Congresistas y organizaciones piden despenalizar aborto por violación sexual

La congresista Verónika Mendoza advirtió una vez más que se está atentando contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres al mantener la criminalización del aborto por violación con trabajo comunitario, agravar las penas en caso de aborto además de introducir la figura del aborto por ‘imprudencia’.

“El nuevo Código Penal que este Congreso pretende aprobar el día jueves constituye una grave amenaza a los derechos de las mujeres. ¡Con qué derecho este Parlamento y el Estado peruano que no protege a las mujeres de las violaciones, pretenden obligar a una mujer a que tenga el hijo de su violador! El sistema universal de derechos humanos es claro al calificado una maternidad forzada de una víctima por violación como trato cruel e inhumano”, sostuvo la legisladora.

Mendoza precisó que el nuevo Código Penal que promueve el congresista Juan Carlos Eguren no ha recogido las recomendaciones de las organizaciones de derechos humanos ni aquellas que laboran en defensa de los derechos de las mujeres. “¡Con qué derecho el congresista Eguren quiere obligar a las mujeres a continuar con esos embarazos que ponen en riesgo su salud y sus vidas! Es inadmisible que Congreso se haga cómplice de las muertes de mujeres por abortos clandestinos. Necesitamos un Código acorde a la democracia del siglo XXI”, enfatizó.

Recordó que el Perú lidera la tasa de denuncias por violación sexual en América Latina, que cada año el Ministerio Público recibe cerca de 20 mil denuncias y, al menos, el 29% de muertes maternas son por aborto clandestino.

“Exhortamos al Congreso a que no aprueba este Código Penal así como está, sino que abra un debate serio para lograr leyes de avance y no de retroceso”, sostuvo.

El parlamentario Sergio Tejada calificó como “incongruente, incoherente y populista” el nuevo Código Penal y destacó que no solo atenta contra las mujeres sino que desconoce también a los pueblos indígenas y comunidades campesinas.

Andrea Carrasco y Bertha Prieto, en representación de la campaña Déjala Decidir, respaldan el dictamen en minoría presentado por Verónika Mendoza que despenaliza el aborto en casos de violación sexual y exigen que se escuche la demanda social. Prieto, quien es integrante del colectivo Paremos el acoso callejero, calificó que Código Penal de  “injusto”, pues no da valor a las denuncias de las mujeres.

María Ysabel Cedano, directora de Demus y representante de CLADEM Perú, denunció que “el pepecismo y el fujimorismo, además de otras fuerzas conservadoras pretenden el uso y abuso del derecho penal para castigar a las mujeres por ejercer su derecho a decidir sobre sus cuerpos”. Se sobrecriminaliza a las mujeres que deciden abortar en caso de violación, se mantiene la criminalización de la protesta social,  pero no se sancionan los crímenes de odio, la discriminación por orientación sexual e identidad de género, ni declara la imprescriptibilidad de delitos de corrupción. Asimismo, exigió que no se retiren de la propuesta del nuevo código penal todas las formas de violencia sexual durante conflicto armado interno incluidas las esterilizaciones forzadas.

Liz Meléndez, de CMP Flora Tristán, expresó su indignación por el incremento de sanciones en materia de aborto “como una burla frente a una contexto en el que se demanda la despenalización del aborto por violación, una realidad que afecta sobre todo a niñas y adolescentes” que representan la tasa mayor de víctimas de abuso sexual.

Participaron en la conferencia de prensa en el hall de los Pasos Perdidos del Congreso: Campaña Déjala Decidir, CLADEM Perú, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Consejo Regional de la Mujer de Junín, Mujeres Creando Arequipa, FEMOOCPAALM, Paremos el acoso callejero, Demus-Estudios para la defensa de la mujer, Movimiento Manuela Ramos, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán (CMP), ForoSalud, Promsex, Médicos del Mundo Francia y Católicas por el derecho a decidir.

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