Rosa Dominga Trapasso

Siempre que he hablado sobre los derechos reproductivos, la salud reproductiva y los derechos sexuales me ha parecido importante ubicarnos históricamente dentro de esta dramática revolución de nuevos conocimientos sobre la reproducción humana que ha permitido a la mujer controlar su fertilidad. Estamos hablando de un periodo de tiempo que cubre menos de 50 años y que ha introducido la posibilidad de que la mujer pueda decidir sobre la procreación, si quiere o no tener hijos y cuándo y cuántos hijos desea tener. Estas decisiones son tan vitales, tan fundamentales a nuestro concepto de autonomía y dignidad personal que tendemos a olvidar que somos la primera o segunda generación de personas tan favorecidas y que nuestras madres, abuelas y tías no gozaban de estas posibilidades.

Debemos tomar conciencia también que es durante el curso de los últimos 15 o 20 años, que esta posibilidad de decidir sobre su fertilidad y controlar su cuerpo ha sido reconocida no solamente como una expresión de la autonomía personal de la mujer, sino como un derecho humano, intrínsecamente vinculado con los derechos sociales y políticos de mujeres y hombres. Me refiero específicamente al concepto de los Derechos Reproductivos, introducido alrededor del año 1980 para combatir las políticas demográficas coercitivas de países imperialistas, y luego aceptado universalmente en la Conferencia sobre Población en el Cairo en 1994.

Pero hablar de nuestros derechos reproductivos es hablar también de las condiciones sociales que permiten a la mujer ejercer estos derechos. La discriminación basada en género, la pobreza y el sexismo, los credos y dogmas patriarcales, y la marginación laboral y educativa de la mujer, invalidan las posibilidades de optar libremente y de tener control sobre su vida y su cuerpo. Luchar en favor de la integridad corporal de la mujer y su autonomía significa denunciar las condiciones sociales, culturales y económicas que obstaculizan el ejercicio de su sexualidad, de una maternidad libre y de su desarrollo pleno.

Es una falacia hablar de los derechos reproductivos, sociales, económicos y políticos de las mujeres de los sectores populares y del campo si no existen condiciones de vida adecuadas para su desarrollo humano. Por estas mismas razones tenemos que decir que es una falacia hablar del aborto fuera del contexto social, económico y cultural de miles de mujeres y adolescentes en nuestro país.

El Perú es uno de los países de la región con mayor número de abortos provocados, ocupa el segundo lugar entre los países de América del Sur con el más alto índice de mortalidad materna y 60% de todos los embarazos de mujeres peruanas son indeseados y terminan en un nacimiento no deseado o en un aborto inducido. Ninguna discusión o polémica sobre el aborto es válida si no está ubicada dentro de esta dramática realidad de millones de mujeres peruanas y la precariedad de la vigencia de todos sus derechos y especialmente los derechos reproductivos.

Ivone Gebara, teóloga brasileña, afirma que no es cuestión de condenar al aborto o condenar a la mujer que recurre al aborto: más bien debemos condenar a la sociedad que no provee las condiciones humanas de vida para mujeres y adolescentes. Ivone Gebara califica a toda sociedad que no ofrece condiciones de vida adecuadas como una sociedad abortiva

"Una sociedad que no tiene condiciones objetivas para dar empleo, salud, vivienda y escuelas, es una sociedad abortiva. Una sociedad que silencia la responsabilidad de los varones y sólo culpabiliza a las mujeres, que no respeta sus cuerpos y su historia, es una sociedad excluyente, sexista y abortiva"

Negar a la mujer las condiciones que la permitan ejercer sus derechos reproductivos es reforzar el sistema de violencia e injusticia que ha marcado nuestras vidas y nuestra historia como nación.