“La violencia de género también proviene de las empresas mineras y el Estado”

– ¿Qué tan difícil puede ser iniciar un trabajo con líderes y dirigentes que defienden el derecho al agua y al territorio cuando tenemos gobiernos aliados de las empresas mineras?

Es un escenario adverso, sin duda, sobre todo cuando entramos a un nuevo gobierno que promoverá la inversión minera; creemos que es ahora cuando deben ser más visibles los casos de violencia de género cometidos por el Estado y las empresas mineras. El trabajo conjunto que llevamos adelante va a permitir que la sociedad conozca lo que se vive en los contextos de conflictos socioambientales y cómo impactan en la vida de las mujeres, cómo se exacerban las prácticas discriminatorias y violatorias de derechos humanos de las mujeres. Si los conflictos socioambientales se agudizan entonces tendremos afectaciones particulares que vivirán las mujeres.

– Hasta hoy solo se habla de violencia hacia la mujer como si fuera una exclusividad de lo doméstico o en las calles, ¿cómo se manifiesta esta vulneración de derechos desde la empresa o el Estado?

En el marco de la actual Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, según lo establece la Convención de Belém do Pará, la violencia contra las mujeres también es perpetrada por el propio Estado así como por particulares, como son las empresas. En el 2013, cuando nos encontramos con las mujeres, ellas ya estaban preocupadas por la violencia en la región, y ahora se reaviva por la amenaza de que se abran más proyectos mineros. Ellas señalan que llegan hombres foráneos a sus comunidades para trabajar en las mineras, que embarazan a las jóvenes y las abandonan. En este contexto de conflictividad socioambiental se identifica que hay incremento de violencia sexual hacia niñas y adolescentes, y que la impunidad aumenta porque, según información que se recoge, los imputados tienen vínculos con el poder económico que son las mineras coludidas con magistrados u otras autoridades.

– ¿Qué otras situaciones se han podido recoger hasta ahora como impacto de los conflictos ambientales?

Una de las cosas por las que entramos a trabajar con otras organizaciones es porque recogemos las demandas de las mujeres que intentan luchar contra la imposición de proyectos mineros que las impactan. Es a raíz de su ejercicio colectivo de su derecho a protesta y de la criminalización y respuesta del Estado que vemos impactos específicos por el solo hecho de ser mujeres. Por ejemplo, recoger testimonios donde señalan que las agresiones del personal policial cuando reprimen sus protestas se da en zonas muy particulares de sus cuerpos como sus senos y nalgas; así también, los insultos que sufren durante la represión enfocados en mermar su sexualidad cuando les gritan ¡Perras!; y las agresiones que buscan minimizar y ridiculizar su participación ciudadana y política cuando les dicen ¡Ociosas! o cuando patean  y botan sus ollas comunes que son expresión de su trabajo y esfuerzo como contribución importante para sostener las acciones colectivas de protesta.

También hay prácticas de intimidación previas ejercidas por terceros para anular sus liderazgos y participación, como son las llamadas telefónicas para decirles que las van a violar o difamándolas ante su familia y comunidad para que cuestionen sus permanentes salidas al espacio público, exacerbando pensamientos machistas y promoviendo la violencia por parte de sus parejas.

– Hay situaciones de acoso sexual…

Por ejemplo, en lugares de tránsito donde la empresa tiene controlado el pase con tranqueras, las mujeres jóvenes están expuestas constantemente a acoso sexual por parte del personal de la empresa. La violencia sexual es de las más significativas en los contextos de conflicto socioambiental, tal como lo fue en los contextos de conflicto armado interno; es usada por los actores agresores como estrategia para amedrentar, humillar y anular. Además, por las condiciones existentes de permanente vulneración de derechos, las prácticas machistas y de violencia contra las mujeres se exacerba y la impunidad se instala coludida con el machismo y la corrupción. Recordemos el estado de emergencia en Islay y las denuncias expresadas en medios locales donde mujeres anónimamente denunciaban que la policía ingresaba a sus casas e intentaba violarlas aprovechando que sus esposos, que eran dirigentes, huían al campo para evitar ser arrestados.

– Un caso emblemático de este acoso debe ser el de Máxima Acuña

Sí. Es evidente que existe  violencia de género desde la empresa y el Estado, porque hay un nivel de agresividad y hostilidad que desde el poder económico exacerba el machismo en el entorno familia. No solo en el caso de Máxima sino también de su abogada, quien es víctima de una contracampaña desde la prensa aliada a la minera. Una defensora de derechos humanos que en el plano judicial está ganando a la empresa es acosada sexualmente.

– En ese proceso, ¿cómo ayuda el trabajo conjunto que están llevando adelante hace un año?

Queremos lograr que se generen normas y políticas que contengan los más altos estándares de derechos para las mujeres, y que sean elaborados recogiendo las demandas de la diversidad de mujeres, sobre todo de aquellas que están siendo afectadas por los conflictos socioambientales, aquellas que ven trastocadas sus vidas, sus comunidades y sus territorios.

Esperamos que el nuevo Plan Nacional contra la violencia hacia la Mujer contemple la violencia contra las mujeres en estos contextos y establezca acciones estratégicas para su eliminación.  Consideramos que las normas que criminalizan el derecho a la protesta y vulneran el derecho al territorio deben ser derogadas, pues lo que ocasionan es más violencia, donde las mujeres serán las más afectadas por las condiciones estructurales de discriminación y machismo.  Creemos que los mecanismos y protocolos de la consulta previa deben ser mejorados para garantizar una participación de calidad de las mujeres en los espacios de diálogo que aseguren recoger sus demandas como mujeres.

– ¿Por qué necesariamente tiene que verse como un tema de mujer y no de demanda de la comunidad?

Los conflictos socio ambientales impactan al toda la comunidad, sin embargo no podemos dejar de ver los impactos específicos que sufren las mujeres y debemos asegurar que nos se invisibilicen. Nuestras comunidades así como nuestras ciudades han sido impregnadas por el machismo y ello lamentablemente impide muchas veces ver aquellos problemas que están aquejando a las mujeres y recoger sus demandas más sentidas.

Muchas organizaciones donde priman los liderazgos masculinos no se toman en cuenta las demandas de las mujeres, muchas veces las tierras son vendidas sin consentimiento de las mujeres, quienes quedan sin tierras para poder cultivar sus alimentos, siendo muchas veces su única actividad de subsistencia; también por otro lado, se percibe mucho apoyo a las mujeres cuando luchan por el agua y la tierra pero no cuando denuncian una violación sexual o una agresión. Por ello, estamos trabajando con organizaciones de mujeres y organizaciones mixtas buscando se promueva la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones, y que la violencia contra las mujeres sea una preocupación y demanda colectiva de hombres y mujeres, de sus organizaciones y comunidades.

– ¿El tema del agua y la tierra tienen una perspectiva de mujer?

En muchos territorios, los roles de género han hecho que las mujeres tengan más relación con el cuidado del hogar, los hijos, la alimentación. Son ellas quienes alertan los cambios en su entorno y el impacto. Por ejemplo, en el caso de la contaminación del agua son las mujeres quienes alertan pues se dan cuenta cuando van a recoger el agua, cocinar o encuentran en los cuerpos de las niñas y niños alergias en la piel.

– ¿Cómo garantizar la protección física de estas mujeres líderes?

Es deber del Estado garantizar la protección a mujeres lideresas, en su calidad de defensoras de derechos humanos.  El 06 de abril pasado el Estado aprobó mediante resolución ministerial la elaboración de un protocolo de atención a defensores/as, el plazo para su elaboración era el 7 de junio pasado, esperamos que dicho instrumento recoja las propuestas de las defensoras/es, que responda a las necesidades especificas de las mujeres de acuerdo a la afectación que sufren. Aún hay mucho por hacer pues la vida de las y los defensores en estos contextos se torna muy vulnerable. Desde las organizaciones feministas y de derechos humanos consideramos que el Estado debe desarrollar una labor preventiva trabajando comunicacionalmente la desestigmatización a la que han sido expuestas/os las y los defensores y generar verdaderos canales de comunicación con los pueblos indígenas amazónicos y andinos, con las mujeres y los defensores/as de derechos humanos.