Jesús Bendezú
Médico, Director de Servicios de Salud de INPPARES. c oordinador del Proyecto de Atención Post Aborto de la IPPF.
Docente del Diplomado en Sexualidad Humana INPPARES/UNFV

Según el Ministerio de salud, las mujeres tienen derecho a una maternidad saludable y segura. El Estado peruano firmó un pacto para una maternidad saludable y segura en el Cairo el año 1994, reafirmando su compromiso luego en Beijing 95. Sin embargo, por muchas circunstancias estas mujeres se enfrentan a embarazos no deseados. La planificación familiar es un derecho enmarcado en los derechos sexuales y reproductivos. Ser mujer en este país, en Latinoamérica, es un riesgo. Ser pobre es un riesgo y si se es pobre y joven, el riesgo es mucho mayor aún. En nuestro país, no hay educación sexual dirigida a jóvenes. No se están promoviendo servicios diferenciados para jóvenes ni tenemos servicios en la gama de anticonceptivos. Tampoco estamos promoviendo la anticoncepción de emergencia, que podía ser un punto de prevención para las personas activas sexualmente. El aborto es la segunda causa materna, pero seguimos todavía en la creencia de que la anticoncepción de emergencia es abortiva. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud dice que se debería dar información y proveer servicios a las mujeres como un medio de prevención de embarazos no planeados. Si el profesional de la salud no conoce los derechos y si no empoderamos a las mujeres y a las jóvenes, los abortos continuarán. Además, en países donde se han permitido los abortos, de cada 100 000 abortos, menos de una mujer se muere. En los países, como nosotros, de cada 100 000 abortos, 1000 mujeres se mueren. Si el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación no están haciendo lo que deberían hacer de acuerdo a su compromiso y las personas desconocen sus propios derechos sexuales y reproductivos, seguiremos con las violaciones, seguiremos con los embarazos no deseados, con la violencia doméstica y habrá más embarazos no deseados. 

Susana Chávez
Obstetriz feminista, maestra en Salud pública, docente universitaria y Directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, PROMSEX.

Lo usual frente al tema de aborto, es justamente, que la misma palabra está estigmatizada y no podemos referirnos a este tema sin sentir que algo nos molesta, e inmediatamente empezamos a polarizar: quienes están a favor y quiénes están en contra. ¿Por qué el tema del aborto se constituye un hecho tan controversial, tan polarizante, tan difícil si tomamos en cuenta las cifras que nos planteaba Raúl, y nos damos cuenta de que esta es una experiencia al parecer muy cotidiana a las mujeres. La experiencia en la vida de las mujeres -y de los hombres también- está llena de estas vicisitudes. Por qué algo tan cotidiano se convierte en palabra prohibida. Al margen de la situación económica y de nuestro grado de escolaridad es un problema que enfrentamos día a día.¿Por qué habiendo tecnología, habiendo métodos anticonceptivos, inclusive personas informadas, las mujeres se ven enfrentadas a esta situación? El aborto no es el producto de la ignorancia aunque la falta de información contribuye y nos pone en alto riesgo. Veamos cuáles son las razones. No hay una sola razón por la cual una mujer enfrenta un embarazo no deseado, tampoco se puede decir que las mujeres que abortan son de determinadas características: jóvenes o adultas. Además, no son las mujeres las únicas que pasan por esta experiencia, también le sucede a los hombres, probablemente desde una perspectiva distinta.

Hay que reconocer que las relaciones sexuales tienen que ver con la reproducción, con la idea que tenemos de esta dimensión personal y afectiva.

María Ysabel Cedano
Abogada, Directora de Demus.

Los sectores conservadores vinculados a la Iglesia católica vienen afectando los derechos humanos de las mujeres, en aspectos vinculados a los derechos sexuales y derechos reproductivos, especialmente en el Congreso de la república. “Cada año, 210 millones de mujeres se embarazan, 80 millones de estos embarazos no son deseados o planificados y 52 millones de estos terminan en abortos. De estos casos, casi 20 millones están hechos en condiciones de precariedad, ilegalidad, de inseguridad y de insalubridad. Y realmente cuenta la vida de alrededor de 80,000 mujeres y jóvenes cada año ”. En el Perú, como ya se mencionó, el aborto inseguro es una causa de mortalidad materna. Oficialmente se dice que es la cuarta causa de mortalidad materna aunque que según las estadísticas oficiales, la segunda causa de mortalidad vienen a ser las hemorragias -que terminan de alguna manera también en aborto- como una causa de mortalidad materna. Lo cierto es que en el Perú mueren 1800 mujeres cada año por problemas relacionados con el embarazo y el parto. En materia de derechos humanos, basta con que una persona sea vulnerada de sus derechos para que estemos frente a un caso de violación de derechos humanos. ¿Qué hacer frente a esta realidad? Nosotras creemos que una democracia debe estar basada en el respeto a la pluralidad de creencias. Ninguna organización religiosa debería tener injerencia en las políticas públicas para imponernos a los ciudadanos de este país sus creencias particulares. Además, nuestro Estado es un Estado democrático no confesional. A diferencia de otros Estados, nosotras y nosotros no basamos nuestra fe en documentos religiosos. Sin embargo, hemos observado cómo el Estado, el ejecutivo y el gobierno particular de Alejandro Toledo no han hecho cumplir este principio de la identidad del Estado no confesional, habiendo sido cómplice de la injerencia de estos grupos conservadores con consecuencias concretas en la vida de las personas y, en particular, de las mujeres. La gestión del ministro Luis Solari y del ministro Fernando Carbone durante el gobierno de Toledo hizo que se redujera, prácticamente se paralizara, la distribución de métodos anticonceptivos y, obviamente, la cifras de abortos en el Perú aumentaron. Hablamos de 410 mil abortos por año. Hay que recordar que antes del período Carbone eran menos los abortos. Hay una contradicción en quienes dicen estar en contra del aborto o por la defensa de la vida pero no tienen ninguna sensibilidad para con la vida de las mujeres que mueren a causa de abortos inseguros, insalubres, que además no tienen la facilidad de la atención en los establecimientos de salud, ya sea para los métodos anticonceptivos o para la distribución de la píldora de emergencia, en el caso de abuso sexual, por ejemplo. Hace dos años, el congresista Velarde del APRA, presentó un proyecto de ley de salud sexual y salud reproductiva que recogía los compromisos éticos-políticos asumidos por el Estado peruano en la conferencia del Cairo entre otras recomendaciones y observaciones de diversos comités de tratados de derechos humanos y Naciones Unidas ante el Estado peruano para que, efectivamente, las mujeres no mueran o aborten. Voy a dar un ejemplo. La observación final del Comité para Eliminar toda Discriminación contra la Mujer , el 31 de mayo del 95, ya dice que un motivo de preocupación de este Comité es que el Estado se encargue de las mujeres y los niños en el Perú, en particular, en lo concerniente a estas causas de mortalidad materna provocadas por abortos clandestinos, y exhortaba al gobierno a examinar las causas de mortalidad materna provocadas por los abortos clandestinos y revisar la ley sobre el aborto, teniendo en cuenta las necesidades y edades de las mujeres; la posibilidad de suspender la pena de prisión contra las mujeres que se hayan sometido a abortos, entre otras recomendaciones. Sin embargo, cuando se discute este proyecto y se dictamina en la comisión del Perú, el proyecto deja de ser un proyecto de ley de salud sexual y reproductiva para convertirse sólo en un proyecto de salud reproductiva, y uno podría decir que es una ventaja que ya se vaya reconociendo a la salud reproductiva. La comisión de salud le pidió opinión técnica sobre este proyecto de ley al Ministerio de salud, al Ministerio de la Mujer y Desarrollo social y a la Conferencia Episcopal Peruana. Querían que la ley llegara a la Comisión Episcopal para la opinión del caso en materia legislativa sobre salud reproductiva. No importó que la Ley General de Salud, artículo 12, del libro preliminar describiera que no se puede agregar a razones de consenso, creencias frente a las autoridades de salud.

No sólo se han afectado temas en materias de acceso al aborto legal, de salud sexual y salud reproductiva. Se han afectado temas como la posibilidad de tener una política de igualdad de oportunidades, con equidad de género, amparadas en una ley porque, simplemente, para unos congresistas, el enfoque de género -que la Conferencia Mundial de la Mujer consagra como el enfoque más adecuado para enfrentar la discriminación y la violencia contra las mujeres- no debe ser usado. El presidente Alejandro Toledo observó la Ley de Igualdad y Oportunidades -finalmente el proyecto de ley ha sido aprobado por el Congreso el día 12 de abril.

El término salud reproductiva que en el año 94 fue un término que se introdujo con una serie de instrumentos, en el año 2004, diez años después, ex profeso, en la evaluación del Cairo, se ha sustituido por el de seguro integral. ¿Por qué razón? Porque la debilidad de la democracia de los llamados países del tercer mundo es la protección de los derechos sociales: educación, trabajo, salud.

Lo que nosotras propugnamos cuando hablamos de la defensa del Estado laico en un Estado democrático, es que no esté basado en la moral particular de un determinado grupo sino que podamos ponernos de acuerdo en las diversas miradas que existen. Desde 1924 el aborto está legalizado. En el parlamento de esa época se opusieron a que las mujeres tuvieran que seguir con un embarazo a costa de su propia vida y a costa de su propia salud. Y se preguntaron por la mujer, ¿es posible exigirle a una persona que se sacrifique por otra? No es posible exigir este tipo sacrificios en materia de derechos humanos. Éticamente es todo un debate. Desde 1924, los legisladores, hombres, dijeron que no: cuando la vida está en juego, está en juego la salud, no vamos a penalizar. Lo curioso es que, en la encuesta nacional sobre discriminación y exclusión que hizo DEMUS en agosto de 2004, mucha gente desconoce que existe el aborto terapéutico como un aborto legal y que es un derecho de las mujeres, que si nuestra vida, nuestra salud están en juego podemos tomar la decisión de continuar o no continuar, de acuerdo, efectivamente, a nuestras creencias, a nuestro moral particular. El Estado debe garantizar esta opción. El Estado laico, el Estado no confesional, el Estado democrático es el que garantiza que no sólo que las mayorías tengan derechos sino también las minorías. Además, en los derechos humanos, la democracia debe tener un estándar. Mucha gente (en las encuestas) está de acuerdo con el aborto para salvar la vida o salud de las mujeres, la mitad está de acuerdo con este tipo de aborto y la mitad no, desconociendo que hay un aborto legal. Cuando se le pregunta por el aborto en caso de violación sexual, también se nota en las encuestas que hay una tendencia: poco a poco, más de un tercio de la población, casi el 40 %. está de acuerdo, en estas circunstancias, que se dé la opción de decidir a las mujeres. La propia iglesia debería democratizarse y escuchar a todos…Quiero rescatar el trabajo que está empezando INPPARES sobre el derecho a la educación sexual integral. La posibilidad de que los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes hagan ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos es todo un debate: hasta qué punto los padres pueden estar por encima de los derechos de sus hijos.

The Decency Gap. 2006.