Miles
de mujeres peruanas siguen sufriendo las secuelas del periodo de conflicto
armado interno vivido en el Perú entre las décadas de
1980 al 2000. Al igual que Fausta, la protagonista de la película
La Teta Asustada, cuya madre fue violada sexualmente, estas símiles
del personaje de la directora Claudia Llosa, viven sin haber procesado
el temor, la angustia, y heridas causadas en esos tiempos.
La madre de Fausta murió sin que los responsables de la violación
sexual, trauma heredado a su hija, sean juzgados y sentenciados, porque
al igual que la gran mayoría de víctimas de este delito,
guardó silencio por una serie de factores como el temor a represalias,
la desconfianza en el sistema de justicia y el cuestionamiento social
de su entorno que la criticaría en vez de solidarizarse con ella.
“Saludamos la nominación al Oscar a mejor película
extranjera de la película La Teta Asustada, porque además
nos permite reflexionar sobre la situación de miles de mujeres
como Fausta y su madre, que viven en un injusto e intolerable contexto
de impunidad pues hasta la fecha no ha sido sancionado ningún
agresor sexual de mujeres en el periodo de conflicto armado interno”,
afirmó Diana Portal, abogada del Demus, Estudio para la Defensa
de los Derechos de la Mujer.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) reportó
que en dicha etapa el 83.46% de las violaciones sexuales las cometieron
agentes del Estado y el 11% integrantes de Sendero Luminoso y del Movimiento
Revolucionario Túpac Amaru.
La
CVR indicó que esta violencia sexual por parte de agentes del
Estado se dio en torno a incursiones militares y dentro de establecimientos
de las Fuerzas Armadas y Policiales. Fue tal la magnitud de los casos
que esta mala práctica se evidenció como una estrategia
contrasubversiva así como un crimen de lesa humanidad, es decir,
una grave violación a los derechos humanos que no prescribe en
el tiempo.
La gran mayoría de afectadas fueron quechuahablantes, de origen
rural y campesino, cuyas edades fluctuaban entre los 10 y 19 años.
“La violencia sexual estuvo concentrada en mujeres andinas, campesinas
pobres, y en edad reproductiva; es evidente el impacto por razones de
género, etnia, clase y edad”, precisó.
Existen nueve casos que están siendo judicializados por violencia
sexual, dos fueron presentados por la CVR y otros siete son acompañados
por organizaciones de la sociedad civil. El balance en cuanto al acceso
a justicia para las víctimas es negativo y desalentador. Sólo
está abierto un proceso contra 10 efectivos del Ejército
de las bases militares que funcionaron en las comunidades centro andinas
de Manta y Vilca, donde diferentes testimonios dieron cuenta de violencia
sexual sistemática contra las mujeres.
En cuanto a reparaciones el panorama es igual de negativo. El gobierno
no dota de presupuesto al Consejo de Reparaciones y las víctimas
quedarán fuera del alcance de este derecho, manifestó
la abogada.
Por su parte la psicóloga Paula Escribens, también de
Demus, sostuvo que la impunidad instala sentimientos de desesperación,
rabia y desolación entre las mujeres víctimas, y que mientras
persista la impunidad no podrán recuperarse, como le pasó
a la madre de Fausta en la película.
Para
mayor información: Mariela Jara 986 264 356 / Carla de la Quintana:
993 978935.
9 de febrero de 2010