A dos años de la entrega del informe de la CVR se confeccionó el Gran Quipu de la Memoria impulsado por el movimiento “Para que no se repita”, las Ongs por la defensa de los derechos humanos y otras organizaciones civiles.

En un impresionante acto público, el 26 de agosto se presentaron los quipus construidos por muchas personas para recordar a las peruanas y peruanos muertos y desaparecidos durante el conflicto armado interno, y fueron entregados a la Defensoría del pueblo.

Este símbolo precolombino refleja también el interés por fortalecer nuestra identidad tan mellada por desencuentros culturales y políticos entre las distintas visiones de mundo que, en nuestro país, deberían enriquecernos. Nos referimos a la cultura quechua, aymara, amazónica, afroperuana, a la occidental cristiana y/o laica. La suma de todas estas culturas deberían constituir la nación peruana y no atomizarla, como suele ocurrir debido a prejuicios sociales y raciales.

Las personas quechuahablantes han sido desvalorizadas por la cultura oficial, que preserva nuestro pasado precolombino sólo como un circuito turístico. Así, los ritos religiosos y cantos quechuas fueron prohibidos en la Sierra por la Iglesia católica y la lengua quechua relegada como el idioma de los pobres por el pensamiento dominante.

Por esa razón, es significativo el hecho de que el evento del 26 de agosto haya sido precedido por una caminata realizada por un chasqui y dos jóvenes golpeados por la violencia política a lo largo del Camino Inca o Cápac Ñan, quienes presentaron un memorial a las autoridades del Ejecutivo y Legislativo y las cartas que fueron recogiendo durante sus cuatro meses de recorrido por los cientos de pueblos que se ubican a lo largo de este camino milenario, parte de un pasado que debe formar parte de nuestro imaginario colectivo y no sólo ser ruta de turistas, arqueólogos o esotéricos.

Pero el Gran Quipu de la memoria también evoca a las mujeres víctimas de la violencia sexual. Las mujeres violadas exigen reparación y justicia, pues no se trata sólo de emplazar este bello símbolo en la nueva alameda de la Memoria, inaugurada recientemente, sino de perseguir las reparaciones simbólicas, materiales y psicológicas con las cuales recuperar la confianza en la justicia.

“La violación sexual, la esclavitud sexual, el aborto forzado fueron actos frecuentes en comunidades campesinas y nativas de Huancavelica y otros lugares de la sierra central, perpetrados por senderistas y las fuerzas armadas, por lo que fueron calificados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) como crímenes de lesa humanidad. Las condiciones de pobreza, analfabetismo de las mujeres excluidas del bienestar y la cultura oficial contribuyeron a que estas violaciones permanecieran en la impunidad. Sólo a partir del levantamiento de casos realizado por la CVR se puede esperar no sólo justicia para las mujeres, sino también discursos legales y jurisprudencia que sancionen estos delitos e impidan que se repitan en el futuro”.

Manta en Huancavelica fue una de las localidades más afectadas en ese sentido, por eso el proceso de reivindicación de las mujeres y pobladores de Manta debe ser encarado desde una perspectiva de género e intercultural, tanto en el plano psicológico como en el de la reparación legal. La justicia sí tiene sexo y debe humanizarse teniendo en cuenta todos estos factores.

Como dice Sofía Macher del Instituto de Defensa Legal (IDL), ex comisionada de la CVR: la reparación es una herramienta de inclusión y un mecanismo de reconocimiento de la ciudadanía y debe ser entendida como la restitución y deuda del derecho por parte del Estado.