Esterilizaciones Forzadas: Se cumple un mes desde la última sesión de audiencia y el juez no abre investigación judicial

Este miércoles 14 de julio se cumple un mes desde la última sesión de audiencia de sustentación de cargos por el caso Esterilizaciones Forzadas. Pese a que el fiscal Pablo Sanchez mostró múltiples evidencias de este crimen de lesa humanidad y se detallaron los testimonios de las sobrevivientes durante las sesiones de audiencia, el Juez Rafael Martín Martínez aún no decide abrir la investigación judicial. Por ello, las víctimas se unirán en un “twitazo”, este miércoles, para pedir que abra la investigación judicial ¡YA!.
“Desde que inició la audiencia de presentación de cargos, se han sustentado más de 180 elementos de convicción que comprueben que las esterilizaciones forzadas fueron parte del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar instaurado el gobierno de Alberto Fujimori. La decisión del juez de no abrir la investigación judicial, impide que se inicie el juicio oral y se dicte la sentencia, quedando así estos delitos impunes”, indicó Milton Campos, abogado de DEMUS.
Se conoce que entre los años 1995-2000, se registraron más de 300 mil casos de esterilizaciones forzadas, en su mayoría mujeres indígenas quechuablantes, analfabetas, en situación de pobreza y pobreza extrema. Tras 16 años de investigación preliminar, en el 2018 el Fiscal Pablo Sánchez, interpuso la denuncia por el caso de 1,307 agraviadas y agraviados contra el expresidente Alberto Fujimori y sus ex ministros de salud, Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta, entre otros implicados.
“Exigimos al juez Rafael Martín Martínez abrir la investigación judicial ya. La violencia hacia nuestros cuerpos se dio y hay diversos informes que lo comprueban. Las sobrevivientes y los familiares de las mujeres que fallecieron víctimas del procedimiento quirúrgico en contra de nuestra voluntad pedimos justicia, verdad y reparación”, señaló Inés Condori, presidenta de la Asociación de Víctimas de Chumbivilcas.
Las tres hijas menores de la fallecida Celia Ramos, también se sumaron a este pedido. “A nuestra madre nos la arrebataron cuando nosotras teníamos 11,9 y 5 años, aún la lloramos y recordamos todos los días. Nos parece injusto que haya pasado más de un mes de la última audiencia y el juez aún no abra la investigación judicial, qué más necesitan, qué pruebas debemos presentar, esto nos devuelve a la realidad de lo injusto que es nuestro país. Sabemos que lo ocurrido con nuestra madre también les sucedió a otras mujeres y no queremos que quede impune”, señalaron Marisela, Marcia y Emilia Monzón Ramos.
Los hijos e hijas de Mamérita Mestanza, quien falleció en 1998, se refirieron al juez para pedirle justicia por su madre y las demás víctimas. “Vivimos momentos de profunda tristeza tras la muerte de nuestra madre en la sala de una posta médica insalubre. Esa pena se ahonda cuando nos damos cuenta que como ella muchas mujeres que pasaron por lo mismo no obtienen justicia. Por eso, Juez Rafael Martín Martínez, por todas ellas y nuestra madre le pedimos abrir la investigación judicial ya”
Rute Zúñiga, víctima cusqueña del método anticonceptivo quirúrgico y presidenta de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (Ampaef), se pronunció al pedido de los familiares de Celia Ramos e Inés Condori. Además, pidió al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cumplir con el Plan de Reparaciones Integrales para las víctimas.
“Después de haber sido sometidas a este procedimiento muchas mujeres no hemos vuelto a ser las mismas, hay secuelas que nos han marcado de por vida, que no nos dejan trabajar como antes, y que requieren atención médica. Por ello, solicitamos al MINJUSDH cumplir con las reparaciones no solo en nuestra salud, sino también para la educación de nuestros hijos”, sostuvo Luque.
Cabe señalar, que inicios de año el Ejecutivo se comprometió a desarrollar un plan de reparaciones integrales para las víctimas de esterilizaciones forzadas. Sin embargo, no ha habido ningún avance y por ello, la Asociación de Mujeres Víctimas de Esterilizaciones Forzadas de Chumbivilcas, y otros, interpusieron una demanda el 14 de abril contra el MINJUSDH a la institución para que cumpla con reparar a las y los afectados.