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Violencia
que se repite:
Ella ha denunciado que el 15 de agosto el jefe de la compañía de comandos, capitán Javier Grande, ofreció una fiesta en el cuartel Hoyos Rubio del Rímac a un grupo de oficiales inspectores. Fue obligada a participar en esta reunión por el capitán Grande, al igual que Lucero Cerna, con el fin de que acompañaran a los agasajados. El mayor Gómez, le ofreció una bebida extraña, a la que se negó tomar; sin embargo, el capitán Grande le ordenó beber y así lo hizo. Así, fue obligada a ingerir varios vasos de licor hasta marearse, insistió para poder retirarse; un oficial ofreció su auto para llevarla y Gómez también subió al auto. Sadith señala que lo último que recuerda es que el mayor Gómez descendió del auto y le jaló el brazo, luego amanecieron desnudos en un hotel. Tras la presunta violación, Gómez le pidió disculpas y recogió su DNI del hotel. Este tipo de hechos no son nuevos, solo cambian los actores y el contexto. Durante el conflicto armado interno peruano ocurrieron muchos hechos de violencia sexual perpetrados contra las mujeres; de los casos registrados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, alrededor del 83% de los actos de violación sexual son imputables al Estado (mayoritariamente miembros del Ejercito, la Marina de Guerra y las Fuerzas Policiales) y aproximadamente el 11% corresponden a grupos subversivos. La violencia contra las mujeres durante los conflictos armados solo recrudecen los patrones históricos de violencia, tanto estructural, social y de género, así como de discriminación. Es por ello que DEMUS, frente a la violencia contra la mujer, recrudecida en algunos contextos, pero permanente en el tiempo, apuesta por visibilizar la violencia sexual antes, durante y después del conflicto. En ese contexto, es lamentable que no solo se repitan las historias de violaciones sexuales por parte de los militares; sino también el abuso de poder, la intimidación y los prejuicios de género. Ayer domingo, esta noticia ha estado en todos los programas televisivos y el tratamiento ha sido diverso pero igualmente discriminatorio; desde poner en duda el testimonio de la víctima, hasta escuchar al agresor señalar enfáticamente que “averigüen su pasado en Huancayo, ella quería ir a una discoteca a buscar a alguien”, entre otras insinuaciones sobre su pasado sexual y su conducta. Resulta increíble y contradictorio con el avance de los derechos humanos de las mujeres, que todavía existan voces que busquen legitimar una violación con argumentos jurídicos irrelevantes y sexistas como los señalados. En este caso están implicados varios militares, quienes han intentado intimidar a la recluta y su familia con mensajes, llamadas telefónicas y visitas inusitadas a su domicilio, para intentar “arreglar” el problema. La red de poder y encubrimiento se ha puesto en marcha para que, al igual que muchas historias silenciadas por la vergüenza, la culpa e intimidación de sus víctimas, ésta quede impune. Esperando que en este caso se revierta una tendencia que legitima la violencia sexual en general y específicamente la perpetrada por los militares, demandamos que el Estado investigue adecuadamente y sancione con severidad a los responsables. La valentía para no callar de Sadith debe ser acompañada con procesos judiciales efectivos y que no la revictimicen. Lima, 01 de septiembre de
2008 |
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