El derecho a ser diferente
Carmen Ollé (Demus)

No sé si Lima, como megalópolis, pueda verse como una ciudad moderna, entendiendo por modernidad haber asumido como punto de partida de nuestra vida diaria el respeto por los demás. En nuestro país, especialmente en la capital, ser gay o lesbiana no solo sirve para burlarse en los programas cómicos sino para discriminar y vulnerar los derechos humanos. Si bien es cierto que, en comparación a épocas pasadas, la población civil está más organizada y dispuesta a alzar su voz contra la violencia hacia las mujeres, la corrupción, el abuso contra las minorías étnicas y en la actualidad se han instalado mesas de debate y lucha contra el racismo, sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos o contra la pobreza, hace falta mayor conciencia de parte del ciudadano de a pie, sobre todo de las autoridades y operadores de justicia.

El respeto y la aceptación del otro no solo tienen que ver con la tolerancia, un término complaciente que no significa necesariamente valorizar al otro en su diferencia. De hecho, la tolerancia es buena porque es un freno a la violencia, aunque lo ideal sería poder proyectarnos en una sociedad donde ser gay o lesbiana no nos escandalice, constituya una manera de vivir la sexualidad con naturalidad y no sucedan hechos como los siguientes:

El lunes 6 de marzo, el activista gay Chrisstian Olivera fue agredido verbal y físicamente cuando se disponía a ingresar al segundo piso del inmueble ubicado en Lima donde su pareja alquila una habitación hace más de un año. El propietario le impidió ingresar porque estaba “harto de ese tipo de personas” y Olivera no tenía derecho a poseer las llaves de acceso a la habitación, por lo tanto debía entregárselas. Días después fue el sobrino quien no solo le propinó varios golpes en el rostro a Olivera sino que lo amenazó de muerte.

El asunto no queda ahí, pues Olivera también ha sido víctima de los prejuicios y la discriminación por parte del sistema policial. El mismo policía que lo atendió en la primera denuncia ante la Comisaría, y que no quiso registrarla en un primer momento, salió en defensa del propietario al considerar que el denunciante había ofendido a su agresor al referirse a él como un “sujeto”. Con la excusa de que “la Policía tiene mejores cosas que hacer”, trató incluso de eludir sus obligaciones, como tomar las acciones para hacer efectivas las garantías personales que Olivera había solicitado ante la Prefectura.

El comentario y trato de la policía nos hace pensar en los resultados de una encuesta a nivel nacional sobre exclusión y discriminación social realizada por encargo del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer a principios del año pasado, según la cual existe una alta intolerancia de los peruanos hacia expresiones de la sexualidad no heterosexuales; solamente el 10% de la población respeta la posibilidad de que existan relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, mientras que el 59% no reconoce iguales derechos para las personas LGTB (Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales). De acuerdo al estudio realizado por David Sulmont : “Los homosexuales son considerados por los encuestados como uno de los grupos que tienen mayores limitaciones para hacer valer sus derechos en nuestro país. En general existe una marcada condena a las relaciones sexuales homosexuales, ya sea entre hombres homosexuales o entre mujeres lesbianas.” La lucha contra la homofobia pasa por revisar el lenguaje y los mensajes en los medios de comunicación, talk shaws, y la discriminación en los operadores de justicia.