*Contexto político adverso para la justicia y reparación de las víctimas
Washington, D.C. 23 de marzo, 2017.- En una reunión de trabajo realizada el 17 de marzo en la sede de la CIDH, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), y el Centro de Derechos Reproductivos (CDR o CRR), dieron seguimiento al cumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones en el marco del acuerdo de solución Amistosa por la esterilización forzada de Mamérita Mestanza Chávez.
Las representantes exigieron al Estado peruano que cumpla con la debida diligencia su obligación de investigar y sancionar a los responsables de la esterilización forzada de Mamérita Mestanza Chávez y de todas las esterilizaciones forzadas ocurridas en el marco del Programa de Planificación Familiar y de Salud Reproductiva, implementados por el Perú entre los años 1996 y 2000. Exigieron la inmediata inscripción de Mamérita en el REVIESFO, la beca de estudios de parte del MINEDU para su hijo Almanzor y la capacitación al personal de salud sobre reparaciones en caso de esterilizaciones forzadas de parte del MINSA.
También subrayaron la urgencia de que el Estado peruano elabore un protocolo para que los defensores públicos incorporen los estándares y jurisprudencia relativa a las investigaciones sobre esterilizaciones forzadas y al avance en el diseño de las políticas de reparaciones integrales, a favor de las víctimas de esterilizaciones forzadas, como parte del nuevo Plan de Derechos Humanos.
Igualmente, se pone en conocimiento de la opinión pública que a pesar de que el Estado convocó a una reunión exploratoria en función del compromiso que asumió ante la CIDH en diciembre de 2016, sigue pendiente el diseño y coordinación de una política de reparaciones integrales a favor y con participación de las víctimas de esterilizaciones forzadas en el Perú.
LLAMADO DE ATENCIÓN
Paulo Vanucchi, comisionado y relator para el Perú, llamó la atención al Estado peruano sobre los incumplimientos de los compromisos y los plazos de diciembre de 2016, los que en su mayoría consistían en acciones muy concretas. Además de perpetuar la violación de derechos y la denegación de justicia, estos incumplimientos afectan la confianza de las víctimas en el Estado.
La CIDH enviará información al Estado sistematizando los estándares internacionales sobre el derecho de acceso a la información y al consentimiento informado, en el contexto de casos de salud reproductiva y específicamente de esterilizaciones forzadas, con el objetivo de que las instituciones estatales correspondientes puedan garantizar el derecho a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas de esta práctica.
RESOLUCIÓN PENDIENTE
A la fecha, la investigación fiscal iniciada el 2003, permanece archivada y a la espera de que se resuelva la apelación desde hace 3 meses.
Ante problemáticas de coyuntura para el país como la corrupción generalizada o los desastres naturales, las representantes de las organizaciones alertan que es un riesgo que el Estado continúe sin dar prioridad al reconocimiento y garantías de los derechos sexuales y reproductivos. Una actuación decidida de la CIDH y los movimientos y la ciudadanía es necesaria para que el Estado cumpla su obligación de reparar integralmente a las víctimas de esterilizaciones forzadas.