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Exigen pronunciamiento del TC y el Poder Judicial con manifestación pública

20 OCT 2020

Las víctimas exigen al magistrado del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda, declarar infundado el amparo presentado por Costa Bauer quien pretende archivar el caso de las esterilizaciones forzadas en el Poder judicial. Además, exigen al juez Rafael Martín Martínez programar fecha y hora para la audiencia de sustentación de cargos contra Alberto Fujimori, sus ex ministros de salud Costa Bauer, Aguinaga, Yong Motta, entre otros implicados.

Este fin de semana, la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas participó de una manifestación pública para exigir un pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) y el Poder Judicial en el caso de las más de 1,300 mujeres que fueron esterilizadas en el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).

El evento, organizado por “Somos 2074 y Muchas Más”, y en donde también participaron «Colectiva Collera», «Auka», «Paro Internacional de Mujeres (PIM Perú)» y Demus, tuvo como objetivo exigir al Tribunal Constitucional (TC) declarar infundado el proceso de amparo interpuesto por el exministro de Salud, Marino Costa Bauer, uno de los responsables de las esterilizaciones y quien tiene juicios solicitados.

Las colectivas realizaron diversas expresiones artísticas con el fin de levantar la voz de las más de 200 mil de mujeres que fueron violentadas en el Gobierno de Fujimori, y que aún no obtienen justicia. La manifestación se llevó a cabo en espacios libres de Lima, garantizando los protocolos de bioseguridad.

“Estamos bordando los nombres de la gran bandera de la memoria por la justicia y exigiendo que el magistrado Miranda del TC se pronuncie de una vez y resuelva el caso para que las victimas puedan salir de esta incertidumbre”, sostuvo la abogada María Ysabel Cedano, abogada de Demus.

Asimismo, se exigió al juez penal nacional Rafael Martín Martínez programar la fecha y hora para la audiencia de sustentación de la denuncia fiscal contra el expresidente Alberto Fujimori, Costa Bauer, Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong Motta y otros implicados en este caso que está a punto de quedar impune sino se tienen los juicios solicitados.

Denuncia

Luego de 16 años, en noviembre del 2018, el Ministerio Público presentó la denuncia interpuesta por los familiares de las víctimas de esterilizaciones forzadas en el Poder Judicial y un año después, el 9 de diciembre del 2019, se convocó a la audiencia de cargos por primera vez.

Sin embargo, en ese entonces no se pudo llevar a cabo el proceso porque la fiscal fue cambiada y la nueva fiscal, Edith Chamorro, solicitó que se reprograme. La nueva fecha escogida para la sustentación de cargos se estipuló para el de 20 marzo. No obstante, tampoco se pudo llevar acabo por la emergencia sanitaria.

“Han pasado más de 720 días y aún no se establece una nueva fecha. Rafael Martín Martínez al no programar una nueva fecha de presentación de cargos estaría incumpliendo los plazos que establece la ley y que resulta dañino y perjudicial para las víctimas”, añade María Ysabel Cedano.

Argumentos de Costa Bauer y fallo del TC

El exministro de salud Marino Costa Bauer, colocó un recurso de amparo ante el Poder Judicial que se encuentra desde hace dos años en el TC. El exfuncionario señaló que se estarían violando dos de sus derechos fundamentales, lo cual no se ha podido sustentar jurídicamente.

“El exministro sostiene que como el caso había sido archivado en el 2019 no se debería continuar las investigaciones; sin embargo, en esa ocasión el archivamiento se hizo de forma incorrecta y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA) solicitó al Estado reabrir el caso y así lo hizo la fiscalía”, señaló Milton Campos, abogado de Demus.

Otro argumento de Costa Bauer para archivar el caso es que el plazo de investigación había vencido y pese a que es esto es coherente con la ley, ya que no se puede investigar a alguien para toda la vida, no son las víctimas las que han obstruido la justicia, indicó el abogado del caso.

Por estas razones, los abogados de las víctimas sostienen que el juez Manuel Miranda debería desestimar la acción de amparo de Costa Bauer y pronunciarlo públicamente. “Sin embargo, el magistrado sigue postergando la decisión apremiante y crucial de desestimar el amparo interpuesto por Costa Bauer por más de 16 meses, debiendo promover una actuación del máximo órgano constitucional que enarbole el principio de Acceso a la Justicia que les asiste a los miles de mujeres esterilizadas forzadamente en nuestro país entre los años 1996 al 2000”, sostuvo Maria Ysabel Cedano.

Apoyo de expertas internacionales

En junio de este año el TC ha admitido el documento presentado por las expertas internacionales Claudia Martín y Susana SáCouto representantes del American University Washington College of Law, Jo-Marie Burt asesora principal en Washington Office of Latin América (WOLA) y Katya Salazar, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso, que los magistrados del TC deberán tomar en cuenta al momento de resolver que establece que garantizar el derecho de plazo razonable para ser investigado no puede ser el argumento para dejar sin justicia a las denunciantes. El TC también ha admitido que Demus sea parte del juicio por ser abogada de la familia de caso de Mamérita Mestanza para que el Estado cumpla con su deber de reparar en educación y justicia.

Casos emblemáticos

Es importante recordar que este año se han cumplido 23 años del fallecimiento de Celia Ramos Durand, uno de los casos más emblemáticos de las más de 1300 mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas. Ella fue sometida a una operación en un hospital de Cataos, Piura, pero su intervención se complicó por un paro cardiorrespiratorio que le causó la muerte.

Así como el de Celia, hay otros casos que podrían quedarse sin justicia, como el de Mamérita Mestanza Chávez, Alejandrina Aguirre Auccapina, Reynalda Betalleluz Aguilar, María Espinola Otiniano y muchas más, si el Tribunal Constitucional no declara infundado el pedido del exministro de Salud de Alberto Fujimori, Marino Costa Bauer, siendo el magistrado Manuel Miranda responsable de agilizar este trámite.

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