En algunos lugares del país, donde hubo bases militares, existió una política de Estado donde la violencia sexual fue parte de la estrategia antisubversiva.
Cuestiones y preguntas del Comité CEDAW al Estado Peruano
Isabel Rodríguez Chipana es el nombre de la mujer que denuncia a Daniel Urresti de violación sexual. Durante el juicio que se le sigue al exministro del interior por la muerte del periodista Hugo Bustíos, las declaraciones de Rodríguez Chipana no solo sindican a Urresti como el asesino del corresponsal de Caretas en Ayacucho. También remueven un tema silenciado del que muchos se resisten a hablar; el de la violencia sexual durante el conflicto armado interno, que constituyó un delito de lesa humanidad.
La historia que narra Isabel durante la audiencia por el crimen del periodista Bustíos ha llamado la atención, principalmente, por la reacción del acusado. Exaltado e intransigente; así vimos a Daniel Urresti en plena audiencia.
Según manifiesta, él no puede ser violador porque está felizmente casado desde hace más de 30 años.
Cuando la víctima dice ante la Sala que Daniel Urresti “abusó de mí”, el nacionalista aplaude. Cuando la mujer declara “yo cómo me voy a olvidar de este señor que a mí me ha violado”, Urresti se ríe de forma escandalosa.
Para él, se trata de una denuncia falsa porque quien la realiza –argumenta– es una ‘terruca’. “Aplaudí tremenda actuación, pues, tengo derecho. Pensé que estaba en una obra de teatro”, declaró a los medios al salir de la audiencia. “Esa mujer miente y la voy a denunciar por calumnia”, continuó.
“Los acusados de violación e incluso aquellos que son condenados por este delito, siempre apuntan a desacreditar y descalificar a la víctima tildándola de mentirosa, de vengativa, de puta y ‘terruca’, y los hombres son presentados como personas honorables, incapaces de violar. Es irrelevante el pasado sexual de la víctima. Es irrelevante si pertenecía o no a algún grupo subversivo. Y es irrelevante el estado civil de Urresti”, manifiesta María Ysabel Cedano, directora de Demus.
En el expediente de arrepentimiento que está en la Dircote y el Ministerio Público, se señala que ella voluntariamente declaró que fue obligada por Sendero Luminoso a darles víveres. Además, dice que en un par de oportunidades se vio obligada a acudir –junto a sus vecinos–a la Escuela Popular, centro de adoctrinamiento terrorista.
Para Cedano, “la violación que denuncia la señora Rodríguez no es un mero delito común. Esta encuadra en lo que el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación revela y que desde DEMUS hemos venido repitiendo, que en algunos lugares del país, donde hubo bases militares, existió una política de Estado donde la violencia sexual fue parte de la estrategia antisubversiva. Eso, en el derecho penal internacional, constituye un delito de lesa humanidad”.
El expediente también señala que Rodríguez no fue un cuadro de Sendero Luminoso. Nunca tuvo un atestado, ni fue sentenciada por terrorismo. En conclusión, así como no es lícito llamar violador ni asesino a Daniel Urresti hasta que la justicia lo determine, tampoco es lícito llamar terrorista a Isabel Rodríguez.
Incluso desde 1990, Isabel fue parte de las rondas campesinas, agrupaciones creadas para enfrentar la violencia terrorista. En un reportaje emitido el domingo 4 de octubre en Cuarto Poder, ella cuenta que recordar ese episodio “me da mucha pena, mucho dolor, me siento muy mal. Todas esas cosas yo no merezco”.
Además, el Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) determina que “a lo largo del conflicto armado que se vivió en el país, se produjeron numerosos actos de violencia sexual contra las mujeres peruanas por agresores provenientes tanto del Estado como de los grupos subversivos”.
El hecho de que la denuncia de violación sexual haya surgido en el contexto del juicio por el asesinato del periodista Hugo Bustíos refuerza otro de los puntos manifestados por la CVR: “Otra de las razones que contribuyen a la invisibilización de los casos de violencia sexual tiene que ver con que estos hechos se dan en el marco de otras violaciones de derechos humanos (masacres, detenciones arbitrarias, ejecuciones arbitrarias, tortura) lo cual hace que se pierda el detalle de los casos de violencia sexual y se priorice el relato de las otras violaciones de derechos humanos”.
¿Por qué la violencia sexual durante el conflicto armado interno es una problemática silenciada? Durante mucho tiempo –se lee en el Informe Final– la violencia sexual fue vista como un daño colateral o un efecto secundario de los conflictos armados y no como una violación de derechos humanos, con lo cual estos hechos no sólo no han sido denunciados, sino que además se les ha visto como normales y cotidianos.
Otro de los pendientes del Estado peruano es la justicia para las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado interno. Demus está patrocinando tres casos de violencia sexual en este contexto.
“El 09 de abril de este año, se nos notificó la Acusación Fiscal realizada por el Ministerio Público, donde señalaban que se encontraba acreditado el delito instruido (violación sexual como delito de lesa humanidad) así como la responsabilidad penal de los acusados. Hasta la fecha sigue siendo un pendiente para la justicia peruana”, manifiesta Rossy Salazar, abogada de Demus.
Han pasado cinco meses desde la notificación de la acusación y, hasta la fecha, sigue pendiente la justicia para las víctimas de violencia sexual en conflicto armado. “Esperamos que este nuevo colegiado (“C”) señale una pronta fecha para el inicio del juicio oral”, concluye Salazar.
El Registro Único de Víctimas (RUV) reporta 4061 casos de violación sexual, 1420 casos registrados de otras formas de violencia sexual y 145 hijas e hijos producto de violaciones sexuales, según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y siguen sumando.
En este contexto, la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) debería adoptar la aprobación de un protocolo de reparaciones integrales para las víctimas de violencia sexual. «Se deben remover los obstáculos que tienen las víctimas para acceder al seguro integral de salud», agrega Cedano García.
Además, el Congreso de la República tiene una tarea pendiente; la Autógrafa de ley del Plan Integral de Reparaciones (PIR) aprobada en el Pleno, observada el año 2012 por el Ejecutivo, reconocía a las víctimas de violación y de otros tipos de violencia sexual, otorgándole el derecho a reparaciones. Sin embargo, desde hace tres años permanece estancada en la Comisión de Justicia y DDHH del Congreso, presidida por segunda vez por el congresista Juan Carlos Eguren. En una clara muestra de desdén, en todo este tiempo no se ha priorizado ni tratado para dictaminarla en la Comisión, y en consecuencia debatirla y aprobarla en el Pleno.
El domingo 4 de octubre, Urresti asistió a Panorama. Fue entrevistado por Roxana Cueva, quien le dijo que “en nuestro país hay miles de casos de violaciones en cuarteles y que no han sido casos de mujeres que han sido violadas por una persona. Han sido violadas hasta por siete miembros del Ejército”. Él le respondió: “deme ejemplos”.
Acá le dejamos un par de “ejemplos”:
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