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Eurolat pide a los Jefes de Estado de Europa y Latinoamérica que condenen los feminicidios. La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana aprobó hoy una resolución en la que se formulan propuestas para luchar contra la pobreza y la desigualdad social. Los parlamentarios invitan a los gobiernos de la UE y América Latina y Caribe a que condenen los feminicidios como expresión extrema de la discriminación de las mujeres. La resolución también solicita sistemas de protección social de cobertura universal y subraya la importancia de los salarios mínimos legales. La Asamblea del Eurolat concluyó hoy con la aprobación de tres resoluciones, una de ellas sobre la pobreza y la exclusión social. El texto adoptado pide a los Estados que avancen en el desarrollo progresivo de sistemas de protección social de cobertura universal y subraya la necesidad de garantizar el acceso a un sistema educativo y sanitario de calidad. La resolución recuerda la importancia que revisten los pueblos indígenas en la historia y en el desarrollo de los territorios de América Latina y resalta el valor de los sistemas de transferencias condicionadas, como la estrategia latinoamericana de lucha contra la reproducción intergeneracional de la pobreza y la desigualdad, que busca intervenir en las causas de la pobreza. Los parlamentarios de las dos orillas del Atlántico concluyen que los salarios mínimos legales constituyen un mecanismo esencial de la política de redistribución del rendimiento y contribuyen a la lucha contra las desigualdades salariales. Además, subrayan que, gracias a la política regional, en la Unión Europea la proporción de población en situación de pobreza ha descendido desde un 43% hasta un 16%. En los dos últimos años se ha conseguido reducir los índices de pobreza en América Latina y Caribe a los niveles de 1980. En la actualidad, un 36,5% de la población de la región es todavía pobre, lo que significa que 194 millones de habitantes viven con menos del mínimo necesario para satisfacer sus necesidades esenciales. Condena a los
feminicidios También abogan por aumentar el presupuesto de los organismos pertinentes para investigar los homicidios, crear sistemas eficaces de protección de los testigos, de las víctimas y sus familias y reforzar las capacidades de los tribunales. En esta misma línea, se proponen servicios públicos que garanticen un acceso universal a la educación sexual y reproductiva y la planificación familiar, así como el respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, “incluyendo el control de su propia fertilidad”. El documento hace hincapiéen que el 70% de los 1.300 millones de personas que viven en situación de pobreza son mujeres. Agricultura |
