Deuda histórica. Esterilizaciones forzadas y derecho a reparaciones integrales

20 MAR 2021

Por María Ysabel Cedano

Han pasado más de 25 años de la política fujimorista de esterilizaciones forzadas de más de 200 mil mujeres, en su mayoría indígenas quechuablantes, analfabetas, en situación de pobreza y pobreza extrema. A la fecha, las víctimas y sobrevivientes aún no gozan y ejercen sus derechos a la verdad, justicia ni reparaciones integrales.

El Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000 del gobierno peruano no garantizó el derecho humano al consentimiento previo, libre, informado y por escrito en caso de métodos irreversibles. Tampoco los derechos humanos a la planificación familiar y del acceso a la más amplia gama de métodos anticonceptivos. Fue así que entre 1996 y 1997, se realizaron más de 180 mil ligaduras de trompas sin respetar los estándares internacionales de derechos humanos sobre derechos reproductivos.

Más de 7 mil víctimas y sobrevivientes registradas en el Registro de víctimas de esterilizaciones forzadas (REVIESFO) creado en 2015 siguen estando en situación de pobreza y pobreza extrema. Miles de ellas fueron estigmatizadas, abandonadas, migraron forzadamente, y aún no logran acceder a educación, servicios de salud ni trabajo remunerado. Enfrentan problemas de salud emocional, mental, sexual, reproductiva y física, sufren y mueren sin lograr verdad, justicia y reparaciones integrales.

Tras 16 años de investigación fiscal preliminar (2002-2018) y más de 2 años de la denuncia penal del Ministerio Público ante el Poder Judicial contra Alberto Fujimori y sus ex Ministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga por delitos en contexto de graves violaciones a los derechos humanos, las víctimas y sus familiares, las activistas y colectivas feministas lograron que el Juez Rafael Martínez convoque a la Audiencia de sustentación de cargos el 11 de enero último, en el caso de esterilizaciones forzadas contra 1307 agraviadas y agraviados.

Lamentablemente, ha sido suspendida en dos oportunidades porque el Juez no ha cumplido con garantizar el derecho de las víctimas a contar con traductores. Esto solo favorece el interés de los denunciados y sus abogados de obstaculizar la sustentación del Fiscal Pablo Espinoza. A Fuerza Popular y al denunciado, candidato e implicado en el caso de las vacunagate Alejandro Aguinaga no les conviene que el electorado conozca la verdad.

La justicia tarda y las reparaciones integrales no se cumplen. El 8 de febrero, el presidente Sagasti promulgó la Ley 31119 que modifica los artículos 3 y 6 de la Ley 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones, más conocida como #LeyPIR ampliando el derecho a reparaciones a las víctimas de violencia sexual en todas sus formas, ocurridas durante el período de mayo de 1980 a noviembre de 2000, conforme a las conclusiones y recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Como se recuerda, el Informe, no documentó las esterilizaciones forzadas.  Los ex integrantes de la CVR Salomón Lerner, Carlos Iván Degregori y Sofía Macher (ex presidente del Consejo de Reparaciones) han admitido autocríticamente que fue una grave omisión. Al no estar en el Informe, a pesar del mandato de la CVR, las esterilizaciones forzadas tampoco fueron parte del Plan Integral de Reparaciones, un cambio que ha podido ser posible gracias a más de una década de lucha de las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual durante conflicto armado interno, incluidas las víctimas de esterilizaciones forzadas, acompañadas por diversos movimientos de mujeres y congresistas indígenas y defensoras de derechos como María Sumiré y Tania Pariona que presentaron sucesivos proyectos de ley enviados al archivo, hasta que el proyecto de la congresista Pariona pudo ser rescatado del archivo por la congresista Rocío Silva Santisteban que logró junto con la presidenta del Congreso de la República Mirtha Vásquez, hacerlo ley.

Sin embargo, a la fecha, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se ha desentendido e incumplido, una vez más, de su deber de reparar integralmente a las víctimas y sobrevivientes de esterilizaciones forzadas. Sin pronunciamiento público, el MINJUS ha colocado a los 7 integrantes del Consejo de Reparaciones y su secretaría técnica en el penoso papel de negar su derecho adquirido.

Las víctimas y sobrevivientes de esterilizaciones forzadas tienen derecho a saber que la ley aprobada las reconoce ahora como víctimas y beneficiarias con derecho a reparaciones y que abre la puerta a la reparación económica previa modificación del decreto supremo que la otorga. Conforme a los fundamentos del Proyecto de Ley y sus antecedentes, el derecho penal internacional y el derecho internacional de los derechos humanos, la definición de violencia sexual incluye la esterilización forzada.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene que cumplir con atender de manera prioritaria a las víctimas de esterilizaciones forzadas para que logren justicia a través del REVIESFO y los servicios para ello, así como con el deber de repararlas integralmente, de lo contrario es responsable por vulnerar derechos fundamentales y humanos.

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