La agenda pendiente de Alan García
Carmen Ollé
DEMUS

¿Qué esperamos los peruanos y peruanas del presidente electo Alan García?
Una de las bombas de tiempo que Alan García olvida -preocupado en señalar los errores y compromisos no asumidos por el presidente saliente-, es la aún no cumplida reparación del daño a las víctimas de la violencia en el conflicto armado interno peruano en el que casi setenta mil peruanos murieron según el informe de la CVR. El 75 % de las víctimas tenía el quechua u otras lenguas nativas como idioma materno, más de 26 mil personas murieron o desaparecieron en el departamento de Ayacucho entre 1980 y 2000; 24 mujeres –según testimonios recogidos por la CVR– fueron violadas por el personal militar que trabajó en las bases de Manta y Vilca de Huancavelica.

Alan García debe responder por las matanzas de Accomarca (1985), Cayara (1988), El Frontón (1988). García fue denunciado por el asesinato de 69 pobladores de la comunidad de Accomarca (Ayacucho). La fiscal de Ayacucho Cristina Olazábal lo incluyó entre los denunciados. Sin embargo, según la Resolución Administrativa 75-2005-CE-PJ, publicada en El Peruano el 1 de abril de 2005, y la directiva 01-2005-P-SPN, del 13 de abril de 2005, cuando sean tres o más los denunciantes, los casos deben ser remitidos a Lima. Esta disposición viola el derecho al debido proceso de las víctimas, porque obliga a las y los denunciantes de provincias a viajar a Lima a ver sus casos o realizar diligencias. Con esta disposición, el caso Accomarca pasó a Lima, donde el fiscal archivó la denuncia.

El electo vicepresidente aprista vicealmirante AP Luis A. Giampietri es uno de los que se ha opuesto al juzgamiento de los responsables de la matanza de Accomarca. Para el vicealmirante, la judicialización de las denuncias de la CVR es consecuencia de la presión mediática y “otros tipos de presiones” de las ONG sobre algunos jueces y fiscales.

Otro que rechaza también el juzgamiento a los criminales de guerra es el ex comandante general del Ejército Peruano, Carlos Tafur Ganoza, quien ha manifestado recientemente sus discrepancias con la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), pues según él las fuerzas armadas en épocas del terrorismo actuaron adecuadamente. Para Tafur Ganoza, los verdaderos responsables fueron los terroristas, desconociendo así la violación a los derechos humanos de parte de los militares que participaron en el conflicto.

Con tamaña resistencia a reconocer que hubo falta y delito, el nuevo gobierno tiene los pies de barro. No debemos permitir que opte por pasar la página deportivamente, como quiso hacerlo Menem en su momento en Argentina por los crímenes de Videla y no pudo. Un caso emblemático para no olvidar es el juicio a Pinochet y su desafuero. Cabe recordar que en el año 2004 la Corte Suprema de Santiago de Chile levantó el fuero a Pinochet por su responsabilidad en la denominada Operación Cóndor.