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Comisaría se niega a registrar denuncia contra taxista por violencia lesbofóbica

13 OCT 2017

Rossana Díaz Iparraguirre es lesbiana y a la agresión sufrida por parte de un taxista que pudo haberla matado, se suma ahora la que comete la policía de la Comisaría de la Unidad Vecinal 3 de Cercado de Lima, que se niega a registrar su denuncia por lesiones por razones de odio basadas en la orientación sexual y delito de discriminación. Rossana no está segura ni en la calle ni con los agentes estatales que deberían brindarle seguridad a todos lxs ciudadanxs sin importar su orientación sexual e identidad de género.

Díaz Iparraguirre espera que el ministro del Interior, Carlos Basombrío, tomar las medidas correctivas, sancionar a los responsables y garantizar una investigación imparcial; así como las medidas preventivas para que los procesos formativos y de actualización del personal policial, incluyan un componente sobre los derechos humanos de la población TLGBI, de tal forma que violaciones de esta naturaleza no se vuelvan a repetir.

LOS HECHOS

Fue el domingo 17 de setiembre que Rossana Díaz paró un servicio de taxi en la calle y se apoyó con las manos en la ventana del auto para consultar la ruta, sin embargo, el conductor  Romel Carrion la llamó “machona de mierda, machona concha de tu madre, ¿cuánto quieres pagar?”. De inmediato, puso en marcha su vehículo KIA blanco de placa C6C-677, arrastrando a Rossana unos metros y dejándola tendida en la pista.

Los hechos ocurrieron en presencia de su pareja y transeúntes de la zona. Los ocupantes de otro vehículo que transitaba por la misma calle y persiguieron al taxista hasta que pudieron cercarlo, encararlo y tomarle foto a su rostro y a la placa.

En la Comisaría de la Unidad Vecinal 3 (UV3), a cargo del Mayor Eduardo Morales Alva, Rossana intentó poner la denuncia. Sin embargo, fue nuevamente revictimizada cuando el SO3 Díaz Pérez, pese a la insistencia de la víctima, se negó a registrar la denuncia como lesiones por razones de odio basadas en la orientación sexual y solo quedó como “lesiones contra la vida, el cuerpo y la salud”.

“Cuando una mujer va a poner una denuncia sobre violencia lesbofóbica termina siendo víctima nuevamente a manos de policías a cargo. Esto me ocurrió, el policía a cargo de la investigación sobre la agresión que sufrí me violentó nuevamente al escribir textos que no correspondían a la manifestación de la testigo y al gritarme cuando reclame por ello”, contó Rossana Díaz.

El policía ignoró el Código Penal vigente que se refiere a “Ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o discriminación, tales como el origen, raza, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión, condición económica, o de cualquier otra índole”. Están vigentes las modificaciones al artículo 46° inciso d) del Código Penal, mediante el Decreto Legislativo 1323 que debe ser defendido y no debe derogarse.

Rossana Díaz volvió a sufrir maltrato cuando brindó su declaración. El Superior Doria, jefe del sub oficial responsable de la investigación, le dijo que ella se vestía “como hombre”.

A pesar de que la testigo señaló que la agresión ocurrió por la orientación sexual de la víctima, ello no se consignó.

En el marco de la campaña Justicia Arcoíris que busca que operadores de justicia cuenten con herramientas para no discriminar, sean sensibles al enfoque de género e informados de estándares internacionales en derechos humanos, DEMUS, organización feminista que desde hace 30 años viene trabajando por la autonomía de las mujeres y su derecho de acceso a la justicia, ha enviado una carta al Ministro del Interior, Carlos Basombrío, explicándole que resulta inaceptable que una Comisaría se encuentre bajo la conducción de un oficial que desconoce el marco normativo de los derechos humanos y la legislación nacional vigente en el país, o que conociéndola, organiza el servicio de la Comisaría y la actuación de su personal, sobre la base de prejuicios y la discriminación por la orientación sexual de las personas, como si solo algunos sujetos con determinadas características fueran merecedores de la protección estatal, envileciendo a las otras víctimas”.

Asimismo, se está vulnerando el derecho a la igualdad y no discriminación consagrado la Constitución Política del Perú, el Código Penal; y, los deberes del Estado peruano, establecidos la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará).

En el Día de las Rebeldías Lésbicas Feministas en América Latina y el Caribe,  que se conmemora cada 13 de octubre, decimos: ¡No a la violencia contra las lesbianas!

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