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A doce años del Informe Final de la CVR, víctimas de violencia sexual no obtienen justicia ni reparaciones integrales por parte del Estado

28 AGO 2015
Notidemus

Hoy, al cumplirse doce años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, y en el último año del Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer (2009-2015), es alarmante constatar el limitado avance del Estado Peruano en su obligación de otorgar justicia y reparación a las miles de mujeres violentadas sexualmente durante el conflicto armado interno.

DEMUS (Lima, 28 de agosto).- Hoy, al cumplirse doce años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, y en el último año del Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer (2009-2015), es alarmante constatar el limitado avance del Estado Peruano en su obligación de otorgar justicia y reparación a las miles de mujeres violentadas sexualmente durante el conflicto armado interno. Gran deuda si se toma en cuenta que, según las cifras de la CVR, el 83% de los perpetradores de actos de violación y otros tipos de violencia sexual (desnudos forzados, tortura en órganos genitales, abortos forzados, servidumbre sexual, etc.) fueron miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

Reparaciones estancadas

Las cifras son desalentadoras. De los 5,841 casos[1] listados en el Registro Único de Víctimas (RUV), solo 2,963 personas recibieron una reparación a nivel económico de solo 10 mil soles. La Autógrafa de ley del Plan Integral de Reparaciones (PIR) observada el año 2012 por el Ejecutivo,  reconocía  a las víctimas de violación y de otros tipos de violencia sexual otorgándole su derecho a  reparaciones. La Autógrafa se encuentra estancada desde hace tres años en la Comisión de Justicia y DDHH del Congreso.  En todo este tiempo, el Legislativo no ha mostrado interés en fijar fecha para dictaminarla en la Comisión, debatirla y aprobarla en el Pleno.

“La Autógrafa que modifica la Ley PIR fue observada por Ollanta Humala aduciendo que el Congreso no tiene iniciativa de gasto público y que de aprobarse se tendría que ampliar el Registro Único de Víctimas lo que alteraría el presupuesto programado. Fue devuelta al Congreso. Ahora es momento de dictaminarla y pasarla al Pleno.El congresista Eguren, nuevamente a la cabeza de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, tiene responsabilidad política por no haber priorizado este proyecto en su agenda. Si el proyecto no se aprueba en este Congreso, va a regresar a fojas cero”, advierteMaría Ysabel Cedano García, directora de DEMUS.

“Exigimos al Presidente de la República, al Presidente del Consejo de Ministros y al Gabinete en Pleno, la voluntad política para invertir en el plan de reparaciones integrales de modo suficiente y adecuado”, agregó.

La desidia del Ejecutivo en este tema contradice las directivas de su propio Plan Nacional contra la Violencia a la Mujer[2], que tiene una agenda específica para las víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado interno. El Plan vence este año y la agenda está lejos de cumplirse.

Por ejemplo, en el Plan se lee:

Inclusión de todas las formas de violencia sexual dentro del Plan Integral de Reparaciones – PIR. Diseño e implementación de un marco legal específico para la protección de las víctimas de violencia sexual durante el período de violencia terrorista, así como de sus hijos. Adecuación de la normativa interna al Estatuto de la Corte Penal Internacional -Estatuto de Roma- . Ordenanzas regionales y locales asignan recursos presupuestales con metas y resultados para garantizar el acceso a la reparación individual y colectiva de las mujeres víctimas de violencia sexual durante el período de violencia terrorista”.

Desde el 2010, DEMUS ha enviado diversas misivas al Ministerio de Justicia y Comisión Multisectorial de Alto Nivel para el seguimiento a la política de reparaciones (CMAN) para proponer la incorporación de lineamientos de reparación integral a víctimas de violencia sexual. Asimismo se ha solicitado conformar una comisión técnica multisectorial que se enfoque en la agilización de las reparaciones integrales para víctimas de violencia sexual, hasta el momento no hay avances en este sentido. “Queremos señalar que el Estado no está respondiendo con reparar de manera integral a las víctimas del conflicto armado interno en casos de violencia sexual. Se requiere, sobre todo, reparaciones en salud mental, sexual y reproductiva. Eso no existe”, exige Sara Ramírez, politóloga de DEMUS.

Sin justicia

Las cifras de casos de violación llevados a juicio son ínfimas. De las 19 investigaciones realizadas en en años recientes, solo cinco casos han sido judicializados. Entre ellas, resalta el caso de las localidades de Manta y Vilca, caso patrocinado por DEMUS e IDL, que ha colocado en el banquillo a catorce miembros del Ejército[3]. Este, junto a otros tres casos, se encuentra ya en etapa de juicio oral.

“Hasta hoy, ningún juicio por violencia sexual durante el Conflicto Armado Interno ha llegado a sentencia. Es decir no hay ninguna persona en la cárcel por estos crímenes sistemáticos contra los derechos humanos de las mujeres”, señala Rossy Salazar, abogada de DEMUS.

Ante este panorama, DEMUS demanda que:

  • Que se inicie el juicio oral en el caso Manta y Vilca, que en todos los juicios de este delito se cumpla con el debido proceso, para que las mujeres accedan a justicia.
  • La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso presidida por el congresista Eguren, debata y apruebe  la Ley autógrafa del Plan Integral de Reparaciones (PIR).
  • El listado de tipos de violencia sexual contemplados en el PIR quede como cláusula abierta ante la posible aparición de nuevas modalidades de violencia sexual hasta ahora no registradas.
  • La Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) establezca una política de reparaciones integrales para las víctimas de violencia sexual con protocolos de atención, programas de educación y salud, indemnización económica, acceso a programas sociales que les beneficien, y reparaciones simbólicas que señalen la voluntad del Estado en resarcir a las víctimas

Más datos

  • El Registro Único de Víctimas reporta 4061 casos de violación sexual, 1420 casos denunciados de otras formas de violencia sexual y 145 hijas e hijos producto de violaciones sexuales. MINJUS, cifras a agosto del 2015.
  • Ayacucho, Apurímac y Huancavelica son las regiones en las que se registraron mayor número de violaciones sexuales.
  • El 3% de víctimas de violación y violencia sexual registrados en el RUV son mujeres.
  • Según cifras de la CVR, las víctimas eran en su mayoría quechuhablantes (75% de los casos), de origen rural (83%), campesino (36%) o amas de casa (30%).
  • La Base de Datos de la CVR registra que la mayoría de víctimas de violación se encontraban entre los 10 a 29 años.
  • LA CVR determinó que los actos de violación imputables al Estado corresponden al 83% de los casos, y un 11% a los grupos subversivos SL y MRTA.

 

Contacto

Milagros Olivera Noriega (980 525 489) / milagros@demus.org.pe

[1] Información proporcionada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en respuesta a la solicitud de transparencia y acceso a la información pública mediante oficio N° 1538 el 14 de Agosto del 2015.

[2] Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer (2009-2015) a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

[3] Dentro de este caso, DEMUS patrocina la defensa de tres víctimas.

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