Por: Ángel Pineda
El documental Cicatrices del Engaño, que denuncia las esterilizaciones forzadas en el gobierno de Alberto Fujimori recoge y narra los testimonios de mujeres y hombres que hace 18 años fueron afectados por una política del Estado peruano, aún no reconocida, para reducir la pobreza desde 1996 al 2000.
Pese a que los procesos siguen abiertos y hay deudas pendientes, aún no hay sentencia porque apenas está empezando el proceso de judicialización por las dificultades que ha presentado la investigación.
Si bien la esterilización forma parte de la salud sexual y reproductiva de las personas, la manera en que se realizó este proceso durante la dictadura fujimorista, vulneró los derechos de casi 300 mil mujeres y 22 mil varones que no fueron informados ni tuvieron opción a decidir.
Además, esta política tuvo en su ejecución un componente étnico y otro social, porque solo se practicó con personas en situación de pobreza y en localidades de la sierra y la selva con menor presencia del Estado, resaltando así la discriminación y rechazo.
Diferentes organismos internacionales de derechos humanos se han pronunciado respecto a este caso, entre ellos el Comité por la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés).
Dicha institución ha instado a reconocer que las esterilizaciones forzadas fueron una política del Estado peruano. Con ello buscan aclarar cada caso, hacer justicia, castigar a los perpetradores y establecer una reparación para las víctimas.
Para Mariel Távara, representante de DEMUS, la reparación que se espera no es solo la económica, pues el reconocimiento de los crímenes que se cometieron contra estas mujeres y hombres por parte del Estado, será un primer paso para acceder a la justicia que han esperado por casi 20 años.
Como mencionan algunos de los 15 testimonios de las víctimas y familiares que se presentan en el documental, la violencia que sufrieron no fue solo física, también quedaron marcadas social y psicológicamente al ser víctimas de rechazo por parte de sus parejas por no darles hijos.
Hasta el momento, el único caso que se ha reconocido de violación de derechos humanos fue el de María Mamérita Mestanza, que fue objeto de una ligadura de trompas sin ser informada y que falleció el 4 de abril como consecuencia de una infección postoperatoria, por falta de atención médica. En 2003 el Perú aceptó indemnizar a la familia de la víctima del programa en Cajamarca.
Sin embargo, aún no se ha reconocido la responsabilidad en el resto de las víctimas de esterilizaciones forzadas que aún esperan justicia para saldar la deuda que el Estado aún tiene con ellas.
Dato:
Cicactrices del Engaño, es un documental producido por Hiperactiva Comunicaciones.
Este material periodístico fue presentado en el auditorio del Centro Cultural de España, en el marco de las actividades realizadas por el XIII Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (EFLAC), en Lima.
Fuente: Spacio Libre