Las muertes de Katherine Sihuas(1), Doris Pereda Farfan(2), María Isabel Guerrero Rojas(3), e Irma Garate(4) ocurridas en el mes de enero del año en curso, develan el incumplimiento por parte del Estado Peruano de sus obligaciones jurídicas y políticas para prevenir, investigar y sancionar la violencia hacia la mujer, principio de debida diligencia consagrado conforme en la Convención Belem do Pará(5) y en la Recomendación N° 19 de la Convención para eliminar toda forma de discriminación contra la mujer(6).

A pesar de la gravedad de la situación, mediante la adopción de medidas tales como el “Plan de Reforma de Programas Sociales(7) y la creación de la Dirección General de Protección Social del MIMDES(8), la PCM está transfiriendo los Centros de Emergencia Mujer, servicios de atención para las mujeres en casos de violencia familiar y sexual, a las Municipalidades provinciales, sin enfoque de derechos, género, ni garantías de sostenibilidad, calidad y cobertura; ha extinguido el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. Además, el gobierno no ha aprobado el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2008-2012.

El Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional también incumplen con el principio de debida diligencia cuando no otorgan medidas de protección y no sancionan a los criminales. En un estudio realizado por DEMUS(9), sobre procesos judiciales relacionados con el feminicidio; la cuarta parte de las mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas, denunció por violencia familiar ante la Policía Nacional del Perú, llegando en uno de los casos a solicitar garantías personales hasta en 4 oportunidades, sin obtener la protección requerida.

De otro lado, el Estado no cumple con la obligación de garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia para prevenir, sancionar y erradicar la misma, así como buscar y aplicar las fórmulas y cambios que sean necesarios.

El panorama se vuelve mas sombrío cuando comprobamos que ni el Ministerio Público, ni el Poder Judicial, cuentan con datos y estadísticas que den cuenta de la verdadera magnitud del feminicidio en el Perú(10), a pesar que el tema viene siendo abordado por diversas organizaciones de la sociedad civil desde hace mas de 7 años(11).

Por ello, las organizaciones de la sociedad civil para conocer la magnitud y gravedad de la violencia machista que mata, han tenido que recurrir a la investigación en algunos medios de comunicación escrita a nivel nacional. Así, de acuerdo a la última investigación sobre feminicidio realizada por CLADEM PERÚ(12), entre enero del 2004 y julio del 2007, 403 mujeres fueron asesinadas, victimas de la discriminación y la violencia basada en género. Cabe criticar que los medios de comunicación persistan en un tratamiento noticioso, que “romantiza” la violencia y donde los celos invisibilizan la verdadera causa de estos asesinatos, el deseo machista de controlar la sexualidad de las mujeres.

Nos parece importante abordar el problema desde una perspectiva de la salud mental y los celos como un problema psicológico y psiquiátrico, pero este abordaje no debe ser descontextualizado del problema de la violencia contra la mujer como un problema de desigualdad y discriminación producto del machismo existente, por lo que no sólo se necesita de tratamiento terapéutico para solucionarlo si no la voluntad política expresada en leyes, políticas y recursos eficaces para erradicar el origen político, social y cultural del problema.

Por todo ello, demandamos al Presidente de la República rinda cuentas sobre los asesinatos de las mujeres debido a la falta de políticas eficaces de prevención; al Presidente del Poder Judicial y a la Fiscal de la Nación rindan cuentas por la falta de protección de las mujeres y sanción de los criminales; y al Congreso de la República, que apruebe una Ley Marco contra la Violencia de Género a las Mujeres, fiscalice el cumplimiento del principio de debida diligencia tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial, y apruebe las partidas presupuestales proporcionales a la gravedad del problema que se debe erradicar.

Lima, 14 de febrero de 2008.

(1) Katherine Sihuas era una sub – oficial de la Policía, que fue asesinada por su esposo de dos balazos el último 3 de enero. Luego de asesinar a su esposa, el Teniente Jorge Flores Diaz se suicido con la misma arma.
(2) Doris Pereda Farfán fue asesinada por su pareja, Rodolfo Olazábal Vasquez, quien le asesto varias puñaladas el último 17 de enero. El asesino fue capturado en Arequipa, ciudad a la que huyo, cambiando su identidad.
(3) Maria Isabel Guerrero Rojas fue hallada muerta por estrangulamiento, en la habitación que compartía con su pareja en San Juan de Miraflores, el último 16 de enero.
(4) Irma Garrate era una trabajadora del hogar de 26 años, natural de Moyabamba, cuyo cadáver fue hallado el 29 de enero en un pozo de agua, con signos de haber sido violada y torturada. El presunto asesino fue capturado el último 04 de febrero. Aparentemente, este habría violado y asesinado a la joven luego de que lo sorprendiera robando en el domicilio donde esta laboraba.
(5) Art. 7 literal H, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belém do Pará” fue suscrita por el Estado Peruano el 7 de diciembre de 1995, y ratificada el 4 de febrero de 1996.
(6) Numeral 24 literal c de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer fue suscrita por el Estado Peruano el 23 de julio de 1981, y ratificada el 13 de septiembre de 1982.
(7) Aprobado mediante Decreto Supremo N° 029-2007-PCM.
(8) Aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2007-MIMDES
(9) DADOR, Jennie y RODRIGUEZ, Lupe. “Feminicidio en el Perú”. DEMUS. Septiembre del 2006.
(10) Durante el último trimestre del 2007, en virtud a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se solicitó a ambas instituciones información detallada sobre el número de procesos que involucraran hombres que había o venían siendo investigados o juzgados por haber asesinado a una mujer. Pese a lo detallado en la solicitud, la información proporcionada no realizó distinción alguna entre el sexo del agresor y de la victima, limitándose a informar sobre el número general
(11) En Noviembre del 2001, DEMUS publicó el primer fascículo que abordo el tema del feminicidio titulado “NI UNA MUERTE MÁS: ¿POR QUÉ MATAN LOS HOMBRES A LAS MUJERES? EL ACTO DE VIOLENCIA ES MUCHAS COSAS A LA VEZ...”, elaborado por Carmen Ollé
(12) CLADEM PERú. Informe Nacional sobre Feminicidio en el Perú. Diciembre 2007. Documento inédito.

DEMUS, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer Jr. Caracas 2624 – Jesús María. Teléfonos 463-1236, 463-8515. demus@demus.org.pe