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Esterilizaciones forzadas: víctimas exigen a fiscal no dilatar denuncia formal contra Fujimori y exministros

29 MAY 2018

Han esperado más de 20 años para hallar justicia y reparación y no están dispuestas a esperar más para que el caso pase al Poder Judicial donde se abrirá nueva investigación. Por ello, las víctimas de esterilizaciones forzadas exigen a la fiscal Marcelita Gutiérrez que formalice denuncia contra Fujimori, sus exministros y exdirectores médicos como lo ha ordenado el fiscal superior Luis Landa en resolución final.

 

“Le exigimos a la fiscal Gutiérrez que denuncie de una vez, que no demore más esta situación como lo ha hecho antes. Queremos que los responsables sean sancionados y que el Estado asuma su responsabilidad con miles de víctimas que estamos en diferentes comunidades del país. ¡Que cumplan con nosotras!, necesitamos defensa pública y atención en salud. Nos quitan presupuesto y nos dicen que ya no nos van a brindar esos servicios, mientras el Congreso se compra televisores”, señaló Inés Condori de la Asociación de Mujeres Esterilizadas de Chumbivilcas, Cusco.

María Elena Carbajal de la Asociación de Mujeres Esterilizadas de Lima, manifestó que más de 300 mujeres limeñas que se han inscrito en el Registro Nacional de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas -REVIESFO-, no están recibiendo los servicios de defensa jurídica ni atención psicológica. En el Ministerio de Justicia y en el Ministerio de la Mujer -refirió- les han indicado que “no hay presupuesto”.

Por su parte, Victoria Vigo, enfatizó que se debe detener la campaña de negacionismo que también las afecta, cuando personajes como el investigado exministro Alejandro Aguinaga señala que las esterilizaciones forzadas no existieron; acciones que las humillan e insultan permanentemente.

“La resolución que ordena denunciar a Fujimori y sus exministros ha demostrado que nuestros testimonios son verosímiles. La verdad es una sola y esperamos hacer justicia no solo para las 2166 mujeres que denunciamos sino en miles de mujeres y hombres que aún faltan registrarse y que están en los pueblos olvidados de la costa, sierra y selva”, sostuvo.

María López, sobreviviente de Junín, contó que a ella la esterilizaron a los 23 años, tenía tres hijas y al dar a luz a la última tuvo un problema de placenta. Cinco médicos la atendieron y ordenaron llevarla a otro hospital hasta donde la siguieron y uno de ellos se hizo pasar como su esposo para autorizar la ligadura de trompas.

“A mí me esterilizaron a la fuerza, encima un médico se hizo pasar como mi esposo. Yo recién me he enterado que muchas mujeres están luchando y por eso ahora también lucho para que paguen los responsables, como animales nos han tratado”, señaló.

Serafina Illa, de la Asociación Nacional de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas, quien proviene de Mahuaypampa, Cusco, recordó que fueron las primeras en denunciar estas violaciones de derechos humanos y que ya muchas de las denunciantes han muerto sin alcanzar justicia ni reparación. Por ello, entregarán un documento a la fiscal Marcelita Gutiérrez.

Por su parte, Milton Campos, abogado de Demus por los casos emblemáticos de Mamérita Mestanza, Celia Ramos y Victoria Vigo, dijo esperar que la fiscal Marcelita Gutiérrez formalice la denuncia contra Fujimori, exministros y demás responsables, puesto que ya ha transcurrido el tiempo necesario para que cumpla con dicha acción que, además, ya no puede ser apelada ni revisada por ninguna instancia.

Participaron en la conferencia de prensa, las sobrevivientes Magna Hurtado (Huancavelica), María López (Junín), Serafina Illa (Cusco), Inés Condori (Cusco) María Elena Carvajal (Lima), Victoria Vigo (Lima), Asociación de Mujeres de Anta víctimas de Esterilizaciones Forzadas, Asociación de Mujeres afectadas por Esterilizaciones Forzadas de Chumbivilcas, Asociación de víctimas de esterilizaciones forzadas de Lima, junto a Demus, APRODEH, ONAMIAP, Alfombra Roja, Movimiento Amplio de Mujeres Línea Fundacional, CDA Sisay, Derechos Humanos sin Fronteras, Grupo de reparaciones de esterilizaciones forzadas (GREF), Servicios Educativos Rurales SER, Amnistía Internacional Perú y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

 

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