El disgusto ciudadano causado por el archivamiento del caso contra Alberto Fujimori y sus ex ministros de Salud por las esterilizaciones forzadas de más de dos mil mujeres, sigue sin amainar. La organización DEMUS. Estudio para la Defensa de los derechos de la Mujer, conjuntamente con otras agrupaciones de derechos humanos lideradas por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), presentó un recurso ante el Poder Judicial para que se anule la decisión del fiscal Marco Guzmán Baca que le abre las puertas a la impunidad al ex presidente y sus ministros.
Para explicar esto, Noticias SER conversó con la Dra. María Ysabel Cedano, directora de DEMUS, quien señaló que recurrirán a tribunales internacionales si es necesario para obtener la justicia que el Estado peruano les niega a las víctimas de este crimen.
El archivamiento de este caso sienta un mal precedente ¿Qué es lo que plantean para que se anule la decisión del fiscal?
El día de ayer [martes], dentro del plazo de ley, se ha interpuesto un recurso de queja ante la fiscalía superior, y en el que se pide que se reconduzca las conclusiones a las que ha llegado este fiscal, que reconoce solamente violaciones de derechos humanos, y que pretende acusar solo a los operadores de Salud pero que exculpa a los responsables de una política pública que configuró crimen de lesa humanidad, como son el ex presidente Alberto Fujimori y sus ex ministros de Salud Marino Costa Bauer, Yong Motta, Alejandro Aguinaga, entre otros responsables políticos.
¿Cuál es el argumento del fiscal para archivar la denuncia contra Fujimori y sus ministros?
Él aduce que no hay suficientes evidencias que los vinculen a las decisiones que supuestamente tomaron los médicos, las enfermeras, las obstetrices, de manera particular. Sin embargo, hay suficiente evidencia, como han señalado tanto las abogadas de DEMUS y del IDL, como las mujeres que están luchando en la Asociación de Víctimas de Anta, las cuales han presentado no solo sus testimonios sino documentación que prueba que el ex presidente estaba lo suficientemente informado y que habían una serie de resoluciones que imponían al personal de Salud y a las mujeres que era la obligación de hacer esterilizaciones y sin necesariamente tomar medidas que puedan garantizar el consentimiento informado de estas mujeres.
Ustedes han dicho que hay evidencias y que los testimonios inculpan. Entonces el fiscal estaría faltando a los más elementales principios procesales para abrir una denuncia penal contra Fujimori.
Nosotras consideramos que aquí hay suficiente prueba indiciaria para que él acuse y en el juicio demostrar o no si se configuró el crimen de lesa humanidad.
Definitivamente es sospechoso el cambio de discurso y posicionamiento que ha ido manifestando este fiscal en el tiempo en que asumió esta investigación como fiscal ad hoc. Ya sabemos que este caso fue archivado en el 2009, fue reabierto y que, gracias a la lucha de estas mujeres se logró una fiscalía ad hoc. Él, en diálogo con las víctimas y sus abogados y abogadas defensores, manifestó que tenía pruebas que incluían al ex presidente Alberto Fujimori. Transcurriendo un breve tiempo, lo exculpa. Si tenía evidencias para incluirlo en la investigación, ¿qué sucedió en ese corto tiempo, en esa
coyuntura para que luego considere que no existe ningún tipo de relación entre lo que pasó y lo que sabía o dispuso el ex presidente y sus ministros?
También han señalado que esta no es una causa feminista sino que es una causa nacional, una causa contra la violación de derechos humanos.
Lo que he señalado es que no debe ser solo una lucha feminista ni una causa meramente del movimiento de DD.HH. Esta debe ser una lucha nacional porque este desprecio por todas estas mujeres y hombres, porque también hubieron hombres esterilizados en contra de su voluntad, pero sobre todo estas mujeres quechua hablantes, estas mujeres campesinas, estas mujeres de zonas urbano populares, son parte de nuestra nación, son parte de nuestra ciudadanía. Nosotras y nosotros no podemos estar indiferentes y sentir que porque no nos pasó a nosotras debemos permitir estas cosas. Debemos unirnos para obtener justicia para todas estas mujeres, de lo contrario creo que vamos a seguir con las fragmentaciones, con los racismos, vamos a seguir con los machismos que nos desunen y que hacen que jerarquicemos a la ciudadanía en diferentes categorías de ciudadanos y ciudadanas en este país.
Otro tema que está ligado a este es el de las reparaciones. Ninguna víctima ha sido reparada por estos crímenes.
El Sistema Integral de Salud (SIS) en la época de la doctora Pilar Mazzetti, cuando fue ministra, a propósito del caso Mamérita Mestanza, estableció que las mujeres víctimas de la esterilización forzada tenían derecho al SIS. Pero hubo un reglamento donde se decía cómo se debían inscribir. Luego de eso no ha habido una política del Ministerio de Salud (Minsa) ni del SIS para una correcta difusión del derecho que estas mujeres tienen. No hemos logrado obtener información sobre cuántas víctimas han sido atendidas realmente por el SIS.
En caso de que su recurso de queja no sea aceptado, piensan acudir a tribunales internacionales.
Por supuesto. Definitivamente iremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) si es necesario. Ya hemos solicitado una reunión de trabajo por el caso de Mamérita Mestanza para las próximas sesiones de marzo de este año. Además, nosotras hemos presentado nuevas peticiones por dos nuevos casos ante la Comisión Interamericana que está pendientes de admisibilidad.
Fuente: Noticias Ser <http://www.noticiasser.pe/30/01/2014/nacional/ maria-ysabel-cedano-de-demus- %E2%80%9Cdefinitivamente-es-sospechoso-el- cambio-de-discurs>