Nuestro país se encuentra en medio de serios conflictos sociales, producto de las diversas situaciones de desigualdad, discriminación y violación de los derechos humanos. El 87% de los conflictos ha ocurrido en lugares donde la mayoría de la población vive bajo la línea de la pobreza(2). Así mismo el 47% del total de conflictos registrados en enero de 2009 son socioambientales(3), marcando el enfrentamiento entre las comunidades afectadas y empresas mineras con poder económico.

El caso Majaz

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos presentó fotografías de las torturas contra las y los comuneros de Huancabamba y Ayabaca en la marcha realizada entre el 28 de julio y 1 de agosto de 2005, cuando eran retenidos en las instalaciones del campamento minero por miembros de la Policía. La denuncia por dichas torturas es investigada en la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Piura.

Estas torturas se realizaron en el contexto del conflicto socio-ambiental generado por la Minera Majaz (actualmente Río Blanco Cooper), este es un tipo de conflicto socio ambiental, en el que existe el rechazo de la población a la actividad minera por presencia ilegal de la empresa minera, lo que ha sido corroborado por la Defensoria del Pueblo(4) y ante posible contaminación ambiental de sus tierras(5).

La violencia sexual en los conflictos sociales: una historia que se repite

La violencia sexual aparece como parte del accionar militar y policial para reprimir, humillar y controlar a las mujeres que participan en las protestas. Entre las detenidas agredidas sexualmente se encontraban C.N. (Huancabamba) y E.C. (Ayabaca).

Este tipo de violencia se constituye en una de las expresiones de la criminalización de la protesta desde el Estado, que busca amedrentar y hostilizar a las personas que levantan sus voces en defensa de sus derechos y comunidades.

Estos hechos serían una muestra de lo que ocurre en nuestro país, por ello es indispensable que los movimientos sociales, las organizaciones de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo, documentemos estos casos, para buscar justicia y reparación, así como prevenir, la comisión de crímenes de lesa humanidad

Debemos recordar que la CVR señaló que el proceso de violencia puso de manifiesto tanto las brechas socioeconómicas como la gravedad de las desigualdades de índole étnico-cultural, que aún prevalecen en el país(6). En general, el tratamiento de los conflictos sociales por parte del Estado y la sociedad revelan la indiferencia, el olvido y la discriminación de las poblaciones afectadas.

La respuesta desde el Estado frente a estos hechos ha sido calificar a las víctimas como “terroristas”. La titular de la defensoría del Pueblo, se refirió a la situación que viven autoridades y ronderos de Ayabaca y de Huancabamba, quienes junto con algunos activistas de ONG, fueron denunciados en marzo de 2008 por el delito de terrorismo, por oponerse al proyecto minero de Majaz. Al respecto, consideró que esta denuncia no tiene sustento legal(7).

Los asesinatos, las torturas y la violencia sexual ejercida desde agentes del Estado en contextos de conflictos sociales, son graves violaciones de derechos humanos que dada sus características, podrían incluso configurar delitos de lesa humanidad.

Por todo ello, la sociedad peruana y en particular la sociedad limeña, no puede permanecer indiferente y pasiva frente a estos hechos. Debemos exigir que se garanticen los derechos humanos. El Caso Majaz y el Caso de Milagros Patiño, asesinada y violentada sexualmente, no son hechos aislados, más bien son patrones de violencia que se repiten.

La discriminación y la impunidad sólo alimentan la violencia que denigra y enferma a todas y todos.

Lima, 2 de marzo de 2009.