La Sala Penal Nacional programó para el 13 de marzo de 2019 el inicio de un nuevo juicio oral a 13 militares acusados de violación sexual durante el conflicto armado, considerado delito de lesa humanidad, en agravio de 9 mujeres de las comunidades Manta y Vilca, en Huancavelica.
Cuestiones y preguntas del Comité CEDAW al Estado Peruano
“Las mujeres que pidieron la separación del Colegiado B a cargo del juicio que duró dos años porque ya no se podía confiar qué administrarían justicia imparcial, pese a todo persisten en su búsqueda de justicia. Es por ello que ahora esperan que tener un juicio justo, célere, libre de toda sospecha de corrupción, sin estereotipos racistas y de género, que respete y garantice sus derechos humanos en el marco de su participación en juicio y cuando valore las pruebas lo haga con enfoque de género e interculturalidad”, señaló Cynthia Silva, abogada de DEMUS para el caso Manta y Vilca. “En esta oportunidad, no podrán dejar de valorar el contexto del crimen porque durante un conflicto armado interno no es relevante probar consentimiento o no, no hay forma que se haya producido un libre consentimiento, tal y como queda demostrado de los testimonios de víctimas, testigas expertas y peritas que dicho tribunal ignoró”, agregó.
Como se sabe, en setiembre último, se quebró el juicio conducido por el Colegiado B de la Sala Penal Nacional por violaciones de derechos de las víctimas producto de revictimización y limitación del derecho a la prueba, según ha reconocido la Corte Suprema, al conceder la recusación interpuesta por las y los abogados de DEMUS y del Instituto de Defensa Legal (IDL). Ese juicio, además, fue cuestionado porque la jueza Emperatriz Pérez, presidenta del Colegiado, se encontraba vinculada a audios sobre ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.
“Después de más de 30 años esperando un juicio justo, es preocupante que este juicio no sea una prioridad y las mujeres demandantes deban esperar tres meses más para un proceso. Exigimos que se explique las razones de la demora. Hacemos un llamado a la ciudadanía y organizaciones de derechos humanos para exigir un juicio ágil, justo y transparente, libre de discriminación y revictimización, con actuación judicial libre de sospecha de corrupción” señaló María Ysabel Cedano, directora de DEMUS, organización que se encarga de la defensa legal de tres de las víctimas.
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