Esta audiencia fue presentada el pasado 1ro de marzo por la Articulación Regional Feminista por los Derechos Humanos y la Justicia de Género[1], de la que es parte DEMUS.

La audiencia tuvo como objetivo presentar la situación actual del acceso de las mujeres a espacios de poder público nacional e internacional, así como solicitar la actuación de la CIDH en este tema. Se analizaron los casos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, así como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En ella se evidenció que pese a que las mujeres constituyen más del 50% del electorado en los países del continente y que el principio de igualdad y no discriminación por sexo es un elemento sustancial de la mayoría de las cartas políticas de la región, las mujeres están lejos de haber alcanzado un equilibrio con respecto a los hombres en los diferentes niveles de representación y designación en el ámbito de la participación política.

El Perú no es la excepción, y aunque la promulgación de la ley de cuotas ha significado un aumento de la representación femenina en algunos espacios como el Congreso (29.2%), no se puede invisibilizar que en aquellos donde esta medida no se impone hay un serio retroceso. En términos numéricos las elecciones del año pasado determinaron que las alcaldesas provinciales mujeres pasaran de representar el 4.1% al 1.5%, las alcaldesas distritales del 3.9% a 3.6% y las presidentas regionales del 16% al 0%.

En la audiencia también se constataron problemas comunes íntimamente vinculados a la diversidad de las mujeres y a su situación de exclusión. Así, la falta de acceso a los documentos de identidad (en el Perú son 300,000 las mujeres indocumentadas); la discriminación (las afrodescendientes e indígenas, las más jóvenes y las no heterosexuales tienen mayor dificultad para ser elegidas) o la ausencia de medidas que democraticen el ámbito privado y que permita a las mujeres tener tiempo para disponerlo en la política (ellas continúan solas a cargo de la reproducción y el cuidado de los hijos/as y del trabajo doméstico), son solo algunos de los problemas mencionados.

En materia de ley de cuotas, se identificó que en los países estudiados, con excepción de Chile que no cuenta con esta norma, existen problemas en su aplicación. Se denunció la ausencia de sanciones para el incumplimiento de las leyes, las interpretaciones que ven las cuotas como un máximo convirtiéndolas en un techo de cristal para las mujeres, así como la ausencia y resistencia de las agrupaciones políticas a adoptar medidas que acompañen este tipo de legislación y que permitan promover liderazgos femeninos. En el caso peruano es alarmante la actuación del Jurado Nacional de Elecciones en los procesos electorales llevados a cabo en el año 2006, la que ha sido sostenidamente denunciada por el Movimiento Manuela Ramos[2].

Por otro lado, en la Audiencia también llamó la atención sobre lo que ocurre en la Organización de Estados Americanos. En ella se ha aprobado la Resolución 2096 (XXXV – 0/05) que insta al Secretario General de la OEA a desarrollar una política de recursos humanos que integre plenamente el principio de equidad e igualdad de género; y en ese sentido, se le pide redoblar los esfuerzos para lograr que las mujeres, incluyendo mujeres indígenas, ocupen el 50% de los puestos en cada grado en los órganos, organismos y entidades de la OEA, con estricta observancia de la representación geográfica equilibrada. Esta resolución no está siendo cumplida, tal es así que:

. La Secretaría General de la OEA, está compuesta por ocho personas, de las cuales una sola es mujer, la jefa de gabinete del secretario general adjunto

. El Consejo Permanente está integrado por 30 representantes de carácter permanente, de ellos sólo el 20% son mujeres

. El Consejo Permanente, cuenta con cinco comisiones permanentes de trabajo, cuatro de ellas están presididas por hombres y sólo una de ellas, la Comisión de Gestión de Cumbres Interamericanas y de Participación de la Sociedad Civil está presidida por una mujer.

. De los seis organismos especializados con que cuenta la OEA, cuatro son dirigidos por hombres; en cambio, sólo dos (que corresponden a la Organización Panamericana de la Salud y a la Comisión Interamericana de Mujeres) son dirigidos por mujeres.

. En el Comité Jurídico Interamericano, integrado por 11 personas, sólo hay dos mujeres (18%).

. La excepción la constituye actualmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues de sus siete jueces tres son mujeres, 42%.

. Por último, en esta Comisión, de sus siete integrantes, ninguna es mujer.

Por todo lo mencionado, en la Audiencia se sugirió a la CIDH emitir una Recomendación a los Estados miembros del sistema interamericano para adoptar medidas eficaces que garanticen la representación equilibrada de hombres y mujeres en los distintos niveles de representación y designación política, y a terminar con toda práctica que atente contra las medidas que se han adoptado en este campo en la última década; asimismo se le solicitó instar a la Asamblea General de la OEA para que haga efectiva la resolución 2096 (XXXV – 0/05).

La audiencia se da en un contexto interesante para el Perú, tanto a nivel nacional como internacional. Próximamente el Congreso de la República tendrá que elegir a nuevos integrantes del Tribunal Constitucional por lo que se les invoca a tomar una decisión no sólo considerando las mujeres postulantes en su calidad de tales, sino también evaluando su trayectoria como juristas y defensoras de los derechos humanos[3]; y por otro lado, en la Organización de Estados Americanos se elegirá a nuevos miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que se invoca a la cancillería peruana a apoyar la candidatura de una mujer con esas características[4].

Lima, 16 de marzo de 2007.

DEMUS, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer.

Jr. Caracas 2624 – Jesús María.

demus@demus.org.pe

(511)463-1236.

[1] La articulación está conformada por ELA – Argentina; Coordinadora de la Mujer – Bolivia; Demus - Perú y Corporación Humanas - Colombia, Chile y Ecuador.
[2] Cambió las normas de interpretación de las cuotas en pleno proceso electoral para beneficiar a la alianza Unidad Nacional (UN) en el Parlamento Andino y validó más de 90 listas que incumplían la Ley de Cuotas en las elecciones regionales y municipales.
[3] Al Tribunal Constitucional postulan: Elva Greta Minaya Calle, Zoila Marcela Montenegro Cannon, Teresa de Jesús Seijas Rengifo y María del Rocío Villanueva Flores.
[4] A la CIDH postula Julieta Montaño, quien ha sido presentada por el Gobierno boliviano.