Diana Portal (DEMUS)

El conflicto armado interno que vivió nuestro país, de 1980 al 2000, nos afectó de distintas formas a todos los peruanos y peruanas y las consecuencias las vivimos hasta el día de hoy.

Sin embargo, tal y como dice el informe de la CVR : “no afectó uniformemente todos los ámbitos geográficos ni los diferentes estratos sociales del país. Estuvo concentrada en los márgenes de la sociedad es decir, aquellas zonas y grupos menos integrados a los centros de poder económico y político de la sociedad peruana”.

Según el informe, la mayoría de víctimas fueron lo/as excluido/ass de nuestro país: varones de 20 a 49 años, jefes de familia, comerciantes y autoridades, estudiantes y campesinos; cuatro de cada diez víctimas fueron de Ayacucho y tres de cada cuatro víctimas fueron quechuhablantes (más del 75% de los muertos y desaparecidos reportados a la CVR). La mayoría no tenía estudios superiores y muy pocos tenían educación secundaria. De esta manera las víctimas fueron los más excluidos de nuestro país.

Durante mucho tiempo “los limeños y limeñas” ignoramos esta realidad, hasta que en 1992 ocurrieron los atentados en la calle Tarata y contra el Canal “2”. En ese momento nos percatamos de esta violenta realidad, que ya no estaba tan alejada de la vida cotidiana. Las víctimas tuvieron un rostro determinado, pero continuaron olvidado/as e invisibilizadas las mujeres.

El informe Final de la CVR muestra que la violencia interna afectó de forma diferente a hombres y mujeres. Mientras que los varones desaparecían y eran torturados; las mujeres eran victimas de violencia sexual, y tuvieron que enfrentar nuevos roles frente a la realidad que afectaba a sus familias y a ellas mismas.

Pero la especial diferenciación de las violaciones a sus derechos, se encuentra en la violencia sexual que las afectó. Mientras a los varones los desaparecían o torturaban, las mujeres eran violadas no sólo en las incursiones que los militares hacían en sus pueblos; sino también en el contexto de las búsquedas que hacían de sus familiares desaparecidos, situaciones que las exponía a otras violaciones de sus derechos, como la tortura, chantajes, extorsiones, acoso de senderistas y militares.

Muchas mujeres no denunciaron estos hechos por vergüenza, por la estigmatización que podían sufrir por parte de sus familiares y vecinos; esto dificultó mucho el recojo de sus testimonios. Generalmente ellas relataron las historias de violaciones de derechos humanos de sus familiares pero no las suyas, lo que demostraría que siguen sintiendo y viviendo en función de los otros, pero sin verse a sí mismas como víctimas o como sujetas de derechos.

Este patrón fue sistemático y generalizado en varios pueblos y comunidades, lo que llevó a la CVR a calificar estos hechos como Crimen de Lesa Humanidad, cuyos perpetradores se ubican mayoritariamente en el Estado.

Según el informe Final, los integrantes de las Fuerzas Armadas reconocen la existencia de violaciones sexuales como una práctica común y sin motivo específico. El hecho de que estos casos no se denunciaron y que las autoridades militares asumieran el control en las zonas de emergencia, determinó su impunidad, la que persiste hasta hoy.

Finamente, al cumplirse dos años de la entrega del Informe Final, tenemos la obligación de seguir recordando a las víctimas del conflicto armado interno, de aquellas mujeres que silenciosamente fueron blanco de la violencia, la misma que fue diferenciada, afectando no sólo sus derechos, sino también marcando
sus vidas, sus cuerpos y ese recordar debe ir acompañado de nuestro
compromiso social PARA QUE NO SE REPITA.