Una vez más la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso no sesionó y por lo tanto, se postergó el debate y la aprobación del predictamen modificatorio del Código Penal respecto a delitos contra la libertad e integridad sexual en víctimas menores de 18 años. Esta Reforma Penal urgente para garantizar el derecho a la justicia de las víctimas de violencia sexual parece importar poco o nada al congresista Heresi, quien preside esta comisión.
Como se recuerda, su convocatoria a sesión extraordinaria del último 13 de febrero no se concretó por la inasistencia de la mayoría de integrantes, entre ellos los de la bancada de Fuerza Popular (Héctor Becerril, Miguel Castro y Glider Ushñahua) pese a que el país se encontraba conmovido e indignado por la violación y asesinato de la niña Jimena en el distrito de San Juan de Lurigancho.
La niña es una de las más de 6,000 víctimas infantiles de violencia sexual registradas en el 2017 según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Sin embargo, el derecho a acceder a justicia puede verse negado si los delitos prescriben tal como todavía está considerado en el ordenamiento legal peruano.
De allí la importancia de que el pleno de la Comisión apruebe en forma prioritaria su imprescriptibilidad cuando las víctimas son menores de edad. Esta propuesta está contenida en el Proyecto de Ley 1069/2016-CR imprescriptibilidad de los delitos contra la libertad e integridad sexual en víctimas menores de 18 años, del que es autora la congresista Indira Huilca.
Exigimos a quienes integran la Comisión de Justicia y Derechos Humamos que cumplan con su responsabilidad de legislar sobre esta realidad que vulnera los derechos de niñas, niños y adolescentes y aportar con sanciones efectivas que eviten la impunidad de estos delitos.
Para ello, se requiere que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento priorice en su agenda la discusión de dicho proyecto de ley.
Es la oportunidad para desmarcarse de posiciones mediáticas e inaplicables como la demanda de la pena de muerte para violadores. El Estado peruano, y el Congreso, como parte de él, tiene la obligación de asegurar la sanción ante los delitos y la justicia y reparación para las víctimas de violencia sexual.
Lima, 7 de marzo 2018