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Perú:
Odiar será un delito,
menos cuando de “maricas” se trate
Ma. Jennie Dador Tozzini
Hace algunos días,
la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso,
aprobó la modificación del artículo 323 del
Código Penal, sancionando la incitación a realizar
actos de discriminación; así como los actos de violencia
física y moral contra una o varias personas por razón
de su diferencia racial, origen étnico, edad, sexo, religión,
creencia, opinión política o de otra índole,
lugar de nacimiento, nivel cultural, económico, idioma, estado
civil, enfermedad, discapacidad y estructura genética.
Curiosamente, quienes
suelen ser depositarios de los mayores odios, los homosexuales hombres
y mujeres, así como las travestis y transexuales, han sido
excluidos de las categorías de protección, es decir,
que para los legisladores, si bien se trata de personas, los ataques
y los crímenes que éstos enfrentan diariamente, no
son especialmente relevantes y por tanto susceptibles de la protección
penal. Odio y violencia que se corroboran no solo con los testimonios
de las víctimas o de los sobrevivientes, sino incluso con
los relatos alegóricos que los propios perpetradores, conocidos
como “mata cabros”, hacen de sus hazañas.
Según la Encuesta
Nacional sobre Discriminación , solo el 15,6% de la población
peruana considera que los homosexuales y lesbianas pueden hacer
valer sus derechos. Qué duda cabe, en nuestro país
el principio de igualdad se traduce en heterosexualidad, de esta
manera a medida que los y las ciudadanas se alejan del canon hegemónico
de la heterosexualidad se van perdiendo derechos, hasta llegar a
los límites del desprecio social.
Este desprecio al diferente,
si bien es de larga data en la sociedad peruana, se vio exacerbado
en la época del conflicto armado interno, y se puede graficar
en algunos actos de la llamada “profilaxis social” realizada por
las fuerzas alzadas en armas y que fueron documentados por la Comisión
de la Verdad -CVR-: “...A los homosexuales les cortaban el pene
en pedazos antes de matarlos...” ; o en los crímenes de la
región nor-oriental del país: 10 personas asesinadas
en Aucayacu (1986), 8 personas asesinadas en Pucallpa (1988) y 8
en Tarapoto (1989). En los casos de Aucayacu y Pucallpa, el informe
refiere a los crímenes perpetrados por el Partido Comunista
del Perú Sendero Luminoso, y en el de Tarapoto refiere al
perpetrado por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA),
siendo éste último caso es el más documentado.
La CVR sostiene que
el hecho de que este tipo de acciones de terror se mantuvieran a
lo largo de un lapso considerable, permite afirmar que el MRTA y
SL, tenían no solo una conducta intolerante, sino que ésta
buscaba legitimarse ante la población estimulando los prejuicios
sociales –ya existentes- contra la homosexualidad.
De esta manera, al
constituir el ajusticiamiento de homosexuales una fuente de legitimidad,
éstos no se explican solo por el fundamentalismo de los grupos
alzados sino también por el contexto cultural, los mandatos
de la sexualidad dominante y el prejuicio de la propia sociedad
contra las sexualidades no heterosexuales, lo que les hacía
ver como natural, aceptable e incluso deseable, el hecho de que
se diera un trato cruel al diferente.
Que duda cabe, en el
marco de las celebraciones por el Día Mundial contra la Homofobia
y Transfobia, gracias señores congresistas, por enseñarnos
una vez más cómo no se construye una comunidad democrática,
inclusiva y sobretodo respetuosa de las diferencias.
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