El Estado tiene pendiente identificar a las mujeres que fueron esterilizadas de manera forzada, mediante un Registro Único de Víctimas, y definir el sector responsable a cargo de diseñar e implementar esta política.
Cuestiones y preguntas del Comité CEDAW al Estado Peruano
El día de hoy se va a realizar una Reunión de Trabajo entre el Estado peruano, las representantes del Caso Mamerita Mestanza y los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En este importante encuentro conoceremos cuál es la posición del Estado sobre el acceso a la justicia y reparaciones integrales para las víctimas de esterilizaciones forzadas.
El Caso Mamerita Mestanza VS. Perú marca un precedente en la ruta de la justicia para las más de 2 074 víctimas que esperan justicia desde hace 19 años. Éste es el único caso reconocido por el Estado peruano y su Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) es fuente jurídica para la exigencia de justicia y reparaciones integrales para las mujeres esterilizadas de manera forzada.
Cabe señalar que este caso nunca ha sido llevado a juicio, siendo archivado en tres oportunidades, lo que muestra la indiferencia del sistema de justicia nacional ante casi dos décadas de impunidad. Actualmente el caso está siendo investigado en el Ministerio Público, por la fiscal Marcelita Gutiérrez, quien hasta febrero de 2016 debe emitir acusación sobre el mismo, definiendo el delito como crimen de lesa humanidad. Recién allí, el Poder Judicial determinará la responsabilidad directa y mediata a los implicados, como el ex – presidente Alberto Fujimori y sus ex – ministros de salud: Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga Recuenco; así como sanciones específicas.
En cuanto a las reparaciones integrales, a la fecha no existe una política pública dirigida a las mujeres afectadas. Inclusive, en el caso específico de Mamerita Mestanza, aún no se cumplen las reparaciones en salud y educación para sus hijas e hijos. El Estado tiene pendiente identificar a las mujeres que fueron esterilizadas de manera forzada, mediante un Registro Único de Víctimas, y definir el sector responsable a cargo de diseñar e implementar esta política.
El ASA emplaza al Estado peruano a tomar acciones concretas por medidas de no repetición de las esterilizaciones forzadas, entre ellas adecuar el nuevo Código Penal al Estatuto de Roma, que permite el reconocimiento de las esterilizaciones forzadas como delito de lesa humanidad.
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