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Cuando la participación de las mujeres no es tomada en cuenta…
también es violencia

Después de varios meses de espera, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) convocó el último 08 de abril, a algunas de las organizaciones de mujeres de Lima(1) para un taller de consulta y validación del Nuevo Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2008 – 2015.

Durante dicho taller, las organizaciones que hemos venido dando seguimiento a este proceso, solicitamos un balance que dé cuenta de la ejecución del Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2002-2007, información que debió ser utilizada como base para la elaboración del Plan en consulta. La respuesta que se nos dio, fue que dicho balance se daría a conocer recién el día 24 de abril junto con la presentación del Nuevo Plan.

También queremos llamar la atención sobre un proceso que no ha llevado a cabo consultas ciudadanas, que hubieran permitido recoger las voces de las mujeres organizadas que tienen que convivir diariamente con la violencia (física, psicológica, sexual, etc.) y que no desean ser solo beneficiarias de los planes, sino participar de la elaboración de los mismos para que sus intereses y necesidades sean visibilizados, considerados e incluidos.

De acuerdo a una encuesta realizada recientemente por DEMUS(2), el 69.4% de las organizaciones sociales de mujeres de Lima que respondieron a nuestra encuesta, NO conoce la elaboración del nuevo Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer 2008 – 2015, pero demandan ser incluidas en su elaboración, lo cual evidencia que la falta de interés no parte de las mismas, sino del Estado Peruano. Uno de los primeros puntos que las organizaciones de mujeres creen que se ha debido tomar en cuenta, es la mayor participación de las organizaciones sociales de base de mujeres (58.5%), seguido en segundo lugar por una mayor participación de la sociedad civil.

El 80.7% de las mujeres considera que el nuevo Plan debe enfrentar el problema de la violencia de parte de la pareja, más de la mitad consideran que también debe enfrentar los problemas de violencia sexual, violencia de parte de las y los hijos, la prostitución forzada, el aborto forzado y la esclavitud sexual, y más del tercio de las encuestadas consideran como problemas a enfrentar la esterilización forzada, el embarazo forzado y la violencia sexual durante el conflicto armado.

Asimismo, las mujeres piensan que las principales instituciones o sectores estatales que deberían ser convocadas para la elaboración del nuevo Plan Nacional son, en primer lugar, la Defensoría del Pueblo (66.2%), seguido por el Ministerio de Salud (59.9%), el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, cada uno con 58.9% respectivamente y el Ministerio de Educación con 52.7%.

Resulta preocupante que el 68.5% de las mujeres de Lima Metropolitana opine que el Estado Peruano no se preocupa por erradicar la violencia hacia la mujer en nuestro país ya que no considera el problema como algo prioritario. Por el contrario, las últimas acciones adoptadas por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social dan muestra de una actitud paternalista y clientelar del gobierno, donde los problemas se solucionan repartiendo una bolsa de víveres en los sectores socio económicos más bajos, como si la violencia que viven las mujeres de nuestro país se eliminara con leche, aceite y papapan.

La mayoría de las mujeres (el 68.5%), afirma que el MIMDES debe seguir como la institución responsable de los Centros de Emergencia Mujer (CEM), ello a pesar que en su opinión la atención que actualmente se viene brindando no es la ideal para el tratamiento de la violencia contra la mujer. No obstante, las mismas consideran que la responsabilidad sobre la provisión de este tipo de servicios radica principalmente en el gobierno central, ya que no todos los gobiernos regionales y locales cuentan con recursos adecuados para hacerse cargo de la problemática. Asimismo, la dispersión de la responsabilidad sobre los Centros de Emergencia Mujer, dejaría la suerte de los mismos a la voluntad política de cada una de las autoridades de los gobiernos regionales y locales.

De acuerdo a la Constitución Política del Peru(3), todas y todos tenemos derecho a participar en forma individual o asociada en la vida política de la Nación. Asimismo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belém do Pará”(4), establece en su artículo 4 inciso j, que todas las mujeres tienen derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos entre los cuales figura el derecho a tener igualdad en la participación en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. Mientras que la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la Mujer(5) (CEDAW) señala en su artículo 7 inciso b, que “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a (…) participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales”.

Todas estas normas se traducen en obligaciones que el Estado Peruano debe cumplir, y que sin embargo, está omitiendo. La falta de inclusión de las mujeres en la elaboración del Nuevo Plan contra la Violencia hacia la Mujer (2008 – 2015) no solo implica una invisibilización de las mismas por parte del Estado Peruano, sino que demuestra una vez más la falta de voluntad política de nuestros gobernantes en elaborar y desarrollar políticas adecuadas para el tratamiento de la violencia contra las mujeres.

Esta falta de interés asumida por el Estado Peruano hace imprescindible la visita de la Relatora Especial sobre la violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas, Yakin Ertürk; como de la Relatora de los Derechos de la Mujer de la Organización de Estados Americanos, Luz Patricia Mejía, para que se conozca la lucha de las mujeres peruanas por sus derechos humanos más allá de nuestras fronteras.


…Queremos consulta ciudadana, No validamos procesos hechos de espaldas a las ciudadanas de este país.

Lima, 16 de abril de 2008.


DEMUS, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer.
Jr. Caracas 2624 – Jesús Maria- Lima 1.
www.demus.org.pe. Correo electrónico: demus@demus.org.pe

___________________
(1) Para mayor exactitud, la convocatoria se realizó a las ONG´s, y a algunas de las representantes de las organizaciones de base que trabajan el tema de los derechos de las mujeres.
(2) Informe Encuesta de opinión y percepción de las mujeres lideresas de organizaciones sociales de base de Lima sobre el Plan Nacional Contra la Violencia hacia la Mujer 2002-2007 y 2008- 2015. Demus, abril 2008. 207 mujeres respondieron a la encuesta, dirigentes e integrantes de la Coordinadora Metropolitana del Vaso de Leche (49,3%), la FEMOCCPAAALC y la CONAMOVIDI (10,1% respectivamente). Asimismo, de las siguientes organizaciones de San Juan de Lurigancho: de la Central de Comedores (9,2%), de los Comités de Vaso de Leche de SJL (8,7%), de la Coordinadora Multisectorial de la Mujer, la Infancia y la Familia (8,2%). También se entrevistaron a integrantes de la CONAMUACAI (3,4%) y una integrante del Colectivo La Mestiza.
(3) Artículo 2 numeral 17 de la Constitución Política del Perú.
(4) La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belém do Pará” fue suscrita por el Estado Peruano el 7 de diciembre de 1995, y ratificada el 4 de febrero de 1996.
(5) La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer fue suscrita por el Estado Peruano el 23 de julio de 1981, y ratificada el 13 de septiembre de 1982.