Lima,
   
 

            
 
A 11 AÑOS DE LA ENTREGA DEL INFORME FINAL DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN (CVR) LAS MUJERES SIGUEN ESPERANDO JUSTICIA  
 
Casos de violaciones sexuales en Huancavelica durante la época del conflicto armado interno, continúan pendientes de juicio, las mujeres reclaman justicia efectiva y garantías para el debido proceso.

El conflicto armado interno que se vivió en el país entre 1980 y el 2000, generó una serie de graves violaciones a los derechos humanos, cometidas por miembros de grupos subversivos y/o agentes del Estado o, por lo menos, permitidas por ellos, cuyas víctimas siguen sin encontrar justicia. El fenómeno de la violencia nos enfrentó a crímenes nunca antes vistos (como: la desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, y violencia sexual) que se cometieron a escalas escalofriantes, afectando a muchas personas. Uno de estos crímenes fue la violencia sexual contra las mujeres, en particular la violación sexual que, en algunas zonas del país, llegó a utilizarse como estrategia de guerra, cometiéndose de manera generalizada y hasta sistemática.

De este penoso período también constatamos una dramática realidad: “la pobreza y exclusión social crearon un contexto favorable para que determinados grupos y comunidades fueran víctimas en el conflicto.  Fue directamente proporcional esta relación, esto quedó reflejado en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y hoy el Consejo de Reparaciones (CR) lo confirma señalando que las regiones más afectadas son las más pobres del país”, mencionó Víctor Álvarez, abogado. 

“En el caso de las mujeres, además, el conflicto agudizó los patrones históricos de discriminación y marginación basados en el género, que les negó oportunidades, derechos y el ejercicio de su ciudadanía. Fueron las mujeres de estas zonas las que mayor violencia sexual sufrieron”, señaló María Ysabel Cedano, directora de DEMUS.

La CVR señaló en su Informe Final que “…la violencia sexual, fue una práctica generalizada y subrepticiamente tolerada, pero en algunos casos fue abiertamente permitida por los superiores inmediatos, en determinados ámbitos. Tuvo lugar en el desarrollo de incursiones militares, pero también en el interior de ciertos establecimientos del Ejército y de las Fuerzas Policiales…”, y pudo haber alcanzado “…en determinadas provincias de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac un carácter sistemático vinculado a la represión de la subversión…” (1) . 

Estas regiones fueron el escenario de dolor y padecimiento de un gran número de mujeres, muchas de ellas niñas y adolescentes en ese momento, por las violaciones sexuales que sufrieron de manera generalizada entre 1984 y 1991. Gracias a una diligente y empecinada labor de recopilación de testimonios y evidencias de parte de organizaciones de la sociedad civil más el trabajo esforzado y riguroso del Ministerio Público, se logró la formalización de la denuncia penal por la violación sexual cometida por miembros del Ejército peruano contra nueve jóvenes mujeres de dichas localidades. Luego de muchos años, en marzo y noviembre de 2009, se abrió proceso penal contra 18 miembros del Ejército que cumplieron servicio o funciones en bases militares de estas zonas por la comisión del delito de Violaciones Sexuales como crímenes de Lesa Humanidad. 

Este es un gran paso en la administración de justicia de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, pues permite destacar en su real dimensión al crimen de violación sexual sin asimilarlo a ninguna otra figura penal para su juzgamiento, y posibilita la aplicación de las consecuencias que traen consigo estos ilícitos: la imprescriptibilidad de su persecución penal, la inaplicación de excepciones, amnistías o indultos; y la jurisdicción universal. 

“No debe perderse de vista que estamos ante casos muy complejos. El Poder Judicial tiene ante sí un fenómeno inédito que debe ser abordado con instrumentos jurídicos y procesales distintos a los usuales por las especiales circunstancias que rodearon estos hechos y sus características dramáticas. Adicionalmente a lo señalado, será necesario que en el juicio oral que, confiamos, se llevará a cabo, se valore el contexto de violencia generalizada y de discriminación por razones de género; se pondere las pruebas, sobre todo las versiones de las propias agraviadas, sus familiares y pobladores de la zona, de manera integral y considerando la situación de terror y amplio poder de los miembros del Ejército en estas zonas; y, además, que se cuente con psicólogas/os expertas/os como soporte para las agraviadas que tendrán que declarar nuevamente lo que les tocó sufrir” mencionó la directora de DEMUS.  

En el plano material, urge la dotación de recursos suficientes para que el juicio oral pueda desarrollarse en los lugares donde residen las víctimas, no solo para asegurar su participación, sino sobre todo, para que se sientan seguras y tengan las mismas condiciones para intervenir en el proceso penal que los agresores señalados.

“El proceso judicial seguido por estas violaciones sexuales cometidas contra las mujeres de estas localidades se encuentra detenido desde noviembre de 2013, a la espera del pronunciamiento que debe hacer el Fiscal Superior a cargo de la Tercera Fiscalía Superior Nacional, quien decidirá si formula acusación o no contra los 18 miembros del Ejército, entre oficiales, sub oficiales y personal de tropa, sindicados de cometer estos crímenes; y, de ser así, si mantendrá el delito por el que se les ha venido procesando: violación sexual como crimen de lesa humanidad”, señaló Víctor Álvarez.

Esta dilación, de casi un año, en el proceso, debido a cuestiones procedimentales y a formalidades que no se cumplieron en su momento, es preocupante; sin embargo esperamos que se pueda recuperar el tiempo transcurrido y que pronto el Fiscal Superior se pronuncie emitiendo su acusación, que permita llevar a juicio a los sindicados como perpetradores. 

A 11 años de la entrega del Informa Final de la CVR, debemos exigir que el Poder Judicial dé atención prioritaria a los casos de violencia sexual ocurridos durante el conflicto armado interno en el país, así como a las otras graves violaciones a los derechos humanos de mujeres y hombres. Es urgente, para ello, la aprobación de una directiva que señale las pautas y criterios que se requieren para este tipo de casos, como la competencia exclusiva de los juzgados, la valoración de las pruebas y el control de los plazos procesales para evitar las dilaciones que se traducen en impunidad.  

[1] Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Tomo VII, Capítulo 2; Tomo VI, Sección Cuarta, pág. 304.
 
Lima, 27 de agosto de 2014.

Contactos de prensa:
Mariela Jara – 986 264 356. 
Mariel Távara – 980 252 489.
 
|
| |
  DEMUS ® Derechos Reservados