El feminicidio en América Latina
Julissa Mantila Falcón. Abogada.

Los casos de feminicidio (o femicidio) en América Latina son cada vez más frecuentes y reconocidos internacionalmente. Al respecto, el primer alcance es entender que nos estamos refiriendo al asesinato de mujeres en los cuales el factor de riesgo principal es la condición de mujer de las victimas. No se trata, entonces, de una práctica en la que el elemento clave sea el número de personas afectadas. Adicionalmente, en estos casos es evidente que los mecanismos estatales de prevención de los hechos no funcionan adecuadamente.

En este sentido, el 03 de marzo pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvo ocasión de conocer diversos casos de feminicidio de la región, en la audiencia que sobre el tema presentaron diferentes organizaciones de derechos humanos y de mujeres tale como la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Cladem, Cejil, Demus, entre otras.

En esta reunión, se presentaron, en primer lugar, los casos de Ciudad Juárez y el patrón de impunidad que rodea las muertes de las mujeres y niñas trabajadoras de las maquilas de la zona. Si bien se han establecido Fiscalías y Comisiones especiales para investigar estos casos, estos mecanismos estatales no son eficaces. El caso colombiano también fue presentado ante la CIDH, resaltándose la precariedad de los sistemas oficiales de información que hace que las organizaciones de mujeres deban construir sus propios mecanismos de acopio de datos. Esta situación ha sido resaltada por la Relatora de la Mujer para las Naciones Unidas quien, en su visita a Colombia, resaltó que en los casos de masacres, si bien los informes existentes incluyen el número de mujeres muertas, no se detalla qué sucedió con el cuerpo de estas mujeres, los cuales son utilizados como botín de guerra y como elemento de humillación del enemigo. De otro lado, en el caso del Perú, se dio cuenta de numerosas mujeres asesinadas entre el 2004 y el 2005, gran parte de ellas a manos de sus parejas. En este contexto, las organizaciones denunciaron que la respuesta del Poder Judicial peruano ha sido priorizar la situación emocional del procesado y su condición de cónyuge de la víctima, en un afán de proteger el matrimonio y la familia sobre la vida de las mujeres. Finalmente, la situación guatemalteca fue presentada, mencionándose la cifra aproximada de más de 2400 mujeres muertas hasta el momento, hechos que han recibido la tolerancia del Estado y la consagración de la impunidad.

En este contexto, las organizaciones participantes solicitaron a la CIDH que promueva un sistema homogéneo de estadísticas sobre los casos de violencia contra las mujeres, exigiendo a los Estados el establecimiento de políticas específicas de prevención del feminicidio, integrados en los programas estatales de derechos humanos. Asimismo, se solicitó el acompañamiento activo de las denuncias de violencia contra las mujeres, así como la protección efectiva de las victimas y de sus defensores.

En un contexto en el cual no existe una sola comisionada mujer, la CIDH tiene el reto y la responsabilidad de demostrar su compromiso efectivo con la protección de los derechos humanos de las mujeres y la lucha contra la discriminación, especialmente en los casos de feminicidio. En este sentido, debe resaltarse la iniciativa proveniente de la sociedad civil para la creación de una Relatoría Especial sobre los Derechos de la Mujer con calidad de permanencia, responsabilidad que deberá recaer en una experta independiente.

En el contexto de las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer, es evidente que resta aún mucho por hacer para garantizar la protección efectiva y real de los derechos humanos de las mujeres.