La
pena de muerte no es solución
Carmen
Ollé
DEMUS.
La cadena perpetua, la pena de muerte,
la castración no son la solución ante el flagelo de
la violación sexual. La violación sexual es un crimen
que suele quedar impune y no un delito cualquiera, como pretenden
considerarlo comúnmente.
Ante la polémica suscitada
sobre la pena de muerte o castración química para
los violadores de niños y niñas, las organizaciones
feministas en defensa de los derechos de las mujeres proponen una
justicia amparada en el estado de derecho frente a la irracionalidad
vengativa desatada por instintos primarios. Si bien comparten la
repugnancia por dichos actos, ellas defienden la racionalidad. Sin
embargo, lo condenable es la impunidad del delito a causa del sistema
judicial que no sanciona ni repara. Es esto lo que tiene que cambiar
antes de que sigan aumentando las víctimas y se imponga la
justicia popular.
La gente tiende a explicar la violación
como producto de una enfermedad mental, pero algunas investigaciones
en penales en España, por ejemplo, arrojan que sólo
el 5% de violadores tiene un tipo de enfermedad mental. Los violadores
suelen escudarse en este recurso para no ser inculpados. No se quiere
ver claramente que estos crímenes son impulsados por una
ideología machista.
Las personas tampoco asocian fácilmente
la relación que hay entre la violación y el machismo.
Las declaraciones de los presos por violación generalmente
se amparan en una “masculinidad” basada en la superioridad biológica
y de género, además incontrolable, cuando confiesan
que actuaban como “varón” solamente.
Los
mitos culturales contribuyen y justifican el uso de la violencia
sexual, sobre todo la idea de que la mujer que exhibe su cuerpo
provocadoramente es la gran culpable, por ello los musulmanes la
cubren con un manto y los del Opus Dei prohíben las minifaldas
entre sus fieles. Esta absurda creencia traslada el delito a la
misma víctima.
La pena de muerte para violadores de niños menores de siete
años ignora, invisibiliza a las mujeres de todas las edades
como la población más vulnerable en este drama.
La violación sexual, la esclavitud sexual, el aborto forzado
fueron además actos frecuentes en comunidades campesinas
y nativas de Huancavelica y otros lugares de la sierra central,
cometidos por los senderistas y las fuerzas armadas, por lo que
fueron calificados por la ex Comisión de la Verdad y Reconciliación
(CVR) como crímenes de lesa humanidad. Las condiciones de
pobreza, analfabetismo de las mujeres excluidas del bienestar y
la cultura oficial contribuyeron a que estas violaciones permanecieran
en la impunidad. Sólo a partir del levantamiento de casos
realizado por la CVR se puede esperar no sólo justicia para
las mujeres, sino también discursos legales y jurisprudencia
que sancionen estos delitos e impidan que se repitan en el futuro.
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