La pena de muerte.
Un arma demagógica para sentir que se hace algo
Jeannette Llaja Villena
abogada de DEMUS

Tomado de: voltairenet.org

La propuesta de Alan García y el terrible caso de la niña que fue violada y asesinada en la Oroya, han puesto en discusión, una vez más, la pertinencia de establecer la pena de muerte para los violadores de niños.

Nos preguntamos ¿tener penas cada vez más duras es lo que se necesita para resolver esta problemática?¿la pena de muerte es una alternativa seria?

Consideramos que no, y no sólo por la necesidad que tendría el Estado Peruano de denunciar al Pacto de San José y salir del
sistema interamericano de derechos humanos. Creemos que en este caso, como en otros, los políticos utilizan la indignación, la impotencia y el miedo que peruanas y peruanos sentimos frente a estos hechos, para proponer una alternativa que invisibiliza la complejidad de un fenómeno social e histórico.

Recientemente se publicó la Ley 28704(1), norma que agravó las penas para todos los delitos contra la libertad sexual y que incluso estableció que la violación de un menor de 10 años se sancione con cadena perpetua. Desde nuestro punto de vista esta mayor penalización no ha determinado que se sancione adecuadamente la violencia sexual y menos que estos casos hayan disminuido o dejado de existir.

El principal obstáculo para hacer justicia no se encuentra en la mayor o menor pena del delito (salvo cuando se trate de evaluar si éste prescribió o no), sino en que se tiende a no responsabilizar penalmente a los abusadores sexuales.

Se sabe que los operadores de justicia se indignan más frente a la violación de niños o niñas que frente a la violación de mujeres adultas, y en ese sentido dudan menos de la palabra de la víctima y tienden a actuar más rápido. Sin embargo, esta actitud se empobrece cuando la violencia sexual fue cometida por un pariente o persona cercana, ya que los operadores hacen eco de la actitud que tiene la familia de proteger al agresor(2); y cuando se trata de abusos sexuales en los que no
hubo penetración vaginal u anal.

Pero evidentemente la sanción no es suficiente. Para evitar que este tipo de hechos se repitan es necesario que se den políticas públicas intersectoriales, desde un enfoque de derechos humanos y una intervención multidisciplinaria con enfoque de género, que modifique aquellos valores que hasta el momento justifican la violencia sexual en general. La prevención de estas conductas depende de las acciones que puedan desarrollarse en las escuelas o centros de formación en general, espacios comunitarios, medios de comunicación, lugares de socialización, etc.

Acabamos de salir de un gobierno que hizo muy poco por este tema y contamos con un Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer que va a morir casi sin haber dado sus primeros pasos. Señor Alan García, señora Virginia Borra, esperamos que sobre estos temas se pronuncien.

 

(1) 5 de abril de 2006.
(2) En casos de violencia sexual incestuosa, la víctima o los otros familiares tienen muchas dificultares para denunciar el hecho, y cuando se inicia el proceso
judicial tienden a proteger al agresor remitiendo cartas de apoyo o dando
declaraciones a su favor.