Lima,
   
 

            
PERSONAS TRANSEXUALES SÍ TIENEN DERECHOS 
¿Acaso las personas transexuales no son ciudadanas con derechos?
Juicio por cambio de nombre lleva 6 años sin sentencia. 
Proceso evidencia prejuicios y estereotipos de operadores estatales

Si todas las personas tienen derecho a la igualdad y no discriminación en el Perú, por qué X.X. lleva más de seis años en un proceso judicial no resuelto para cambiar el nombre que se le dio al nacer por el que la identifica de acuerdo a su orientación sexual e identidad de género, violentando con ello su dignidad e integridad: moral, psicológica y física. 

Este caso es emblemático de muchos otros sobre vulneración de derechos de las personas transexuales en nuestro país, quienes como el conjunto de la población LGTBI han sido excluidas del Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016 (1), aprobado por el gobierno en julio último, negándoles las medidas necesarias para garantizar identidad y justicia.

X.X. se encuentra sin nombre, identidad ni derechos. Su caso obra en el expediente No 21913-2008 del 40° Juzgado Civil de Lima como parte de un proceso abreviado, pese a lo cual no ha tenido ninguna celeridad. Por el contrario, lleva más de 72 meses en el que han pasado dos juezas sin emitir sentencia aún cuando se han realizado dos audiencias de pruebas, pericias médicas y psicológicas.

Ahora un tercer juez asume el caso y ha fijado para el próximo 24 de setiembre la realización de un nuevo informe oral con el fin de tomar conocimiento sobre el proceso. ¿Cuánto tiempo más transcurrirá para la sentencia? ¿Se ajustará al principio de igualdad y no discriminación, a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (2) y a los estándares del sistema internacional de derechos humanos del que es parte nuestro Estado?

La institución DEMUS que representa a X.X. explicó que no reconocer a esta ciudadana su derecho a la personalidad jurídica mediante el otorgamiento de un documento de identidad acorde a su actual sentir y aspecto físico, atenta contra el ejercicio de otros derechos fundamentales como el trabajo, educación, salud, entre otros. 

También puso en evidencia los argumentos teñidos de prejuicios expuestos durante el proceso por entidades estatales, como: RENIEC que mencionó que no existen “motivos justificados” para el cambio de nombre, entre otras afirmaciones; la Municipalidad de La Victoria que dedujo excepciones, “oscuridad y ambigüedad” en el modo de proponer la demanda y la falta de legitimidad para obrar, y el Ministerio Público que evadió sus obligaciones señalando que no tiene condición para ser parte del proceso.

“Con esta actuación el Estado niega el derecho fundamental de personalidad jurídica a través del cambio de nombre y/o sexo a las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, incumpliendo su obligación de proporcionarla regulación legal que permita garantizar su ejercicio”, afirmó DEMUS.

La organización hizo un llamado al Poder Judicial a que después del informe oral del próximo 24 se dicte la sentencia fundada (3); y a que jueces/zas y fiscales/as tengan formación obligatoria en género y sean evaluados por el Consejo Nacional de la Magistratura con este criterio para avanzar en la erradicación de prejuicios y estereotipos discriminatorios que impiden el acceso a la justicia a personas como X.X.


22 de setiembre de 2014
 
 (1)Antes de su aprobación mediante Decreto Supremo Nº 005-2014-JUS (julio 2014), el Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016 incluía 18 acciones para el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI, las que fueron excluidas en la versión publicada en el diario oficial El Peruano.
(2) “La expedición del DNI repercute directamente en el derecho de reconocimiento de la personalidad jurídica, toda vez que dicho documento (…) permite el ejercicio de otros derechos fundamentales inherentes al individuo.”- Tribunal Constitucional. STC. N° 02432-2007/PHC-TC. 16 de noviembre del 2007. Fundamento 12.
(3) Existen antecedentes de sentencias fundadas en procesos similares como los presentados en San Martin-Caso J.L.M.M. (2009), Huaraz- Caso J.L.M. (2011), Ica- Caso D.S.M. (2011), Ucayali-Caso J.C.C.M. (2011) y Lima-Caso N.H.C.C. (2010).
 
 
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