Con 18 años de litigio judicial, las familias de las agraviadas, así como las propias víctimas de las esterilizaciones siguen clamando justicia
Durante 1996 al 2000, en el gobierno de Fujimori las autoridades trataron de reducir la pobreza que afectaba al país y la manera que escogieron fue esterilizar a la fuerza a 300 mil mujeres pobres, la mayoría de ellas naturales de las regiones andinas.
LIMA, Perú, nov. 26, 2014.- En el segundo gobierno del ex presidente Alberto Fujimori, en el periodo 1996 al 2000, el estado aprobó un nuevo programa nacional de salud reproductiva y planificación familiar. Sin duda, un nombre rimbombante.
Pero lo que no se sabía entonces fue que la real intención de las autoridades de turno era reducir la galopante pobreza que afectaba al país y la manera que escogieron fue esterilizar a la fuerza a 300 mil mujeres pobres, la mayoría de ellas naturales de las regiones andinas.
Así de un plumazo, condenaron a la esterilización forzada a mujeres que tenían dos o tres hijos y poco dinero para mantenerlos.
María Emilia Flores, campesina, denuncia en su idioma nativo, el quechua, que el doctor la vio y le dijo » Ya tienes cuatro hijos, ven voy a darte alimentos.»
No recuerda más, cuando despertó había sido esterilizada y nadie le dio explicación alguna.
Otra afectada, María Jesús Qripi dijo que los médicos le advirtieron que el gobierno no quería más de dos hijos por familia. Con tres, tienen que pagar una multa. Estaba embarazada y cuando despertó en la mesa de operaciones, ya había sido sometido a una cirugía de cesárea, pero con tan mala suerte que su bebé falleció en la intervención quirúrgica.
Sus testimonios están allí para quien quiera escucharlos. Han sido recogidos en un documental titulado «Cicatrices del engaño», pero aún cuando ya han pasado 18 años de esos dolorosos episodios de sus vidas nadie les ha hecho justicia, tampoco las han reivindicado y menos indemnizado.
La justicia se ha trabado en un nudo gordiano con las agraviadas. Han cambiado de fiscales, jueces y han devueltos las investigaciones a su punto de partida. Da la impresión que todos están coludidos para dejar pasar el tiempo, pero justicia que tarda no es justicia.
Un tribunal internacional ha conocido ya una demanda de las centenares que están en trámite en Perú. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos suscribió con el estado peruano un acuerdo de solución amistosa para indemnizar a la familia de una mujer que murió en 1998, tras ser víctima de la esterilización forzada en la localidad de Cajamarca. Pero esto es todo.
Con 18 años de litigio judicial, las familias de las agraviadas, así como las propias víctimas de las esterilizaciones siguen clamando justicia.
Para ellas, el sueño de ser nuevamente madres ya se lo llevó la operación forzada y la sed de justicia está siendo ahogada por el tiempo inclemente que ya envejeció sus reclamos.