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CIDH llama atención al Estado peruano por indulto y gracia a Fujimori y pide sanción por esterilizaciones forzadas

06 MAR 2018

El pasado viernes 2 de marzo, en el marco del 167° Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se discutió en audiencia convocada por este órgano internacional el impacto del indulto y gracia presidencial a Fujimori en los derechos humanos. Las organizaciones participantes solicitaron a la CIDH que reafirme la posición de que se revoque el indulto a Alberto Fujimori, que se exija información al Estado peruano sobre el cumplimiento de la garantía del derecho a la justicia de las víctimas de los casos Pativilca, Barrios Altos, La Cantuta y Esterilizaciones forzadas, además de sostener una reunión con las víctimas y deudos.

El petitorio fue presentado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Instituto de Defensa LegaL, APRODEH, DEMUS, CEJIL, CELS, Fedepaz, la Asociación Abuelas Plaza de Mayo, el Centro de Derechos Reproductivos y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

Ana María Vidal de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos señaló que se debe instar al Estado a través de la Fiscalía y al Poder Judicial, que realicen su labor de acuerdo a los estándares desarrollados por el sistema interamericano y con la independencia judicial necesaria que permita inaplicar cualquier disposición que genere impunidad y niegue el derecho a las víctimas a la verdad, justicia y reparación.

También se solicitó una recomendación general para evitar que en la región, el indulto quede como un precedente nefasto y se reafirmen estándares en derechos humanos que impidan nuevos casos de graves violaciones a los derechos humanos.

A su turno, Carlos Rivera del IDL señaló las irregularidades del indulto humanitario, narrando las inconsistencias de exámenes médicos y actuación del Ministerio de Justicia. En tanto, Christian Huaylillas de APRODEH manifestó la manipulación de la figura de la supuesta reconciliación nacional para beneficios políticos de un indulto irregular que no piensa justicia para las víctimas.

María Ysabel Cedano de DEMUS denunció que, por una parte, frente a las víctimas es claro que el otorgamiento de gracia contraría las obligaciones del Estado frente al Sistema Interamericano en al menos dos sentidos:  Por una parte, el Perú está incumpliendo los compromisos internacionales de justicia establecidos en el Acuerdo de Solución Amistosa del caso Mamérita Mestanza, firmado en el 2003, comprometiéndose ante comunidad internacional a realizar una exhaustiva investigación y sancionar a los responsables de esterilización forzosa de miles de mujeres; y por otra parte, está vulnerando una vez más los derechos a las garantías y la protección judicial de las víctimas y de sus familiares. El indulto y la gracia presidencial también son impunidad para las víctimas de esterilizaciones forzadas”.

Diana Carolina Moreno del Centro de Derechos Reproductivos remarcó la impunidad después de 20 años del caso Esterilizaciones forzadas y el grave impacto que tiene el otorgamiento de la gracia presidencial a Fujimori también frente al acceso a la verdad y justicia de las víctimas de esterilizaciones forzadas.

PRESIDENTA DE LA CIDH: “INDULTO ES UNA CACHETADA A LAS VÍCTIMAS”

En su intervención, la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, exigió al Estado peruano respeto para las víctimas de los crímenes de Fujimori y para la sociedad. “Nuestra responsabilidad es con las víctimas. Y las victimas sienten que indulto es una cachetada del Estado”.

Así mismo, se refirió a la lucha de las mujeres esterilizadas durante el gobierno de Fujimori que esperan justicia.

“En esterilizaciones forzadas, crímenes que podrían ser tratados de manera seria, los responsables deben ser sentenciados y encarcelados.  Tenemos que trabajar muy duro para que crímenes contra las mujeres se tomen en serio. No hubo procesos judiciales en ningún crimen cometidos contra estas mujeres, así que la Corte ahora está en capacidad de lidiar ahora con esos crímenes gracias a la lucha de las mujeres. Muchas mujeres han sido ignoradas, y sobre todo, la forma cómo se han dado estos (crímenes). Hay un dicho: ‘si usted comete delito, usted debe pagar ese tiempo’. Así que ¿cómo pueden ustedes reconciliarse con su gente?”, sostuvo Macaulay.

En otro momento, la comisionada chilena Antonia Urrejola llamó la atención del Estado peruano cuando los abogados Adrián Marcius Simons Pino y Jorge Villegas Ratti señalaron que “la reconciliación siempre es necesaria en nuestros países. Consideramos que no es sano que el duelo no tenga fin pues corre el peligro de transformarse en rencor”.

A lo que la comisionada Urrejola comentó: “El duelo no puede tener fin, uno no puede exigir a las víctimas que pongan fin a su duelo. Uno no puede tener duelo hasta que no se encuentren  los cuerpos de las personas desaparecidas y mientras no haya justicia”.

El comisionado Luis Ernesto Vargas Silva comentó: “La gracias concedida por el presidente viola el derecho de las víctimas a conocer la verdad”.

El secretario ejecutivo Paulo Abrão señaló a su turno: “Estamos hablando de graves violaciones a los DDHH y se está rompiendo la reconciliación cuando se provee la justicia con una mano y se la saca con la otra”.

DEMUS y el CDR esperamos que la CIDH responda al petitorio de las organizaciones de derechos humanos peruanas y se reúna y escuche a las víctimas.

 

Fotos DEMUS /Foto Margarette Macaulay: CIDH

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