Institución desaprueba la ausencia de propuestas concretas de los Poderes del Estado para prevenir y sancionar esta problemática. Además, muestra su preocupación ante la corrupción en las instituciones de cada uno de estos poderes. Señala que se mantienen altas tasas de violencia sexual, impunidad y barreras para el acceso a justicia y reparación a mujeres sobrevivientes de las violencia, y que la penalización del aborto se mantiene.
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DEMUS presentó un balance negativo del 2014 en relación a los derechos humanos de las mujeres en el Perú y deploró los escasos esfuerzos que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial han realizado para garantizarlos, asegurar su pleno disfrute y sancionar su vulneración. “Los pasos hacia la igualdad de género y no discriminación han sido escasos”, puntualizó María Ysabel Cedano, directora de la ONG.
Además, Cedano mostró su preocupación por la corrupción presente en las instituciones de cada uno de estos Poderes. «Es inevitable, desde el feminismo y la defensa de los derechos humanos de las mujeres, no cuestionar la prevalencia de situaciones de corrupción, cada vez más evidentes dentro de las instituciones de los Poderes del Estado y en las altas esferas de los mismos. Son hechos que se deben aclarar. Para nosotras la corrupción genera limitantes para avanzar hacia una democracia e igualdad de género verdaderas».
Si bien la institución saludó la aprobación de la «Guía Técnica Nacional para la estandarización del procedimiento de la Atención Integral de la gestante en la Interrupción Voluntaria por Indicación Terapéutica del Embarazo menor de 22 semanas con consentimiento informado en el marco de lo dispuesto en el artículo 119º del Código Penal», coloquialmente llamada Protocolo de Aborto Terapéutico. Esta ha sido una exigencia de las organizaciones feministas a nivel nacional y era reclamada, desde el 2007, al Perú por Naciones Unidas. Sin embargo, Cedano criticó que aún no se haya capacitado a las y los operadores de salud en su implementación, para vencer así los prejuicios relacionados a este derecho.
Del mismo modo, DEMUS señaló que aún persisten obstáculos para dar un debate amplio en torno a la iniciativa legislativa ciudadana para despenalizar el aborto por violación. Es importante recordar que distintos Comités, como el de Derechos Humanos, de Naciones Unidas han solicitado reiteradamente al Estado peruano despenalizar el aborto por violación, causante de embarazos forzados y de enfermedades y muertes de mujeres que recurren a abortos clandestinos, quienes a partir del 2010 están privadas del derecho de acceder a la anticoncepción oral de emergencia en los establecimientos públicos de salud.
Igualmente reprobó que los poderes del Estado hayan cedido a las presiones de sectores fundamentalistas contrarios al reconocimiento de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, especialmente los de las mujeres en sus distintas etapas de vida. «Los Poderes del Estado, sus autoridades, funcionarias y funcionarios deberían hacer respetar la laicidad establecida en la Constitución», enfatizó la directora de DEMUS.
De otro lado, DEMUS hizo hincapié en las altas tasas de violencia sexual y en la cultura de impunidad que impide la erradicación de este flagelo que golpea con mayor fuerza a las mujeres, sobre todo niñas y adolescentes. Se mantienen las barreras para acceder a la justicia oportuna, que se expresan en investigaciones fiscales y fallos judiciales de corte sexista. En los primeros 10 meses del 2014, solo el Ministerio de la Mujer (MIMP) había atendido en los Centros de Emergencia Mujer a 3 650 víctimas menores de edad, muchas de ellas podrían haber quedado embarazadas a causa de esta violencia.
Aunque esta fue una de las peores agresiones a las mujeres, la violencia de género tuvo diversas manifestaciones siendo su grado extremo el feminicidio que durante el 2014 mantuvo un registro de 7 casos por mes según el propio MIMP.
DEMUS criticó al Congreso por no avanzar en la aprobación de una ley contra la violencia por razones de género, incluyendo los actos de discriminación y violencia por orientación sexual e identidad de género; y al Ejecutivo por no incrementar sus partidas para fortalecer las políticas públicas en esta materia, especialmente de prevención. «Lamentamos la falta de liderazgo y compromiso de los sectores Mujer y Educación para impulsar una campaña nacional destinada a erradicar el machismo y promover relaciones de respeto e igualdad que incluyan la no discriminación a la niñez y adolescencia con identidades sexuales y de género diversas», enfatizó Cedano.
También se colocó en este balance la impunidad (que se mantiene) ante los hechos de violencia sexual a mujeres durante el Conflicto Armado Interno. Este 2014 se cumplieron once años de entregado el informe de la Comisión de la Verdad sin que esté sentenciado algún responsable por este Delito de Lesa Humanidad. «Es similar situación que viven las mujeres esterilizadas contra su voluntad durante el fujimorismo. Este caso se ha mantenido en la agenda pública, pues este año se ha buscado cerrar la investigación fiscal y una vez más dar la espalda a las víctimas. El 2015 seguiremos insistiendo en justicia y reparación para ambos Delitos de Lesa Humanidad”, afirmó la directora de la institución.
Finalmente, DEMUS se refirió además a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró infundada la demanda de un ciudadano para el cambio de identidad sexual en el DNI, así como al Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016 que excluyó los derechos reconocidos a la población LGTBI. “Estas acciones marcaron el año que culmina con el sello de la discriminación”, indicó Cedano.
DEMUS espera que el 2015 y con las nuevas autoridades elegidas en la Corte Suprema de Justicia, las Cortes Superiores de Justicia, las Juntas de Fiscales, así como para los Gobiernos Regionales y Locales; el escenario sea propicio para avanzar hacia una igualdad real y que desde estas instituciones se luche frontalmente en contra de la violencia basada en género.