Debates en torno a la orientación sexual

Violeta Barrientos (abogada y escritora)

Hace un tiempo se relanzó la campaña por hacer mención específica en las leyes peruanas, del principio de no-discriminación por orientación sexual distinta a la heterosexual. Como algunos recordarán, la misma cuestión fue planteada anteriormente durante la reforma constitucional y durante el debate de la ley contra todo tipo de discriminación. El texto constitucional hasta ahora reformado prefiere no hacer ninguna alusión específica a las categorías por las que se puede discriminar, lo que deja a la libre interpretación del legislador o juez. La ley que está vigente sí es más detallada, pero no alude a la orientación sexual. Ello se debe a que en algún momento de su debate, se evitó la posibilidad de dicha protección específica quedando así en el texto final.

Se justifica reclamar una legislación específica sobre la no-discriminación por orientación sexual? Algunos sostienen que no es necesario pues está sobreentendido. Pero, estamos realmente seguros de que en nuestro país no se discrimina por esta razón? Si aquí no se discrimina, ¿por qué hace un mes la delegación peruana ante la Comisión de derechos humanos de la ONU se abstuvo de apoyar una resolución propuesta por Brasil que establecía el principio de no discriminación por orientación sexual? ¿Por qué se permitió que el tema de la orientación sexual suscitara un escándalo político que propició la caída de una primer ministra hace unos meses? ¿Por qué no han sido declaradas inconstitucionales normas contenidas en el Código de Justicia Militar por las que se sanciona la homosexualidad pero no los actos deshonestos heterosexuales? ¿Por qué el Código Civil señala que si una persona tuvo alguna conducta homosexual en el pasado y se casa, su cónyuge puede aducir la anulación del matrimonio, así no haya infidelidad y así haya hijos de por medio?

La conclusión es que hay un prejuicio moral detrás del derecho por el que la condición homosexual vale per se negativamente, y es equiparada en nuestro derecho civil a la toxicomanía, a la enfermedad grave crónica y a la conducta deshonrosa.

Nuestro derecho no asume la homosexualidad como una expresión más de la sexualidad sino que más bien la criminaliza y estigmatiza, cosa que no ocurre en otros países. Ecuador, Brasil, Argentina, cuentan con leyes específicas contra la discriminación por orientación sexual, mientras que en Europa y algunos estados en los EEUU, se han aprobado incluso leyes de unión civil entre parejas del mismo sexo.

Todo ello porque el prejuicio moral ha ido cediendo ante la evidencia de que, primero, las conductas homosexuales no son conductas criminales como la pedofilia o la violación sexual; segundo, que pese al tabú que hay sobre la sexualidad, ésta se ejerce de múltiples maneras y es variable en cada persona; tercero, que la sexualidad está más regida por prejuicios morales y negaciones que por certezas y afirmaciones gratificantes; cuarto, que la imagen popular del ‘maricón’ amanerado y la idea de que no las mujeres no tienen deseos homosexuales o bisexuales han pasado a ser parte del recuerdo porque no son reales.

Desde la década de los sesenta del siglo pasado, la formación de grupos políticos con relación a la sexualidad ha ido creciendo y ya ha asegurado algunos logros en la actualidad. Recordemos que el mayor número de reivindicaciones sobre la sexualidad se dio a partir del surgimiento del movimiento de mujeres en 1970. Estas fueron demandas por los métodos anticonceptivos, por erradicar la violencia sexual contra la mujer, legalizar a los hijos ilegítimos y a las uniones de hecho e introducir la educación sexual en la escuela. A partir de esos años, se gestarían mundialmente los grupos de lucha por la diversidad sexual, es decir de las sexualidades distintas a la heterosexual.

Las demandas en torno a la sexualidad, antes consideradas de dominio de la moral o la religión, se hicieron políticas. Hoy se discuten en los parlamentos o foros multinacionales, se debaten bajo las reglas de la democracia. Quizás la orientación sexual haya sido el tema más olvidado, más tabú, menos comentado, y menos tomado en cuenta como ‘serio’ por la sociedad o por sus legisladores, pero lo está dejando de ser.

En el Perú hasta el siglo veinte, la ley civil no regulaba los matrimonios, sino la ley universal de la iglesia católica; no existían matrimonios civiles, sólo religiosos que se regulaban según las normas del concilio de Trento. Las uniones de hecho o concubinato fueron recién reconocidas por el Código civil hace veinte años pese a que siempre existieron. Hasta hace menos de cincuenta años, los hijos de las uniones de hecho eran considerados ‘ilegítimos’ o ‘bastardos’, según sus partidas de nacimiento, calificación que degradaba y discriminaba a los que sin culpa tenían que cargar con el pecado social de sus padres, discriminados a su vez.

Además de hacerse político, el movimiento de demandas sobre la sexualidad se ha internacionalizado. Desde que el sistema internacional de derechos humanos se adoptó a partir de 1948, las corrientes de avances en cuanto a derechos se comunican de un país a otro y esto ahora cobra mayor fuerza con el movimiento de globalización. Las presiones para cambios legislativos o económicos en un país no sólo provienen de su interior sino también del exterior como parte de una comunidad internacional.

Los movimientos sociales también se internacionalizan. Es lo que hoy ocurre con el movimiento anti-sistémico de nueva izquierda reunido en torno al Foro social mundial. En dicho movimiento la misma idea de ‘política’ trata de reformularse. En ella convergen no sólo demandas económicas, sino también étnicas, de género y sexuales. La ciudadanía tiene que ser ahora entendida también en un aspecto corpóreo y psicológico, antes dejados en la oscuridad del silencio.

En países como el Perú y la mayor parte de América Latina, el estado ha sufrido de una debilidad que se evidencia en gobiernos inestables, democracias efímeras o de nombre, discriminaciones soterradas y poderes de hecho que se imponen por encima de los gobiernos elegidos: el poder económico, el militar y el eclesiástico. Este sustrato no facilita un debate democrático y proyecta la sombra del autoritarismo.

La amenaza autoritaria ha puesto su marca en nuestra cultura que se ha definido siempre como ‘cultura de tutelaje’ en la que nos hemos acostumbrado, no a debatir ni a tolerar, sino a dominar e imponer relaciones verticales y jerárquicas: rico/pobre, blanco/indio, capitalino/provinciano, costeño/serrano, hombre/mujer, religión cristiana/religión indígena, heterosexual/homosexual. Los poderes autoritarios se han impuesto por las buenas o por las malas, tutelando o reprimiendo.

Siendo un país de tradición católica, en el que esta iglesia ha tenido larga influencia desde la conquista hasta la época republicana, es natural que la sociedad peruana haya interiorizado y hecho suyos, tanto valores como prejuicios morales. La iglesia católica ha suplido muchas veces a nuestro estado en sus deberes, al no ser éste lo suficientemente fuerte como para tener presencia en el territorio o para inculcar valores de ciudadanía (tales como una educación no discriminatoria) en el país. Es de esperar entonces que muchos piensen en que las normas de moral religiosa deben asumirse como normas para un país. El problema está en que mientras las normas religiosas son inmutables a lo largo del tiempo y no se ponen en discusión, ya que se consideran a ellas mismas infalibles, las leyes de un estado que se diga democrático, sí cambian y sí se discuten.

El sociólogo Guillermo Nugent se pregunta, por qué la sexualidad ofrece tantas resistencias a ser normada y se insiste en mantener vacíos legales o normas conservadoras que en la vida cotidiana nunca se practican. ¿Por qué es preferible mantener una doble moral? La sensación que nos da es que el poder de la ciudadanía o el del estado es tan poca cosa que es preferible no desafiar a los poderes ya consagrados, por más que éstos puedan sostener absurdos(1).

De lo que se trata es que la democracia pueda convivir con la economía, la religión y los ejércitos, supeditándose estas tres cosas a una lógica democrática al estar al interior de un estado democrático. El terreno de la sexualidad en particular, ha sido descuidado y dejado a ciegas en la falta de información como aquel cuerpo cerrado que en una época, el catolicismo se negó a abrir por considerarlo sacrílego, razón por la que la medicina no pudo hacer avance alguno(2). Para su estudio tienen que ser considerados tanto su aspecto social, biológico como psicológico.

El tabú de lo religioso, defendido por laicos y clero, se resiste a introducir debates en el momento de decidir políticas públicas o leyes sobre lo sexual. Peligrosamente lo religioso se cruza en la ruta de lo político. Peligrosamente, pues sus lógicas son totalmente distintas: para lo católico no hay nada que discutir porque las verdades del dogma se imponen sin lugar a dudas, lo cual contradice a la razón democrática. La democracia es puesta a prueba ante este reto, pues le es muy difícil -dada su precariedad- entrar a normar por encima de los poderes de hecho que ya hemos señalado.

En opinión del juez brasileño R. Raupp, se han esgrimido al menos tres grupos de objeciones al legislar sobre la orientación sexual:
Se dice que la mayor parte de la sociedad rechaza identidades y prácticas sexuales distintas a la heterosexual y que por lo tanto, legislar a favor sería ir contra la voluntad de la mayoría en la sociedad. Considerando que la sexualidad es un bien cautelado por los derechos humanos, este argumento no funciona, pues así hubiera una minoría que proteger, tendría que serlo y tendría que legislarse positivamente sobre ella.

Otro argumento es el moralista. Se dice que un derecho en favor a una orientación sexual distinta a la heterosexual es contrario a la moral. Aquí el derecho no puede ceder ante una moral mayoritaria ni “iluminada”. La democracia reclama el valor de la tolerancia y debe velar porque la convivencia en sociedad sea posible. El hecho que existan personas religiosas en una sociedad no elimina por ejemplo, el derecho a la libertad de conciencia y de culto como valor republicano.

Y finalmente el argumento biomédico, hace que las sexualidades diversas se estigmaticen y se consideren ‘desviaciones’. Ya sobre la homosexualidad, la comunidad psiquiátrica se ha pronunciado en el sentido de no considerarla una enfermedad. Otro elemento que relativiza la opinión médica es que ésta no siempre ha sido autónoma y se ha dejado llevar por prejuicios morales a la base. Recordemos que las conductas sexuales entre personas del mismo sexo existieron siempre y que la categoría de ‘homosexual’ recién fue inventada en el siglo diecinueve para marginalizar y psiquiatrizar estas prácticas.

Lo cierto es que los debates políticos y jurídicos no hacen sino visibilizar y poner en el escenario público cuestiones que son un debate al interior de la sociedad. Y en estos momentos, la discusión del tema de la sexualidad en general y el de la orientación sexual en particular, ya se está llevando a cabo en otros foros ciudadanos, como la universidad, los gobiernos locales y regionales, o al interior de los movimientos antisistémicos.

_________________________
(1) En Chile por ejemplo, el poder de la iglesia católica en alianza con grupos conservadores de la política, hizo que hasta este año, 2004, el divorcio no fuera posible.
(2)Hacia el siglo XVI, el estudio científico se encontraba paralizado pues no era legítimo explorar el Universo, considerado perfecto por ser obra de Dios. Galileo Galilei fue casi llevado a la hoguera por contradecir al Papa diciendo que la Tierra giraba en torno al Sol y no al revés, como la religión lo afirmaba. Finalmente, la ciencia pese a los obstáculos y a la carne quemada, se abrió paso y no por ello disminuyó la fe. El desarrollo científico y la religión pudieron convivir en paz más adelante.