado para salvar la vida de otro, así sea la única persona que pueda proporcionárselo, ¿por qué en este caso las mujeres embarazadas tienen un trato diferente?.

En tercer lugar, esta posición no dice que en el año 2000 el Comité de Derechos Humanos de la ONU estableció que la legislación peruana que penaliza el aborto, contradice el derecho a la igualdad de hombres y mujeres, el derecho a la vida y el derecho a no ser sometidas a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ello muestra que la despenalización del aborto no es una propuesta aislada de las feministas, sino que es una propuesta desde los derechos humanos.

Finalmente, esta posición confunde a la gente al señalar que el concebido es persona y que por lo tanto el aborto es un homicidio. Ello es incorrecto, pues si bien nuestro ordenamiento jurídico protege al concebido, no le da tal categoría. Hay sectores a los que les cuesta entender que nuestro Estado es laico y por lo tanto no tiene ninguna obligación de adecuar su legislación a lo dispuesto por una iglesia.

Para una discusión adecuada sobre la despenalización del aborto, debemos tomar en cuenta todos estos elementos, y que el Estado tiene varios compromisos con todos los seres humanos, incluyendo a las 352,000 mujeres que abortan.