Cuestiones y preguntas del Comité CEDAW al Estado Peruano
El inicio de un proceso judicial a los responsables de un programa de esterilización forzada y masiva de mujeres pobres peruanas, principalmente indígenas, reclamaron hoy una agrupación de víctimas, su abogado y una organización femenina.
El abogado, Julio Arbizu, dijo que el caso debe judicializarse, pues implica a un estimado de más de 300 mil mujeres esterilizadas contra su voluntad durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), quien cumple una condena de 25 años de cárcel por corrupción y crímenes de lesa humanidad.
Arbizu señaló que hace un año se archivó parcialmente una investigación fiscal, sin imputaciones penales a los autores mediatos de lo que organizaciones de derechos humanos llaman acto de genocidio, es decir Fujimori y sus ministros de Salud.
Señaló que, más allá de investigar a médicos y enfermeras que realizaron las esterilizaciones, resulta vital señalar a los autores que las ordenaron, en un nuevo proceso.
Al cuestionar el archivamiento de hace un año, señaló que el Ministerio Público tipificó los casos indagados como negligencia, sin dolo, pero dictaminó descartando violaciones de derechos humanos, lo que no tiene coherencia.
La directora de la organización de derechos de la mujer Demus, María Ysabel Cedano, recordó que el Estado solo ha reconocido responsabilidad penal en un caso, el de Mamérita Mestanza, fallecida tras haber sido esterilizada.
La representante del Grupo de Seguimiento de las Reparación de víctimas de esterilizaciones forzadas, Ana María Vidal, exigió a la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, la reparación, al menos simbólica, de las mujeres esterilizadas sin su consentimiento.
La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva, señaló que no debe quedar impune la esterilización de más de 300 mil mujeres y 22 mil hombres, que calificó como un delito de lesa humanidad.
Arbizu recordó que el tema debe llegar a juicio pues el Estado reconoció en 2003 su responsabilidad en el programa y se comprometió a investigar y sancionar a los responsables e indemnizar a las víctimas.
El jurista criticó al sistema judicial por su falta de resolución y contundencia en las investigaciones preliminares realizadas.
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