Lima,
   
 

            
Ante la trato de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República

 

PROMOTORAS DE LA CAMPAÑA “DÉJALA DECIDIR” EXIGEN TRATO DEMOCRÁTICO, JUSTO, LAICO E IMPARCIAL. 

Desde que el debate sobre despenalización del aborto en casos de violación se inició el 16 de abril, fecha límite del plazo para la discusión en la Comisión de Justica y DD.HH. del Congreso de la República, su presidente, el congresista Juan Carlos Eguren, ha promovido un informe desinformado e incluso intentó convocar una sesión extraordinaria para archivar la norma sin invitar a las organizaciones a sustentar esta iniciativa ciudadana -respaldada por más de 64 mil personas-, tal como ordena la ley de participación ciudadana.

"No está siendo un debate bajo las reglas del Congreso. Por una parte, el Ministerio Público y el Poder Judicial recibieron la invitación 24 horas antes de iniciar la sesión”, afirma María Ysabel Cedano, directora de DEMUS. Curiosamente, ambos organismos cuentan con una opinión favorable a esta iniciativa. Gladys Vía, de Católicas por el Derecho a Decidir, rechaza de manera rotunda las difamaciones que vertió Amparo Medina, Presidenta de la Red Pro-Vida y Familia de Ecuador -ponente extraoficial en la última sesión de la comisión- sobre la financiación de la misma y las demás organizaciones. Rossina Guerrero, directora de incidencia de PROMSEX denuncia la “permisividad de la calumnia y la difamación”. “Nuestro sentir como organización es de indignación. Se trata de una iniciativa ciudadana y el Congreso debió centrar su esfuerzo en ser una representación de ésta, respetando los procesos, y el principio de laicidad del Estado”, declara María Elena Reyes, directora de Manuela Ramos.  

Las organizaciones promotoras, agrupadas en el colectivo Déjala Decidir denuncian inequidad en el debate, trato desigual, representación excesiva de voceros vinculados al Episcopado, maltrato a representantes de instituciones a favor de la iniciativa ciudadana y también difamación a instituciones nacionales e internacionales que han trabajado por promover el derecho a decidir de una mujer en casos de violación. Asimismo, demandan la convocatoria de representantes de instituciones de carácter laico con argumentos científicos, ya sea a favor o en contra del proyecto de ley. 

Hay que recordar que los congresistas el pasado martes (28 de abril) durante la sesión de la Comisión de Justicia permitieron que se desvirtuara el debate y se realizaran difamaciones en contra de diversas instituciones. Por un lado, se cuestionó la opinión técnica a favor del Proyecto de Ley emitida por el Poder Judicial, cuestionando la imparcialidad de la misma y su legitimidad. Sin embargo, se escuchó y respaldó que el representante legal del Arzobispado de Arequipa: Juan Velásquez, junto con la representante de la Comisión Episcopal de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Peruana: Carol Maraví; expusieran en contra del Proyecto de Ley sin presentar ningún sustento legal y brindando ideas equivocadas sobre el carácter vinculante de los tratados internacionales que el Estado peruano ha firmado y por los que se le exhorta a despenalizar el aborto en estos casos. 

Del mismo modo, la Presidenta de la Red Pro-Vida y Familia, difamó a la Colectiva por la Libre Información para las Mujeres, a la ONG Católicas por el Derecho a Decidir y al Fondo de Población de las Naciones Unidas, a quienes acusó de impulsar el aborto en nuestro continente y de tener fines de lucro para esta (supuesta) iniciativa. Asimismo, se vienen realizando difamaciones sobre los montos que manejan algunas de las ONGs impulsoras de esta iniciativa ciudadana. 

Asimismo, durante el debate el pasado martes se hizo referencia al caso de las esterilizaciones forzadas. Para María Ysabel Cedano de DEMUS “la única política contra la maternidad en el Perú fueron las esterilizaciones forzadas, el caso Mamerita Mestanza es emblemático de ello. Rechazamos las declaraciones de la congresista Chávez que niega estos hechos, ya reconocidos como graves violaciones a los derechos humanos por el Ministerio Público. Las esterilizaciones forzadas son delitos de lesa humanidad”. 

 

 
 
|
| |
  DEMUS ® Derechos Reservados