Lesbianas, bisexuales y trans son reconocidas en Plan Nacional contra la violencia de Género 2016 – 2021

Ayer a través de un Decreto Supremo, el presidente Ollanta Humala aprobó el “PLAN NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2016 – 2021”, con el que se podrá contar con presupuesto para la política pública para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

El Plan tiene como primer objetivo «Cambiar patrones socioculturales que reproducen relaciones desiguales de poder y diferencias jerárquicas que legitiman y exacerban la violencia de género, que afecta desproporcionadamente a las mujeres en su diversidad (entre ellas las niñas, adolescentes, adultas y adultas mayores; mujeres indígenas, afrodescendientes y mestizas; mujeres urbanas y rurales; mujeres heterosexuales, lesbianas, bisexuales y trans; mujeres con discapacidad; mujeres migrantes; mujeres viviendo con VIH, mujeres en prostitución y mujeres privadas de libertad), en la familia, sociedad e instituciones públicas y privadas».

Y como segundo objetivo, “garantizar a las personas afectadas por la violencia de género, que perjudica principalmente a las mujeres en su diversidad, el acceso a servicios integrales, articulados, oportunos y de calidad, destinados a la protección, atención, recuperación de las personas afectadas así como la sanción y reeducación a las personas agresoras”.

DEMUS considera histórico que se haya reconocido a la diversidad de mujeres como sujeto de la política pública. Es la primera vez que un Plan Nacional incluye a lesbianas, bisexuales, trans. La oposición de sectores conservadores en el propio Estado a ello estuvo a punto de frustrar que se aprobara el PNCVG 2016 – 2021.

DEMUS precisa que la aprobación del Plan era urgente y necesaria para marcar una línea progresista en la política pública contra la violencia hacia la mujer, en un contexto en el que se anunció como próxima ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a  Ana María Romero, que –alertamos- podría ser un retroceso en políticas públicas para las mujeres.

DEMUS saluda que se reconozcan nuevas formas de violencia hacia mujer como el acoso político. Asimismo, se destaca la violencia de género en los conflictos sociales y se mantiene el reconocimiento de las esterilizaciones forzadas, la violencia sexual durante el conflicto armado y la violencia por orientación sexual.

DEMUS saluda que se considere por primera vez un indicador de impacto de la lucha contra la violencia sexual por parte del esposo y compañero. Asimismo, metas anuales e indicador para la aprobación y actualización de lineamientos, guías metodológicas o instrumentos para el fortalecimiento de servicios dirigidos a las personas afectadas por violencia de género en sus diferentes modalidades.

DEMUS saluda los esfuerzos para que el Plan aprobado esté acorde con la Ley No. 30364 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, publicada en noviembre del 2015. Dicha Ley establece la creación del “Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del Grupo Familiar” como un sistema funcional, lo que define el estatus que adopta este nuevo plan nacional, como Plan Espacial Multisectorial.

DEMUS saluda y reconoce que se cumpla con la aprobación del Plan por el gobierno de Ollanta Humala, con participación de las organizaciones de mujeres según las recomendaciones de la CEDAW. Para ampliar dicha participación, las organizaciones feministas integrantes de CLADEM-Perú y otras redes, así como organizaciones de la diversidad de mujeres de 13 regiones, se autoconvocaron para consensuar y presentar aportes, los mismos que fueron recogidos por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

DEMUS cuestiona y alerta que:

1. El Plan Nacional sólo traza metas e indicadores de impacto para disminuir del 11,7% (2015) al 7,7% (2021) la violencia física o sexual ejercida por el esposo o compañero, y para disminuir de 75 (2014) a 46 (2021) el número de feminicidios. No sucede lo mismo con todas las modalidades de violencia que se reconocen en el Plan. Responsabilizamos al Ministerio de Economía y Finanzas por exigir data para aprobar metas e indicadores pero no tomar medidas para invertir en su producción.

2. El enfoque de género en el Plan aprobado refleja la pugna entre los conservadores en el Estado y los garantes de los derechos humanos y el Estado laico.

En el concepto de género, modalidad de violencias y visión del Plan se persiste en un enfoque bio-binario del ser mujer y hombre.

Se reconoce la violencia por orientación sexual pero no se reconoce la violencia por identidad de género, lo que puede afectar a las personas trans. Es importante defender que sí se alude a los crímenes de odio.

No se reconoce la violación a los derechos reproductivos.

Responsabilizamos de esto a los conservadores en los sectores en el Ejecutivo. Esto, pese a que en los lineamientos generales y objetivos estratégicos nombran a la diversidad de mujeres como sujeto de la política.

3.  Si bien las mujeres afroperuanas se encuentran en el PNCVG 2016 – 2021, existe un gran vacío al no incluir la violencia e injuria racial que es transversal en muchas de las modalidades planteadas.

4.  Cabe señalar, que la demora en la reglamentación de la nueva Ley No. 30364 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, afectaría los propósitos del presente Plan.

El Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables, en su calidad de ente rector de la violencia de género contra la diversidad de mujeres, debe adoptar medidas inmediatas acordes con los estándares internacionales para prevenir y atender a todas las víctimas de dicha violencia.

Esto debe ser acompañado del presupuesto necesario; la asignación presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas debe responder a los requerimiento del MIMP la que debe ser acorde a la magnitud del problema sino no se podrá cumplir con las obligaciones que el Plan demanda.

Los sectores involucrados están obligados a elaborar planes operativos que contengan metas e indicadores del Plan Nacional; asegurar recursos humanos, técnicos y de infraestructura para brindar servicios de calidad desde los enfoques de género, interculturalidad y derechos humanos. En particular, exigimos al Ministro de Educación que se comprometa y cumpla con esta política.

Asimismo, el plan exige un trabajo intra e interministerial, multisectorial, entre los diferentes niveles de gobierno, poderes del Estado y organismos constitucionales autónomos.

Así como luchamos porque se reconozca y fortalezca la competencia rectora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, lucharemos para que el próximo gobierno garantice el principio constitucional de laicidad en la gestión de las políticas públicas a cargo del MIMP y de parte de todos los sectores competentes del Plan.

Responsabilizamos a los funcionarios conservadores en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio de salud de haber frenado el avance en el reconocimiento y ejercicio de nuestro derecho al aborto terapéutico, la obligación de garantizar reparaciones integrales en el caso de las esterilizaciones forzadas y de la despenalización del aborto por violación sexual.

Lucharemos para que esto no se repita y se siga afectando el ejercicio del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Sin las mujeres diversas, recursos y Estado laico, el Plan Nacional será un saludo a la bandera.