CIDH expresa preocupación por situación de impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos en Perú

25 MAY 2017

Llama la atención de la delegación del gobierno peruano en casos esterilizaciones forzadas, violencia sexual durante conflicto armado y la no implementación de la Ley de Búsqueda de Desaparecidos

En el marco del 162 periodo de sesiones en Buenos Aires, Argentina, tras la exposición de organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expuso ante la delegación del gobierno peruano su preocupación por la situación de impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos, como las esterilizaciones forzadas, la violencia sexual durante el conflicto armado, además de otros crímenes que involucran al personal de las fuerzas armadas.

Los comisionados Margarette May Macaulay, Esmeralda de Troitiño y Paulo Vannuchi, así como Paulo Abrau, secretario ejecutivo de la CIDH, escucharon a la sociedad civil representada por Ana María Vidal de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal, Walter Vargas, abogado de Aprodeh, David Velazco de Fedepaz y María Ysabel Cedano, directora de Demus.

Ana María Vidal expresó la preocupación porque a un año de la promulgación de la Ley de Búsqueda de Desaparecidos, el ejecutivo no cumple con implementarla. Así mismo, en una coyuntura dónde el fujimorismo presiona por el indulto de Alberto Fujimori nuevamente, cuestionó el proyecto de ley del fujimorista Carlos Tubino que propone “cárceles doradas” para policías y militares investigados y procesados por graves violaciones a los derechos humanos, y por el intento de reescribir el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

La comisionada Margarette May Macaulay mostró su preocupación por el riesgo de impunidad en el caso de esterilizaciones forzadas ocurridas en el gobierno de Alberto Fujimori y cuyas víctimas aún no acceden a justicia a 20 años de los hechos.

La sociedad civil le recordó a las y los comisionados que en el mes de diciembre último, el gobierno se comprometió a explorar la creación de un grupo de trabajo para reparar integralmente a las víctimas de esterilizaciones forzadas, lo que ha quedado trunco.

SISTEMA DE JUSTICIA, LESA HUMANIDAD Y CRIMINALIZACIÓN

Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), aprovechó la oportunidad para dar cuenta de problemas concretos que en la actualidad mantiene el sistema de justicia y que están evitando que las víctimas de graves violaciones a derechos humanos accedan a justicia.

“Existen pocos fiscales y jueces para este tipo de casos, además de la demora de los procesos judiciales. Son pocas las sentencias emitidas; de 78 sentencias, 41 corresponden a desapariciones forzadas y de ese número 17 son condenatorias y 26 son absolutorias. Hacemos un llamado de atención firme y clara, porque resulta indispensable que esa situación cambie en el corto plazo, dado de que el Perú tiene obligaciones internacionales que seguramente en corto tiempo la CIDH va a reclamar. Existe el riesgo de que se generen nuevos mecanismos de impunidad”, puntualizó.

En tanto, María Ysabel Cedano, directora de Demus, señaló que la impunidad en el caso de violencia sexual durante el conflicto armado interno se agrava por la revictimización y discriminación que enfrentan las víctimas. “Más de 5 mil víctimas en el Registro Único de Víctimas y solo una sentencia condenatoria. En Perú, los y las magistradas carecen de perspectiva de género y no cumplen con aplicar los estándares nacionales e internacionales en DDHH para juzgar casos de violencia sexual. No hay condiciones para que las víctimas de violencia sexual tengan un juicio justo”, sostuvo.

La representante del Ministerio Público, Luz Ibañez, aceptando la recomendación de la CIDH, convocó a la sociedad civil a una mesa de trabajo sobre los obstáculos que se presentan para el acceso a justicia de las víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado interno.

Walter Vargas, abogado de Aprodeh, destacó que el comisionado Paulo Vanucchi, encargado de la nueva Unidad sobre memoria, verdad y justicia de la CIDH, destacara la necesidad de que el Estado cumpla con la identificación y entrega de información sobre el personal de las fuerzas armadas involucrados en investigaciones y juicios de violaciones a DDHH ocurridas durante conflicto armado interno.

“Esta recomendación del comisionado da cuenta del incumplimiento del Estado para identificar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, que favorece la situación de impunidad en la que se encuentran muchos casos. Ocurre que sistemáticamente cuando el PJ y el MP solicitan información al Ministerio de Defensa, no las entregan, argumentando que no existe o ya fue destruida y es obstaculiza que investigaciones y juicios avancen”, señaló.

Finalmente,  David Velazco, de FEDEPAZ, resaltó que la CIDH expresara preocupación porque se aprueben normas que van a ser utilizadas para continuar criminalizando la protestas social, como la ampliación de los supuestos de detención preliminar policial a 15 días, “una figura que bajo el argumento de la seguridad ciudadana buscar pretexto para criminalizar a la protesta y a los defensores de derechos”.

Por la delegación peruana estuvieron el procurador supranacional Yvan Bazán, el juez supremo José de la Barra Barrera y la fiscal superior Luz Ibañez.

 

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