En la ciudad de Lima del 7 al 9 de agosto, 38 Estados y sociedad civil feminista, LGBTIQ+, indígena y joven participan e inciden en la III Conferencia Regional de Población y Desarrollo – CRPD.
En 1994, se realizó la Conferencia internacional sobre población y desarrollo en El Cairo en la que se aprobó un Programa de Acción donde se reconocen los derechos reproductivos, el derecho a la salud sexual y reproductiva. El 2013, se aprobó el Consenso de Montevideo para cumplir con objetivos del programa de acción en la región y el Estado peruano también se comprometió con medidas para lograr la igualdad de género y erradicar diversas formas de violencia de género como la esterilización forzada; además, reconoció a lesbianas, bisexuales y trans. En el 2015, aprobaron indicadores para reportar los avances y desafíos.
Lamentablemente, el Estado peruano en su Informe Nacional no dice una sola palabra sobre medidas para atender a las víctimas de las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Fujimori y lo reportado sobre derechos LGBTIQ+ es pobre.
Lo más preocupante es que el proyecto de Resolución de la III CRPD podría ser un retroceso ya que no menciona medidas para garantizar los derechos humanos y la igualdad de género, siendo ésta última el Acuerdo N° 57 y medida prioritaria del Consenso de Montevideo.
El punto 2 del proyecto de la Resolución señala: «Reconoce que el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, así como el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y los resultados de su examen, han contribuido a sentar las bases para el desarrollo sostenible con igualdad y perspectiva de derechos en la región, y que la implementación plena, eficaz y acelerada del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo contribuirá de manera significativa a la ejecución y examen del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo después de 2014 y a la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la región, al tiempo que asegurará que nadie se quede atrás»
– No se habla sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos, ni de los derechos LGBTIQ+. No se hace referencia expresa a la variable de orientación sexual e identidad de género, por ejemplo con relación a datos sobre población.
El punto 16 del proyecto de Resolución sostiene: «Alienta a los Gobiernos a que pongan especial empeño en fortalecer sus sistemas de registro civil, estadísticas vitales e información sanitaria y a que desarrollen la capacidad de las instituciones y mecanismos nacionales competentes para producir los datos de población, desglosados por sexo, edad, geografía, ingresos, condición étnico-racial, condición migratoria, discapacidad y otras características pertinentes, que sean necesarios para realizar una evaluación precisa de la implementación del Consenso de Montevideo»;
– No consideran una vida libre violencia, en particular la violencia sexual, el embarazo y maternidad infantil. Ni al consentimiento previo, libre e informado con enfoque de género e interculturalidad. No hay referencia a la prevención de las esterilizaciones forzadas como política ni rechazo a la impunidad y ausencia de reparación para las víctimas de esterilizaciones forzadas en el Perú.
Exigimos a los Estados que respeten el principio de Derechos humanos de progresividad y adopten las siguientes medidas:
1. Los Estados deben adoptar políticas nacionales para garantizar la igualdad de género (Acuerdo N° 57 del Consenso de Montevideo)
2. Rechazamos la Campaña regional contra el enfoque de género al que llaman ideología
3. Exigimos que los Estados adopten medidas para prevenir y garantizar los derechos de las niñas víctimas de embarazo y maternidad infantil
4. Rechazamos la persistente impunidad de las esterilizaciones forzadas en Perú que configuraron crimen de lesa humanidad. El consentimiento previo, libre, informado debe ser garantizado en toda la región con enfoque de género e interculturalidad
5. Los Estados deben adoptar políticas de protección integral para las Defensoras de Derechos humanos en lugar de crimininalizar y avalar persecución y ataques