Lima,
   
 

            
 Nota de prensa
 
El caso de las esterilizaciones forzadas sigue estancado
  • Hace un año las organizaciones presentaron un recurso de queja por su archivamiento parcial. 
  • Expresan preocupación por el devenir del caso ya que el fiscal Landa ha postulado a una nueva plaza, dejando abierta la posibilidad de ser elegido un nuevo fiscal provisional. 

Un año después desde que diversas organizaciones de la sociedad civil presentaran el recurso de queja por el archivamiento parcial del caso de las esterilizaciones forzadas, sigue sin resolverse. “Esta dilación, sumada a los 18 años que ya tiene el caso sin solución, sin haber salido de etapa preliminar, es un hecho incontrovertible de impunidad”, afirma Julio Arbizu, abogado de algunas víctimas de esterilización forzada.

En enero de 2014, una nueva resolución frustra las esperanzas de las mujeres por encontrar justicia. La Fiscalía Provincial de Lima decidió archivar las investigaciones contra Fujimori y sus ex ministros, argumentando que no existió una política de Estado  y que los médicos fueron  los únicos responsables de las más de 2000 mujeres  que  denunciaron haber sido esterilizadas  sin su consentimiento. 
 
El caso  todavía no está cerrado, pero las decisiones tomadas en la investigación  de este crimen generan dudas y sospechas. El ex fiscal de la Nación, José Peláez,  retiró la competencia para la investigación del caso a la fiscal de segunda instancia Carmen Ibáñez,  a quien le correspondía por  ser su turno,  y lo  transfirió a Luis Antonio Landa, fiscal de  la Tercera Fiscalía Superior Nacional.
 
Las organizaciones feministas  presentaron hace un año un pedido de nulidad por la decisión del ex fiscal, pues alegan que se realizó sin la “debida motivación”, vulnerando el principio de fiscal natural.  La única motivación que se sostuvo fue la excesiva carga que tenía presuntamente la fiscal Ibáñez, carga que también tiene el fiscal Landa.  Es por ello, que a través de la decisión de la Fiscalía de la Nación se dijo que el fiscal Landa asumiría de manera exclusiva el caso de las esterilizaciones forzadas. No obstante, esta decisión se revocó dos días después, a pedido del mismo fiscal Landa quien sostuvo que podía encargarse del caso, además de toda su carga previa. 
 
Asimismo,  las organizaciones feministas, de derechos humanos, y la parlamentaria andina Hilaria Supa, expresan su preocupación por el devenir del caso. “Tenemos entendido que Luis Landa, según el Consejo Nacional de la Magistratura, ha sido elegido como Fiscal Superior titular de Fiscalía del Crimen organizado, seguramente será removido del caso, lo que con toda seguridad sumará más dilación porque el nuevo fiscal tendrá que empezar de cero”, declaran las convocantes. “No queremos más fiscales provisionales, pues la provisionalidad se presta a presiones políticas que, en este caso particular, tienen al fujimorismo detrás”, declara Maria Ysabel  Cedano, directora de Demus.  

El caso de las esterilizaciones forzadas, en el punto de mira de los organismos internacionales de derechos humanos 
 
El gobierno de Alberto Fujimori llevó a cabo una política de esterilizaciones forzadas, bajo el llamado Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar entre 1996 y 2000,   para erradicar la pobreza. El programa alcanzó a casi 300 mil mujeres y 22 mil varones. 
 
En 1999, DEMUS, APRODEH, el Centro de Derechos Reproductivos, CLADEM y CEJIL llevaron el caso de María Mamérita Mestanza Chávez, fallecida tras ser esterilizada de manera forzada en Cajamarca, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el 2003 el Estado peruano y la CIDH suscribieron un Acuerdo de Solución Amistosa para el caso. Con este acuerdo, Perú aceptó su responsabilidad por la violación de derechos humanos y se comprometió a investigar y sancionar a todos los responsables, incluidos los responsables políticos que resulten implicados, así como a reparar a las víctimas siguiendo las recomendaciones emitidas por la Defensoría del Pueblo. 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en la última evaluación al Estado peruano,  expresó su preocupación  debido a que “los casos de algunas de las víctimas de  las  esterilizaciones forzadas no hayan sido investigados de manera efectiva  y no hayan recibido ningún tipo de compensación”. 
El Comité recomienda en su informe que el Estado “identifique a todas las mujeres víctimas de violencia durante el conflicto armado interno, investigue, procese y sancione a los perpetradores y proporcione reparaciones individuales a las mujeres que sufrieron algún tipo de violencia”. 
 
Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) en su último informe “lamenta” el archivamiento de la investigación, y exhortó al Estado a “reiniciar la investigación del caso de las víctimas de esterilización forzosa, velando porque los responsables sean debidamente sancionados y que las víctimas  reciban una reparación adecuada”. 

Lima, 4 de febrero de 2015
 
 
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