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Exigimos a congresista fujimorista Alejandro Aguinaga respetar autonomía del Ministerio Público

02 JUN 2016

- Defensa de víctimas de esterilizaciones forzadas advierten sobre posible injerencia política
- Resolución que prolonga investigación preliminar firmada por fiscal Pablo Sánchez debe ser explicada
- Se espera que la Defensa Pública del REVIESFO solicite medida cautelar para proteger a denunciantes que han sido amenazadas al interior del país

Tras la ampliación del plazo hasta el 4 de julio para el fallo final de la investigación del caso esterilizaciones forzadas por parte de la Fiscalía de la Nación; DEMUS convocó, el día de ayer, a una conferencia de prensa donde se informó que el congresista fujimorista Alejandro Aguinaga estaría cometiendo injerencia política al reunirse con el titular de Ministerio Público, Pablo Sánchez, pese a estar investigado por su presunta responsabilidad en la política de esterilizaciones durante el gobierno de Alberto Fujimori.

María Ysabel Cedano, directora de DEMUS,  advirtió que ha recibido información fidedigna de que el legislador fujimorista ha sostenido diversas reuniones con el titular del Ministerio Público, incluso fue uno de los invitados a un evento en el marco del aniversario de esa institución, en el Hipódromo de Monterrico, el pasado 21 de mayo, a donde solo acudieron un grupo selecto de fiscales.

“Es una información que nos preocupa y pedimos a los medios de prensa corroborarla. El congresista Aguinaga debe de indicar por qué siendo investigado ha participado de un evento institucional”, manifestó Cedano.

La representante de DEMUS recordó que no es la primera vez que el exministro de Salud busca en su calidad de congresista interferir en la investigación y se preguntó qué pasará con el caso en un nuevo Congreso con mayoría fujimorista.

Cedano sostuvo que se puede concluir de la resolución emitida por el Ministerio Público, que “el fiscal Pablo Sánchez ha pasado por alto” la decisión de la Fiscalía Superior Penal Nacional que negó la ampliación de investigación a la fiscal Marcelita Gutiérrez, decisión que, además, no se encuentra debidamente fundamentada.

“INNECESARIA E INJUSTA”

Julio Arbizu, abogado de DEMUS, señaló que el fiscal de la Nación debe explicar cuáles son los motivos reales de la resolución que dilata la investigación hasta después de la segunda vuelta electoral, porque “es innecesaria e injusta”, y recordó que en más de 14 años el caso se ha dilatado, no solo de parte de los acusados, sino también por los órganos del sistema de justicia.

“Este 5 de junio son las elecciones presidenciales y la candidata Keiko Fujimori fue la primera dama del gobierno en el que se dictó esta política de Estado. Nuestra preocupación es que un caso netamente jurídico se someterá a lo que ocurra en esta segunda vuelta electoral”, dijo Arbizu.

Finalmente, tanto Arbizu como Cedano, hicieron un llamado para que Sánchez, como máxima autoridad del Ministerio Público, deslinde con cualquier tipo de injerencia política, una vez más del fujimorismo, En un caso en el que se ven comprometidos el propio Alberto Fujimori, sus exministros y médicos y enfermeras.

DESDE ABRIL NO HAY DILIGENCIAS ¿Y ENTONCES?

Milton Campos, también abogado de DEMUS, resaltó que la ampliación a la investigación preliminar que ha sido aceptada por la Fiscalía de la Nación carece de sentido.

“Es necesario pedir cuenta de cómo ha actuado la Fiscalía, pues la investigación ha sido prolongada hasta el 4 de julio debido a la magnitud de un caso complejo. Con esta resolución se le permite a la fiscal Gutiérrez continuar con diligencias a nivel nacional, sin embargo la fiscal dejó de programar diligencias en abril. Entonces, ¿para qué necesita una fiscal provincial un plazo hasta el 4 de julio cuando ya culminó con sus diligencias?”, cuestionó Campos.

El letrado, además, negó aquellas versiones que aseguran que tanto el encarcelado exmandatario Fujimori y sus ministros estén excluidos del proceso. “La investigación por el caso esterilizaciones está vigente y continúa contra los altos funcionarios de Salud y el entonces jefe de Estado, Alberto Fujimori”, aclaró.

PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS

Tras la denuncia de la parlamentaria andina Hilaria Supa de que las víctimas de esterilizaciones forzadas residentes en Cusco son amenazadas por enfermeras que les aseguran que si Keiko Fujimori llega a ser presidenta, serán encarceladas por quejarse, DEMUS espera que la Defensa Pública del Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO) solicite medida cautelar para proteger a las denunciantes.

En otro momento, criticó a Keiko Fujimori por la información manipulada que da a los electores al asegurar que la cantidad total de denunciantes por esterilizaciones forzadas es de tan solo 30 personas.

“Keiko Fujimori no está desinformada del caso, lo que hace es malinformar a la ciudadanía. La investigación, que tiene más de 14 años, contiene más de 2074 denuncias”, precisó Cedano, agregando que la fiscal Marcelita Gutierrez tiene 1600 nuevos testimonios.

 

 

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