En lugar de demagogia e impunidad

Maria Ysabel Cedano

ELas mujeres del país no necesitamos de un Presidente demagogo y presunto violador de derechos humanos, ni la pena de muerte para enfrentar la violencia sexual. Las mujeres que defendemos nuestros derechos y los derechos de nuestras hijas e hijos no podemos prestarnos a la campaña contra la impunidad y otros fines, que Alan García y sus aliadas y aliados han montado con el argumento mediático de pena de muerte para violadores de niñas y niños, así como para terroristas. Las mujeres no estamos para ser tontas útiles de los gobernantes de turno.

Al igual que Fujimori, busca el retiro del Estado peruano de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por temor a ser condenado por las presuntas violaciones de derechos humanos ocurridas durante su primer mandato. Además, busca distraer nuestra atención del incumplimiento de las promesas electorales y de la incapacidad para enfrentar los problemas y retos económicos y sociales que impone la realidad nacional.

Para enfrentar la violencia sexual, se requieren educación sexual integral, más y mejores servicios de salud sexual, Centros de Emergencia Mujer y consultorios jurídicos gratuitos que garanticen asesoría médica, jurídica y psicológica especializada; que se haga justicia libre de prejuicios y estereotipos machistas (caso Leslie Stewart vs Aldo Valle), corrupción e injerencia política (Caso Milady Rojas vs Miguel Toledo), que los juicios se lleven en nuestra lengua materna y que no tengamos que pagar tasa alguna en estos casos.

Se necesita que la política, los planes, los programas y los proyectos a favor de la infancia y las mujeres cuenten con metas anuales por sector, indicadores de cumplimiento y partidas presupuestales proporcionales a la magnitud del problema social que se quiere prevenir, sancionar y erradicar. El Estado peruano debe cumplir su compromiso internacional de destinar el 6% del presupuesto nacional para, entre otros objetivos, erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas (Beijing, 1995).

Si lo que se quiere de verdad es justicia, el Presidente, el Congreso y el Poder Judicial, en lugar de proponer, aprobar y aplicar la pena de muerte, deben atreverse a tratar jurídica y judicialmente la violencia sexual como crimen contra la humanidad.

Entre otras consecuencias, la posibilidad de denunciar este tipo de crimen, no prescribiría. Las y los jueces tendrían que valorar los testimonios de las denunciantes, en lugar de dudar de su palabra y dar mayor valoración a un certificado medico legal que establece si es virgen o no la denunciante.

Actualmente, el derecho penal internacional considera la violencia sexual durante conflicto armado como crimen de Lesa Humanidad. No sólo se juzga así los casos de violación sexual a cualquier edad, sino que también se consideran como tales, la esclavitud sexual, el embarazado forzado, el aborto forzado, entre otras modalidades. Los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han actuado en ese sentido al momento de dictar la sentencia sobre el caso del penal Castro Castro.

Indigna la mera posibilidad de que el terror, el odio y la muerte, venga de quien venga, prevalezca por sobre los derechos humanos y los órganos jurisdiccionales internacionales, que cuentan con mejores marcos jurídicos, establecen obligaciones de reparar y hacen justicia, demostrando que hay alternativas a la demagogia y la impunidad.