El viernes 2 de marzo se realizó en Bogotá, Colombia, en el marco del 167 Periodo de Sesiones de la CIDH, la audiencia ‘Derechos Humanos y el indulto al expresidente Fujimori’ al que fueron convocados los representantes del Estado y diversas organizaciones de DDHH como DEMUS y el Centro de Derechos Reproductivos (CDR), así como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, APRODEH, Cejil, el CELS, Fedepaz, la Asociación Abuelas de Mayo y la Federación Internacional de Derechos Humanos. También asistieron los abogados del Estado, Adrián Marcius Simons Pino y Jorge Villegas Ratti.
María Ysabel Cedano (DEMUS) y Diana Carolina Moreno del (CDR) expusieron los peligros de la gracia presidencial otorgada a Fujimori en el caso Esterilizaciones Forzadas.
Compartimos la exposición.
Bogotá, viernes 2 de marzo de 2018
Buenos días honorables comisionadas y comisionados,
Mi nombre es María Ysabel Cedano y les hablo en representación del Centro de Derechos Reproductivos y DEMUS. A continuación, expondré el grave impacto que tiene el otorgamiento del derecho de gracia a Alberto Fujimori frente al acceso a la justicia de las víctimas de esterilizaciones forzadas en el Perú, incluyendo a la familia de la señora María Mamérita Mestanza.
Entre los años 1996 y 2000 se ejecutó en el Perú el denominado Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, una política pública que- recurriendo a incentivos indebidos, coerciones y amenazas – implicó la esterilización forzada de miles de mujeres indígenas, campesinas y en situación de pobreza.
La magnitud de las mujeres afectadas por esta política es innegable. A la fecha, han solicitado ser parte del Registro de Víctimas 6 553 mujeres, de las cuales 4 148 han sido efectivamente registradas y 246 han interpuesto denuncias penales acompañadas por la Defensa Pública. Además, en las investigaciones fiscales preliminares en curso contra los responsables de esta política, incluyendo al señor Fujimori, se han sumado al menos 2 166 denunciantes, quienes siguen esperando la condena efectiva de los máximos responsables de las graves violaciones de derechos humanos de las que fueron víctimas.
En el año 2003, esta Ilustre Comisión formalizó el Acuerdo de Solución Amistosa sobre el caso de la señora Mestanza, una de las víctimas mortales de esta política. Bajo tal acuerdo, el Estado peruano reconoció su responsabilidad internacional y se comprometió a realizar una exhaustiva investigación contra los responsables de su esterilización y fallecimiento. Más aún, entendiendo que tal caso era representativo entre miles, el Estado se comprometió a revisar judicialmente todos los procesos penales sobre violaciones de los derechos humanos cometidas en la ejecución del Programa, para que se “individualice y sancione debidamente a los responsables”.
Después de más de veinte años de interposición de las primeras denuncias, el Estado re-victimizó una vez más a las mujeres y sus familias, con una gracia presidencial que busca dejar sin de efecto los procesos penales contra el señor Fujimori y su sanción como autor mediato de las esterilizaciones.
Las organizaciones sociales han documentado que Fujimori ejercía una supervisión extremadamente cercana de la Programa Nacional, recibiendo directamente reportes semanales sobre su implementación. Al respecto, los directores de salud del momento han señalado que las decisiones provenían del nivel central y tenían que ser obedecidas y ejecutadas “calladamente”.
Frente a las víctimas es claro que el otorgamiento de gracia contraría las obligaciones del Estado frente al Sistema Interamericano en al menos dos sentidos:
Por una parte, el Perú está incumpliendo los compromisos internacionales de justicia establecidos en el Acuerdo de Solución Amistosa del caso Mestanza. Por otra parte, está vulnerando una vez más los derechos a las garantías y la protección judicial de las víctimas y de sus familiares.
Honorables Comisionadas y Comisionados, el indulto y la gracia presidencial también son impunidad para las víctimas de esterilizaciones forzadas.