Cuestiones y preguntas del Comité CEDAW al Estado Peruano
La historia a narrar inició hace más de 30 años, cuando en marzo de 1984 llegaron a las localidades de Manta y Vilca (Huancavelica) miembros del Ejército peruano.
¿Cuál era su objetivo? Contrarrestar las acciones terroristas de Sendero Luminoso en la zona, para lo que construyeron una base militar. Sin embargo, utilizaron ese espacio para cometer actos de tortura, violencia física y sexual en contra de las pobladoras y pobladores.
La Base Militar que se instaló en Manta estuvo activa durante catorce años. Al interior, ocurrían ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, etc.
En este contexto, las violaciones sexuales eran comunes, debido al enorme poder político y al manto de impunidad que revestía a los militares, así como la excesiva permisividad por parte de sus mandos.
En Manta y Vilca, así como en otras ciudades de Perú, se violó sexualmente a las mujeres -como estrategia militar o como parte de ella- en el periodo del conflicto armado. Es por eso que afirmamos que se trató de una práctica sistemática.
Hasta la fecha, 4405 mujeres víctimas de violación sexual se han inscrito en el Registro Único de Víctimas (RUV) y 2963 han recibido una reparación únicamente económica. Ninguna ha obtenido justicia.
El camino para obtener justicia en estos casos ha sido largo y dificultoso. En el 2004, se realizaron las primeras investigaciones preliminares en la Fiscalía de Huancavelica. El 2007, se formalizó la denuncia realizada por las víctimas y posteriormente se inició el proceso penal.
El expediente se encontraba en la Tercera Fiscalía Superior Nacional desde noviembre de 2013. En marzo, después de un año y medio de tensa espera, finalmente el fiscal a cargo formuló acusación contra los 14 miembros del Ejército, entre oficiales, sub oficiales y personal de tropa, sindicados de cometer estos crímenes. Las penas que ha solicitado fiscalía oscilan entre los ocho hasta los 20 años de privación de la libertad.
Este es el segundo caso por este delito (violencia sexual como delito de Lesa Humanidad) que entrará a juicio oral, de los 19 casos denunciados a nivel nacional. DEMUS velará porque se realice un correcto proceso penal. Para nuestra institución, es importante reconocer la labor conjunta realizada con el Instituto de Defensa Legal (IDL).
Por otro lado, consideramos que este avance en materia de justicia; la acusación fiscal, se constituye como parte del proceso de reparación para las víctimas, lo que ayuda a menguar el dolor de las afectadas y el proceso de recuperación de sus proyectos de vida.
Estamos a la expectativa de que la Sala Penal Nacional fije fecha para el inicio del juicio oral.
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