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“El Ministerio Público tiene en sus manos la decisión histórica de permitir el camino de justicia a las víctimas de esterilizaciones”

15 JUL 2016

Milton Campos, abogado de DEMUS, organización que defiende a tres de las 2074 víctimas de esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori, habla sobre la preocupante demora de la resolución de la fiscal Marcelita Gutiérrez que a pesar de haber concluido la investigación, aún no da a conocer los resultados. Campos señala que existen indicios suficientes para iniciar un proceso penal que confía culmine con un fallo ejemplar y sancionador por delito de lesa humanidad contra Fujimori y los exministros Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta, además de exviceministros, directores regionales y médicos. Hace 14 años que las víctimas esperan justicia.

*Por Amanda Meza Ruiz

-¿Qué falta para que la fiscal encargada del caso esterilizaciones haga público su fallo y conocer si denuncia o no por lesa humanidad a Fujimori y exministros?

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía se viene culminando la estructura del documento en el que plasmaran su decisión. Estamos en el tiempo en que la Fiscalía tiene que tomar una decisión. Luego que diera por concluido el plazo de investigación, solo hay dos alternativas: primero, que decida archivar el caso porque considera que no hay elementos para una denuncia, lo que en nuestra opinión no es correcto y adoptaríamos las medidas respectivas; y segundo, -que es lo que esperan las víctimas y sus defensores-, que se formalice una denuncia penal contra los autores directos y los que no estuvieron directamente en las intervenciones quirúrgicas, es decir, contra aquellos que planificaron el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, desplegaron la logística para estos fines, como son el expresidente Alberto Fujimori y sus ministros de Salud, viceministros, los responsables del programa y los directores regionales que procedieron a implementarlo.

-Uno de los puntos en los que ustedes inciden es que se denuncie por delito de lesa humanidad. -¿Por qué?

Porque existió sistematicidad, esto es un aparato de poder organizado que ejecutó las esterilizaciones forzadas sin que las intervenidas hayan podido estar en condición plena de emitir un “consentimiento informado”, además porque esta práctica fue generalizada y en consecuencia ha cobrado miles de víctimas.

-Ahora, otra posibilidad es que denuncia solo por ‘graves violaciones a los derechos humanos’ ¿Por qué esta no sería la forma correcta?

Precisamente porque lo que ocurrió con Mamérita Mestanza no es un hecho aislado que fue cometido por voluntad de un personal de salud de manera independiente, sino todo lo contrario pues existió una organización al máximo nivel del gobierno nacional peruano. De otro lado, los cientos de testimonios de las víctimas dan cuenta de un despliegue generalizado, ambos elementos constitutivos de la calificación de Lesa Humanidad que diferencian de las graves violaciones a los derechos humanos están presentes en este caso.

-¿Ser calificado como lesa humanidad está referido también a la responsabilidad del Estado?

Cabe enfatizar que el Estado Peruano ya ha asumido su responsabilidad en el sistema Interamericano cuando se ha ventilado el caso de Mamérita Mestanza. Cuando se habla de lesa humanidad se  hace referencia a la  ‘sistematicidad’, es decir que había una práctica constante y permanente de esterilizaciones forzadas en las diferentes regiones, teniendo como referencia Huancavelica, Lima, Piura y Cajamarca. Nosotros confiamos en que la fiscal tenga que adoptar un criterio de lesa humanidad porque a lo largo de la investigación se puede evidenciar que existía políticas derivadas del propio expresidente Fujimori y su interés de participar, incluso, en reuniones con los médicos que iban a hacer las intervenciones, como también recibir de manera específica reportes de las metas alcanzadas en las intervenciones quirúrgicas de esterilización de mujeres en todo el país. Estas son algunas de las acciones que evidencian un despliegue del aparato estatal, desde la propia Presidencia del gobierno, el Ministerio de Salud, la Casa Militar de Palacio de Gobierno, entre otros.

-Hay 2074 denuncias pero la fiscal ha tomado 1600 testimonios nuevos. Esa cifra ya es una muestra de que fue una política y no un hecho aislado…

Efectivamente, esto hace evidente el otro elemento constitutivo de lesa humanidad que es el ataque generalizado en el caso de esterilizaciones forzadas, se corrobora que lo acontecido a Mamérita Mestanza, campesina cajamarquina que murió tras una ligadura de trompas, a alcanzado a otras 2074 mujeres y la fiscal tiene en su investigación cerca de 2000 denuncias más que serán incorporadas como tales.

-¿Qué pasa si la fiscal Marcelita Gutiérrez termina denunciando a un ministro y a otro no, o a un ministro y no a Fujimori?

Vamos a impugnar esa decisión hasta conseguir que tengan carácter de investigados todas las personas en las que se evidencia indicios de responsabilidad penal en estos hechos y se abra paso a una investigación judicial. Es preciso señalar, que con la denuncia fiscal ellos (los implicados) recién serán sometidos a una investigación judicial con las garantías de su defensa, así como las victimas tendrán que aportar pruebas de cargo.  La investigación tiene más de 71 mil hojas y, obviamente, ese volumen da una idea de que la evidencia con la que cuenta la fiscalía es abrumadora y suficiente -en nuestra tesis- para que efectivamente se promueva una denuncia penal luego de casi una década y media de investigación fiscal.

-¿Qué pasa si la fiscal archiva el caso como ha ocurrido antes?

Ejercitaremos nuestro derecho constitucional de pluralidad de instancia que también aplica en este caso y tendríamos oportunidad de acudir a un Fiscal Superior para que revise la decisión de archivamiento nuevamente. Esperamos que este no sea el caso, aunque no somos ajemos a este tipo de decisiones, el caso ya se archivó antes y logramos que esa decisión sea cambiada.

-El caso Mamérita Mestanza que llevó Demus es un caso en el que el Estado peruano admitió responsabilidad y suscribió un Acuerdo de Solución Amistosa ante la CIDH. Entonces, ya hay un antecedente, si el Estado reconoció que se vulneraron derechos humanos, la fiscalía debería confirmarlo

El Ministerio Púbico es parte del Estado Peruano y debe cumplir su rol de titular de la acción penal. Hay que tener presente que el caso interamericano de Mamérita Mestanza permitió reabrir la investigación en el Perú por esterilizaciones forzadas. Conviene indicar que existe un caso en el sistema de justicia nacional por Mamérita donde hay médicos que están siendo investigados judicialmente. Este caso también ha permitido incorporar otras víctimas que esperan con mucha expectativa una siguiente investigación judicial.

-En caso de que la decisión fiscal no sea lo que se espera, ¿cuál es el objetivo de presentar una queja a la fiscalía superior?

La queja tendría como fin conseguir que se modifique esta decisión y se proceda a denunciar a quienes no se ha denunciado, o se haga la denuncia si se tratara del archivo. Además tenemos la posibilidad de acudir al sistema interamericano. Desde Demus lo impulsaríamos para nuestras patrocinadas Victoria Vigo y Celia Ramos.

-Han pasado 8 días desde que concluyó la investigación, ¿hay un plazo máximo para que se pronuncie la fiscal?

De manera reglamentada no existe un plazo determinado para este tipo de pronunciamiento lo cual no supone que este sea indefinido, pero el estudio que la fiscalía ha venido haciendo del caso ya tiene mucho tiempo y la fiscal ha referido que está culminándolo. En los próximos días dará a conocer su decisión. El Ministerio Público tiene en sus manos la decisión histórica de permitirle el camino de justicia a las víctimas, no hacerlo en este contexto en que el caso ha sido sometido al sistema interamericano, atraído la atención nacional e internacional, significaría que infringe su rol. Es hora que dé respuesta al pedido angustiante de justicia de parte de las víctimas que confían en conseguir, luego de todo el proceso judicial que deben transitar, un fallo con una sanción aleccionadora y ejemplar para que estos hechos no se repitan.

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